Se desmovilizaron, entregaron armas, pidieron perdón, juraron estar arrepentidos, y prometieron no volver a delinquir. Lastimosamente, no cumplieron. Esta es la verdad trágica de una gruesa suma de combatientes de las AUC que parecen cumplir una condena de eterno retorno que una vez más los lleva por la senda de la delincuencia. Así es la historia de Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón”, un exjefe paramilitar que vuelve a la cárcel después de quedar libre en 2015 y sin cuentas pendientes ante la Justicia Colombiana. Bajo el proceso que estableció la Ley de Justicia y Paz pagó 8 años de cárcel, a cambio se comprometió a contar la verdad acerca de sus acciones delictivas, también a contribuir en el proceso de reparación de sus víctimas y muy especialmente a renunciar y no reincidir en actividades criminales. Reconoció más de 300 delitos, entregó algunos bienes y armamento, también, pidió perdón, esto se le abona. Sin embargo, volvió a delinquir.
Lo particular de la situación es que es la segunda vez que “Botalón” reincide en acciones delictivas luego de una desmovilización. En 1991 dejó por primera vez las armas. Luego, unos años más tarde apareció como uno de los encargados de reagrupar un grupo de combatientes que darían forma a las Autodefensas Unidas de Puerto Boyacá, quienes en 1997 se unirían al proyecto político-militar de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. En aquel momento la principal razón que justificó ese reagrupamiento fue el asesinato sistemático de paramilitares que al mando de Ariel Otero, heredero del poder de Henry Pérez, se habían desmovilizado al inicio de la última década del siglo XX. Hecho que fue considerado como una traición que se pagó con la vida de Otero y algunos milicianos fieles a sus órdenes.
Triana Mahecha fue preparado por Yair Klein en una de las escuelas de entrenamiento paramilitar financiadas por el narcotraficante Rodríguez Gacha. Igualmente, hizo parte de quienes ejecutaron las primeras acciones de autodefensa que se configuraron en el Magdalena Medio en contra de la guerrilla. En el 2006, se volvió a desmovilizar y se integró al proceso de Justicia y Paz del cual estuvo en riesgo de ser excluido en dos ocasiones, una por negarse a aceptar su responsabilidad en una masacre y otra por ocultar bienes.
La reciente detención de Botalón estuvo precedida por la captura de su hijo a inicios del mes de marzo del año en curso y por la de otras personas cercanas que al parecer integran la estructura criminal que actualmente preside. Ahora, padre e hijo tendrán que enfrentar cargos por extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes.
Aunque aún no es clara la culpabilidad de Triana, su captura y las sospechas que se levantan en su nombre son un llamado frente al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración que se lleva a cabo con guerrilleros de las FARC. No es un asunto de harina de otro costal considerar que estos procesos y las personas que los lideran deben ser más eficientes y creativos a la hora de establecer incentivos que permitan que los combatientes mantengan una voluntad firme de reincorporarse a la vida civil.
Sin duda, este es un trabajo que demanda las acciones de todo el aparato institucional nacional. El caso de Botalón muestra las principales amenazas que se enfrentan en estos procesos. Primero, la situación de seguridad individual y colectiva que se presenta por las represalias que se pueden dar por parte de los combatientes irregulares que se mantienen alzados en armas y que juzgan como traición a quienes deciden entregarlas. Segundo, el renombrado limitado acceso a oportunidades laborales y educativas de calidad que permitan un ascenso social y mejoramiento de las condiciones de vida. Tercero, una cultura de ilegalidad que ofrece muy buenos dividendos para quienes manejan armas, saben intimidar y ejecutan sin temor alguno todo ejercicio de violencia. Cuarto, menos reconocido, falta de apoyo y asistencia constante para la contribución al bienestar psicológico y establecimiento de un nuevo proyecto de vida, así como ayuda para la superación de traumas psicosociales, para quienes así lo requieran.
Para aprender de las experiencias es necesario mirar hacia el exterior, tal cual como al parecer lo ha hecho el gobierno en sus consultas y acercamientos a los conflictos y procesos llevados a cabo de países como el Congo, Salvador, Irlanda del Norte y España. Pero es mucho más importante aprender de los errores que ha dejado el pasado de los procesos que con el fracaso que ha dejado una mancha de sangre y dolor en la historia nacional. En esta medida es importante que se trascienda la cifra que está aferrada al informe de gestión que se entrega cada año en una rendición de cuentas y que presenta sólo el número de combatientes desmovilizados y el de armas entregadas. Se necesita avanzar cualitativamente en la medición de la eficiencia de estos procesos.
Al final, para que el que es deje de ser se necesita una voluntad política capaz de establecer todo un contexto de incentivos sociales y psicológicos que instalen en el seno del proceso de reinserción de cada combatiente una estructura moral, legal y colectiva que impida, una vez ejecutado el proceso de reincorporación, que ellos consideren el crimen como una opción de vida viable.
