El nombramiento de Darío Acevedo, como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creado por la Ley 1448 de 2011, y como parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Nacional, creada por la Ley 975 de 2005, despertó un torbellino de pasiones ideológicas en los voceros de la izquierda colombiana que rechazaron su nombre porque este “niega la existencia del conflicto armado” en algunos trinos y manifestaciones académicas.
Rubén Darío Acevedo Carmona es un historiador con una amplia trayectoria en la academia y la enseñanza, maestro de la Universidad Nacional de Colombia, con una abundante producción de textos en los que analiza diversidad de problemáticas del país, desde la estructura misma del Estado hasta el devenir de la educación superior; no es propiamente un representante de la derecha en el curso de su actividad profesional y personal. Fundador del sindicato de Polímeros, ha sido parte del Movimiento Firmes y miembro activo de la Escuela Nacional Sindical de Antioquia, por lo que la izquierda no le perdona su cercanía al Centro Democrático del e presidente Uribe, como lo recuerdan otros profesores de la UN en carta dirigida al nuevo director.
En efecto allí citan la salida apresurada de Medellín de Acevedo por amenazas de grupos paramilitares para reclamarle posteriormente que no comparta disciplinadamente el modelo de construcción de una memoria crítica “y plural” del país que los firmantes de la misiva desarrollan en el centro de educación superior y por lo tanto negando la existencia de un conflicto armado interno, que señalan es el eje central de la actividad del CNMH; sin embargo, reconocen que Acevedo tiene pleno derecho a tener su pensamiento y puede construir sus explicaciones sin constreñimientos, pues el ethos del historiador es la incesante búsqueda de la verdad sin dogmas, ni ideologías, pero con la “responsabilidad de probar nuestras hipótesis”.
Entonces, resultan entonces tremendamente contradictorios los argumentos de los opositores al profesor Acevedo: mientras por una parte hablan de una libertad de pensamiento para construir explicaciones sin dogmas, ni ideologías, por otra señalan que esas explicaciones únicamente deben conducir a probar las hipótesis de quienes con la excusa de construir una memoria crítica imponen una visión ideológica en la semántica de la misma. Así se desnaturaliza el ethos del historiador y lo convierten en una escribidor de una historia acomodada a la visión única de quien quiere construir esa historia para explicar los hechos de la violencia en Colombia.
¿Es imprescindible que el director del CNMH reconozca la existencia de un conflicto armado interno para desempeñar su cargo? Los argumentos de justificación a favor o en contra son tan variados como quienes los sustentan, se crean condiciones relativas de los valores para afirmarlo o negarlo. En la construcción de esa memoria histórica nadie debería intentar imponer sus razones, sus hipótesis, sino es con el afán de adecuar esa memoria a sus propios intereses. Frente a ello Acevedo ha indicado que:
(…) uno no debe utilizar los cargos de responsabilidad en el campo de la educación, la ciencia o la salud, por mencionar algunos, para realizar adoctrinamiento ideológico, religioso o proselitismo político, de manera que no se confundan espacios ni roles, ni se abuse de la posición de autoridad o jerarquía para reclutar adeptos o atizar pasiones y causas partidistas, y que en la función pública como funcionario de alto rango, con mayor razón se debe evitar mezclar o imponer las creencias personales en los procesos de trabajo y en el desempeño de las funciones. (El Espectador, Un hasta luego, febrero 11 de 2019)
Quien mejor que quien conoce la dinámica discursiva de la izquierda y tiene algún grado de cercanía con la derecha para equilibrar esa función de la búsqueda de la verdad con independencia y libre de dogmas e ideologías sin atender a otros intereses distintos a los de una construcción histórica conforme a la realidad y a la verdad de los hechos; no la verdad del gobierno, pero tampoco la verdad de quienes intervinieron directa o indirectamente, de víctimas y victimarios, en una violencia de más de 60 años, colocando los discursos de la guerra en una perspectiva analítico-pragmática para aproximarse a una explicación científica de ella.
