El exsenador Álvaro García Romero tenía un pie en la calle en la puerta de La Picota cuando una orden de la Corte Suprema de justicia se le atravesó en su camino. Su abogado, el penalista sucreño Luis Felipe Aguirre Vásquez, tenía en la mano la boleta de libertad condicional entregada por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá tras haber pagado además 13 millones de pesos.
Se trataba de un gran logró jurídico después de casi 15 años de detención de uno de los poderosos miembros del clan de los García Romero que mangoneó durante décadas la política en Sucre y Bolívar. Para el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá, García Romero ya había cumplido las tres quintas partes de la condena de 40 años que recibió en el 2010 como determinador de la Masacre de Macayepo.
En alianza con paramilitares fueron asesinados a sangre fría con garrotes, machetes y piedras a 12 campesinos, y forzaron el desplazamiento de 200 familias en el corregimiento de Carmen de Bolívar en la región de Montes de María donde García Romero actuaba como señor y dueño. La justicia lo vinculó y lo condenó.
Vea este informe de la Comisión Colombia de Juristas
Sin embargo la orden de la Corte Suprema de justicia al IMPEC proferida por el magistrado Jorge Emilio Caldas con la que revocaba la decisión del Juzgado y mantener al paramilitar en prisión llegó inesperadamente y lo devolvió a la cárcel sumándole un nuevo delito: desplazamiento forzoso de cientos de familias campesinas de los Montes de María.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó como autor del delito de concierto para delinquir agravado, autor mediato de los homicidios agravados perpetrados por grupos paramilitares en la denominada Masacre de Macayepo, y determinador de los ilícitos de peculado por apropiación y homicidio simple.
El exsenador paramilitar Álvaro Alfonso García Romero pidió pista en la JEP
Después del Acuerdo de Paz en 2016 y con la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Álvaro García Romero pidió acogerse voluntariamente a esa jurisdicción como Agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública (Aenifpu) y la condición era aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP aceptó en febrero de 2021 el sometimiento de quien fue congresista durante 24 años en forma ininterrumpida como Representante a la Cámara y Senador. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló esa decisión.
Mediante la Resolución 699 de la SDSJ, la JEP aceptó el sometimiento del exsenador García Romero, condenado por la Masacre de Macayepo, tras considerar que sería clave para ayudar a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo y en ese caso particular, que había tenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
Con esa decisión, no exenta de polémicas en su momento, la JEP buscó esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares como parte del trabajo orientado a la no repetición de hechos similares en el país.
Para la JEP y según la Resolución, el compromiso claro, concreto y programado del exsenador de Sucre, “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas".
Las verdades que Álvaro García se arrepintió de contar
El compromiso del exsenador era claro: debía contarle a ese Tribunal como lo había prometido en su plan de contribuciones parcial, “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el Bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana".
García Romero también aseguró estar en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos".
Para aceptar al excongresista en la JEP, la Sala también tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional, se trataba entonces de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.
Para la justicia colombiana, el congresista también obtuvo favorecimiento electoral de las AUC y cuando alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.
En ese plan presentado, el político costeño incluyó además un programa de reparación a las víctimas que también debía cumplir para ser escuchado en la JEP. Sin embargo, nada de eso se hizo realidad y un año después, en 2022, el Tribunal expulsó al senador de esa jurisdicción por no aportar significativamente a la verdad y su proceso regresó a la Corte Suprema de Justicia que lo mantiene en La Picota en Bogotá.
La caída del poderoso clan de los García Romero
Desde La Picota, a donde ingresó hace casi quince años, Álvaro García ha visto el derrumbe del poder político y económico de su clan familiar que inició con el tabaco continuó con la ganadería y luego consolidó con la contratación pública.
Su hermano Juan José, Juancho, casado con la ex senadora Piedad Zuccardi, manejaba con guantes blancos las relaciones políticas entre Cartagena y Bogotá hasta que, en 2013, y fue condenado e inhabilitado por la Procuraduría por corrupción fue testigo de la detención de su esposa en el penthouse del edificio Isla del Sol de Cartagena, donde hacían de grandes anfitriones de la clase política nacional.
La senadora había retomado su curul para no perder la influencia desde el Congreso de la República y fue una gran aliada del ex Presidente Juan Manuel Santos con quien fundó el Partido de la U. Estaba acusada de tener nexos con los paramilitares y pagó cárcel en una guarnición militar. Su esposo ya sabía que era estar privado de la libertad.
Juan José García Romero, quien llegó por primera vez al Senado en 1978 por el Partido Liberal durante la presidencia de Julio César Turbay. Armó su propio movimiento Nueva Fuerza Liberal y mantuvo una curul en el Senado durante 20 años que en 1998 se vio obligado a renunciar cuando la Corte Suprema lo acusó por peculado de $110 millones en auxilios parlamentarios. Y dos años después fue capturado por corrupción en Telecartagena, el canal público de la ciudad. La condena le llegó en 2007: tres años y medio de prisión por peculado que logró pagar desde su apartamento.
Su hermano Álvaro, el Gordo, había llegado al congreso también por fuera del Partido liberal, con el Movimiento Nacional Progresista y luego por Colombia Democrática en donde se convirtió en aliado de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe y también condenado por parapolítica a 90 meses de cárcel en 2011.
En 2016, Zuccardi quedó libre por vencimiento de términos, pero su vida electoral era asunto del pasado. Sin embargo, dejó pavimentado el camino para que su hijo Andrés García Zuccardi se quedara con el cupo familiar en el Senado. Igual El Gordo hizo un período antes con su hermana Teresita quien obtuvo su curul en el 2010, después de haber sido nombrada por el expresidente Ernesto Samper en un cargo diplomático en Frankfurt, Alemania.
Teresita llegó al Senado con el partido Opción Ciudadana -antiguo PIN, fundado por Juan Carlos ‘El Negro’ Martínez y Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil-. Permaneció en el Congreso hasta 2021 y no logró heredarle la curul a su hija Juliana Esalante. El único sobreviviente en el congreso era Andrés García Zuccardi, hijo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. En 2014, con apenas 29 años, mantuvo la curul familiar por el Partido de la U. Repitió con un resultado similar en el 2018, pero el Covid 19 fue el puntillazo para la familia.
La cuarentena obligó a la familia García Zuccardi a recogerse en Cartagena y terminaron el 2020 golpeados por la pandemia: Juancho, el patriarca de clan pasado se lo llevó el Covid. Y con él se fueron finalmente los años de gloria en la política local y nacional, que ya venía en declive.
Juan José mantuvo su presencia en el senado por vía Zoom desde su penthouse en el edificio Isla del Sol en Cartagena, y fue allí donde le informó a su mamá Piedad Zuccardi que no tenía planes de regresar al Senado. Los días de gloria del clan García Romero eran asunto del pasado y cuando Álvaro García creyó que llegaría a un reposo tranquilo en su casa en el barrio Venecia en Sincelejo, la justicia se le atravesó.
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