Son muchas las cosas que ponen a pensar, y que, sinceramente, duelen. El número de los firmantes de paz asesinados pasa ya de cuatrocientos, sin que se vea alguna acción efectiva por parte del Estado colombiano. No se trata de que tengan que asignarle a cada reincorporado un esquema individual de seguridad, lo que a veces, dolorosamente, escuchamos reconocer como imposible a algunos funcionarios estatales en tono de impotencia.
Se trata simplemente de que lo pactado en los puntos 2 y 3 del Acuerdo Final de Paz de 2016 se cumpla en su integralidad. Cuesta trabajo admitir que las explicaciones obvias que brotaban a flor de labios durante el pasado gobierno, de pronto no resultan tan evidentes ahora. Claro, si en la primera magistratura de la nación se desempeñaba un uribista devoto, resultaba sencillo atribuirle la culpa a él. Al fin y al cabo, su partido se había propuesto hacer trizas los acuerdos.
Así que la falta de voluntad política resultaba suficiente. Ahora, en cambio, la cuestión es más compleja. Porque desde su campaña, Petro se comprometió a la implementación total del Acuerdo de Paz. Si no es falta de voluntad política, ¿entonces qué pasa? Nos negamos a creer, de corazón, que sea por aquello del mal de los políticos, prometer lo que no tienen intención de cumplir. Así no puede ser Petro.
Algo pasa. Y no creo que señalarlo sea hacer antipetrismo. Hasta donde recuerdo, cualquiera que se reclame como revolucionario, tiene entre sus credos más sagrados el principio de la crítica y la autocrítica. Ser lo más riguroso posible consigo mismo en lo que hace relación a su deber, al tiempo que estar completamente abierto a las críticas de los demás, para corregir cualquier desvío que se presente en su obra.
En las FARC, cuando se recibía alguna crítica por parte de sus camaradas, había que hacerse la autocrítica, que comenzaba con el agradecimiento hacia quienes le señalaban el error, porque eso permitía superarlo. Precisamente eso me permite afirmar que el gobierno actual se está equivocando, seguramente en varias materias, como suele suceder con todo buen propósito, pero especialmente en el tema de la paz.
Lo tomó demasiado a la ligera, sin la reflexión ni la asesoría que amerita. En primer lugar, porque designó a una sola persona para el tema, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Con independencia de que el designado tuviera las cualidades o no para el cargo, lo cierto es que, una vez posesionado, optó por echarse al hombro, solo, la odisea de conversar con todas las organizaciones en armas, políticas o no.
Habían decidido, de entrada, que la arquitectura de paz del gobierno anterior no servía. Así que la desmontaron y concentraron todas las tareas en el señor Rueda, el peor de los comunicadores del actual gobierno, y no por sus gafas. Para la implementación del Acuerdo pensaron un cargo subalterno, una Unidad de Implementación, sin capacidad de decisión y, además, sin diente alguno en asuntos financieros.
Gloria Cuartas y otros funcionarios designados para los temas de paz, no sé si el comisionado Rueda también, preservan una antipatía histórica hacia las antiguas Farc y, lo que es peor, hacia el partido Comunes.
Nombraron ahí a Gloria Cuartas, persona reconocidísima y de pasado intachable en la defensa de los derechos humanos y las comunidades. Desde luego, sin mayor poder, su tarea no pasó de la señora de los discursos. Con un leve pecado, además. Ella y otros funcionarios designados para los temas de paz, no sé si el comisionado Rueda también, preservan una antipatía histórica hacia las antiguas Farc y, lo que es peor, hacia el partido Comunes.
Todo crítico acerbo de este partido se convirtió en su cercano consejero. Así se fue diluyendo la implementación práctica del Acuerdo de Paz. A lo que hay que agregar, quién lo creyera, que, en las aproximaciones a los grupos armados, el comisionado Rueda se desentendió de que hablaba con los mayores victimarios de firmantes de paz y líderes sociales, quienes incluso, al parecer por eso, acentuaron la perversión de sus crímenes.
Lo cual se tornó escandaloso con el grupo de Mordisco, al que el comisionado graduó como Estado Mayor Central de las Farc-EP, desconociendo que esta organización había dejado de existir con el Acuerdo de 2016. Bien que los magistrados de la JEP le hubieran jalado las orejas. La doctora Cuartas se va, y se dice que habrá una Alta Consejería para la Implementación. Una medida acertada, sin duda. Aunque su anuncio tiene ya varios meses sin cumplirse.
Vendría muy bien que el gobierno creara una mesa de diálogo con Comunes, el partido nacido del Acuerdo de Paz. Para escuchar realmente las graves angustias de quienes firmaron la paz y creyeron en la palabra del Estado, hasta hoy ninguneados. Son la voz de la experiencia, lo que cuenta mucho en los diálogos con los otros. Si el Estado no cumple los Acuerdos de La Habana, que son el espejo, la esperanza en la paz total se torna por completo nula.