Es indudable que la Ley 1448/11 fue expedida ante la insistencia de las Farc de reconocer la existencia de un conflicto armado interno en un intento de obtener reconocimiento como parte del conflicto a la luz del DIH; pero resulta precario el argumento de que es obligatorio hablar de conflicto armado interno porque así lo dice la ley (arts. 146-148). En alguna época, el Código Civil Colombiano no reconocía personería a la mujer al considerarla incapaz legalmente y exigir la tutela del hombre para el ejercicio de sus derechos, aún los naturales. Entonces, no siempre lo que dice la ley es una verdad absoluta e inamovible, sobre todo cuando esta tiene su fuente en un interés político de un sector determinado de la sociedad y no refleja el sentir de toda la nación.
La expresión conflicto armado interno ha sido motivo de debate jurídico a partir de la Sentencia C-253/12 y la misma hace parte de las motivaciones pero no de la decisión judicial; en la cual 4 magistrados salvaron parcialmente su voto al considerar que la Corte ha debido condicionar la exequibilidad del parágrafo del artículo 3º de la citada Ley 1448/11, bajo el entendido que no constituyen delincuencia común las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos cometidas por actores armados con estructura militar o dominio territorial, cuyas acciones guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado. A su juicio, la precisión que se hace en la parte considerativa debía formar parte de la decisión.
Ahora, no está clara tampoco en la praxis si las Farc eran realmente una estructura militar única, en tanto cerca del 50% de sus componentes no se acogieron a los acuerdos celebrados con el gobierno Santos y jamás esa guerrilla tuvo algún dominio territorial, ni siquiera en las zonas geográficas donde delinquía, ni tuvo reconocimiento internacional una zona del país bajo su control político, administrativo y militar, porque no existió.
Tampoco han sido las víctimas el centro fundamental de los acuerdos de La Habana o Pacto del Colón, sobre los que se quiere hacer gravitar ahora toda la memoria histórica de la violencia vivida por más de 60 años, al menos la del 1º de enero de 1985 hacia acá (porque sus antecedentes fueron amnistiados e indultados por Belisario Betancur aún para los que siguieron delinquiendo); así lo reconocen los opositores a Darío Acevedo al aceptar que hay víctimas que no han sido escuchadas, fundamentalmente las víctimas de las Farc agrupadas en la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) o la Corporación Rosa Blanca, pues solo se habla y actúa con relación a las víctimas del Estado o de los paramilitares.
Y es curioso que la negociación con las Farc girara en torno a las víctimas de otros actores, mientras a sus víctimas se les excluía porque le metían ruido al proceso como señalara el mismo presidente Santos y el señor Fabrizio Hochschild, representante ONU, con ocasión de la selección de víctimas que viajarían a La Habana a exponer sus reclamos. Curioso también que quienes las seleccionaban tenían afinidad ideológica con las guerrillas o con la izquierda que promovió la combinación de las formas de lucha para la toma del poder. Basta recordar que ese proceso lo manejaron al acomodo de sus personalísimos criterios algunos personajes involucrados.
No es de extrañar entonces que la oposición al nombramiento de Darío Acevedo Carmona al CNMH provenga de la Universidad Nacional y de los aparatos políticos que manejaron y condujeron el proceso con las Farc para adecuarlo a la medida de sus intereses ideológicos, excluyendo cualquier otro pensamiento en la construcción de esa memoria por ser contrario a sus hipótesis.
En ese sentido y atendiendo el Pacto del Colón impuesto por sobre la voluntad popular expresada en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, hay todo un discurso hilvanado que vincula el Centro Nacional de Memoria Histórica con lo tejido en la Comisión de la Verdad, integrada también por personajes afectos al discurso de izquierda y la Justicia Especial para la Paz (JEP), que debe juzgar las conductas individuales y colectivas, en pocos eventos, de las Farc que participaron en la escogencia de sus magistrados, es decir, escogieron a sus jueces “naturales”.
De ahí el afán de la izquierda ante el nombramiento de Darío Acevedo Carmona. El hilo tan finamente tejido para conducir a elaborar una memoria acorde a las “justas pretensiones” de las Farc y de la conveniencia política de quienes impulsaron ese proceso y que termina materializando la sentencia de alias Raúl Reyes, expresada al diario argentino El Clarín: “No queremos ser parte del Estado, somos el Estado”, puede sufrir alguna ruptura si se le mete ruido al proceso convocando a las víctimas que no han sido escuchadas.
