Era un domingo temprano en la mañana cuando Yuliana Samboní, una pequeña de apenas 7 años de edad, jugaba con sus amigos frente a la puerta de su casa, una humilde vivienda ubicada en el barrio Bosque Calderón, al noreste de Bogotá en la localidad de Chapinero.
Al mismo tiempo, muy cerca de ahí, en una exclusiva zona de la ciudad se encontraba su asesino, el monstruo de chapinero como lo han rotulado algunos medios de comunicación, quien planeaba de manera premeditada el atroz crimen.
Mientras, el matrimonio conformado por Nelly Muñoz y Juvencio Samboní, junto con sus dos hijas, vivían en un asentamiento irregular construido con austeridad y con “los materiales más económicos del mercado”; el apartamento de su asesino, torturador y violador, estaba lleno de lujos, contaba con vigilancia privada, circuito cerrado de televisión, terraza y jacuzzi.
A la vez que la familia Samboní huía del conflicto y la miseria de Colombia, provenientes del departamento del Cauca hacía unos cuantos meses, y se encontraban en condición desplazados en la gran ciudad en busca de "mejores oportunidades"; la familia Uribe Noguera estaba arraigada y era proveniente de lo más rancio de la sociedad bogotana. Su madre era reina de belleza; su padre, un exdecano de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana; su hermano, un abogado del prestigioso bufete Urrutia Brigard; su hermana, una niña consentida y él, un arquitecto de la “Ponti”.
Juvencio Samboní, un hombre humilde de extracción indígena, de la mano de su esposa criaba a sus hijas dentro de esa cosmovisión ancestral propia de nuestras culturas andinas, llena de valores, de amor a la tierra, al trabajo a la gente; en cambio, Rafael Uribe Rivera era un hombre arrogante y seguramente alimentó a su hijo con los desvalores de creer que por tener esa prosapia y dinero podía pasar por encima de todo el mundo. Así lo dio a conocer Alexa Cuesta, una arquitecta y artista plástica, quien fuera su alumna en la Universidad Javeriana en una entrevista al diario El Universal, en la que manifestó:
Solo puedo decir que ese desprecio del hijo por los demás es de familia, el papá es un ser totalmente perverso. No sé cómo pudo durar tanto tiempo como decano de arquitectura de la universidad javeriana (1992 – 1999) […] sus comentarios eran siempre clasistas, denigrantes y despreciativos de la dignidad de la gente, para él todo era dinero, lo demás no importaba. Reconocer que el decano de la facultad donde estudiaba con tanta entrega y dedicación era de esa calaña es algo que me avergonzaba […] Él entró como decano arrasando con todo, con una prepotencia e ínfulas de mandamás[…] Ser déspota hacía parte de su personalidad […] Él nos decía: “nada de eso sirve, calculen cuántos metros cuadrados serán los construidos y a cómo les cobrarán el metro cuadrado a la entidad que les contratará … Porque la gente que vivirá allí todo se lo subsidiarán”. Decía que la gente de estrato 3 para abajo no necesita diseño. Ufff eso me mató. Para él los pobres son como animales, sin ningún derecho. Y no nos dejaba diseñar con curvas o diagonales, decía que eso salía costoso. Todo tenía que ser por cajitas, y los materiales más económicos del mercado […] Su forma de vestir era muy llamativa: los mejores trajes de paño y corbatas de seda, no sé cuántos mercedes deportivos tenía pero llegaba en varios. Yo estaba totalmente traumatizada e indignada con su filosofía nazi de la vida, así que con tal de no darle la mano en la ceremonia de graduación, pedí que me entregaran mi diploma por ventanilla, y allí fue Troya! Me llamó a su oficina cuando fui a buscar mi diploma, para insultarme porque no quise asistir a la ceremonia, como si estuviera dolido.
Cuando le preguntan qué piensa de lo que ha pasado con su hijo, Rafael Uribe Noguera, acusado de un crimen tan terrible, responde:
Pienso que hay un hilo conductor en todo esto. El hijo acechó, secuestró, violó, torturó y estranguló a una niña pobre e indígena. Ahora alcanzo a entender algunas cosas, el exdecano tuvo que enseñar a sus hijos a despreciar a los pobres, a que el dinero lo puede comprar todo, a saltarse las normas con tal de conseguir todo (supe que el hijo plagió su tesis de pregrado y como él era el decano aún, hizo que se disipara la investigación interna, y terminó graduándose de arquitecto).
Ahora bien, en un país como el nuestro Yuliana tenía todas las condiciones para ser discriminada y abusada, en ella se encarnaban todas las condiciones que esta sociedad reclama para los vulnerables: una mujer infante, de extracción humilde, desplazada por el conflicto armado y como si esto fuera poco, pertenecía a una de la minorías étnicas más estigmatizadas en Colombia, nada más ni nada menos que la originaria de América, la raza indígena.
Rafael Uribe Noguera, en cambio tenía el privilegio de ser un “hombre, blanco, educado y miembro de una de las familias más poderosas de Colombia, un país en donde todos esos privilegios otorgan casi la omnipotencia de Dios”.
En este contexto fue que aquel fatídico día, a eso de las nueve de la mañana, Rafael Uribe llegó hasta la casa de Yuliana y mientras que la niña jugaba, la subió aparatosamente a su vehículo. No era la primera vez que la acechaba, dos días antes, el monstruo le había ofrecido plata para subirla a su carro, su plan había sido concebido desde hace ya varias semanas.
Ese día, Rafael Uribe Noguera lo pudo concretar, de la manera más aleve, ruin y cobarde en que se puede abusar de una inocente criatura, con el lamentable y reprochable desenlace de muerte y de dolor que ya todos conocemos y condenamos.
El drama de su familia no pudo ser peor, la madre de Yuliana se encontraba en embarazo, razón por la cual tuvo que ser internada tras ser informada de la suerte de su hijita. A los Samboní no les quedó otra alternativa más que regresar a su tierra de origen, el Tambo, municipio de Bolívar, lugar de donde nunca debieron haber salido.
En el Tambo, Juvencio se gana alrededor de 12 mil pesos al día, con ello debe sostener a su esposa, su otra hija de cuatro años y a Julián, el niño que nació después del asesinato de Yuliana con una afección cardíaca producto del estrés de su madre. Con ese jornal, la vida de los Samboní se torna difícil, mientras su esposa se consume en la depresión.
A la par de estos tristes acontecimientos, sucedían otros no menos preocupantes. El 9 de diciembre de 2016, el vigilante del edificio Equs 66, Fernando Merchán, aparecía muerto en su residencia al sur de Bogotá, siendo un testigo clave del caso; como sea, consideramos que es algo muy conveniente para la investigación.
A su vez la Notaría 21 de Bogotá advertía a la Fiscalía que el hermano del monstruo, el abogado Francisco Uribe Noguera, intentaba vender el apartamento el edificio de Equss 64, lugar donde vivía el asesino.
En marzo de presente año, un juez penal condenó a Rafael Uribe Noguera a 51 años de cárcel y a pagar una miserable multa de $74.000.000 de pesos, situación que fue apelada por la Fiscalía, logrando en segunda instancia que el Tribunal Superior agravara la pena de 51 a 58 años de prisión y le ordenara pagar una multa de 1.223 s.m.m. Acá hay que tener en cuenta que el delito se agrava por tres motivos: se trata de una menor de edad, hubo privación de la libertad de la víctima y violencia sexual, ejercida previo al desenlace fatal.
Sin embargo, algo que causa gran indignación es que Uribe Noguera dijo que no tenía plata para indemnizarlos y de acuerdo a un seguimiento realizado por la Fiscalía a sus bienes, este se encuentra totalmente insolventado; dicho en otras palabras no va a pagar la indemnización de la familia de Yuliana Samboní.
Algunos abogados del Centro de Pensamiento Libre consideramos que existen varias acciones para que los bienes vuelvan al asesino, dentro de las que se encuentran no solo las medidas de restauración del derecho que puede solicitar la Fiscalía, sino la acción pauliana, "un mecanismo de defensa de los acreedores, dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio”.
Paralelamente, el 30 de diciembre de 2016, la Fiscalía imputó cargos por el delito de favorecimiento contra Catalina y Francisco Uribe Noguera, quienes deliberadamente omitieron dar información a las autoridades el día de los hechos, que hubiese evitado el sufrimiento y la muerte de Yuliana.
Llama la atención que la fiscal encargado del caso, Adriana Alarcón, no haya pedido ni medida de aseguramiento, ni prohibición de salida del país para los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera; no obstante, el juez en la audiencia imputación de cargos, les impuso como medida de aseguramiento la prohibición para salir del país.
La Fiscalía General acusó a los hermanos Uribe Noguera por los delitos de favorecimiento en secuestro, ocultamiento y receptación.
En marzo de 2017, la Fiscalía anunció la imputación de nuevos cargos contra los hermanos Uribe Noguera por destrucción supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. En la audiencia estos no aceptaron los cargos, pero la Fiscalía informó que borraron información de WhatsApp que podría indicar interacciones que nunca se conocerán entre ellos y su hermano el día del crimen; como si esto fuera poco, en junio de 2017 los hermanos Uribe Noguera solicitaron una nulidad, argumentando que se les había vulnerado el derecho a la no autoincriminación de parientes, situación que fue negada por el juez del conocimiento.
Como una argucia adicional en agosto de 2017, los hermanos Uribe Noguera solicitaron el aplazamiento del inicio de la etapa preparatoria del juicio con el argumento de que se necesitaba más tiempo para examinar las evidencias en su contra situación, petición que fue aceptada por el juez.
El proceso penal se adelanta ante el Juzgado 46 con funciones de conocimiento de Bogotá. La nueva audiencia fue fijada para los días 26 y 27 de octubre, pero Francisco y Catalina no llegaron. La audiencia se reprogramó para el próximo 14 de diciembre, donde el juez avalará o no las pruebas presentadas por la defensa de los hermanos Uribe Noguera.
Es importante que toda la sociedad vuelque sus ojos hacia este caso, pues se demanda un comportamiento más responsable de las personas que han tenido la oportunidad y los medios de acceder a los sistemas formales de educación y más aún quienes tienen un entorno económico que les impone una mayor responsabilidad social.
A pesar de que exigimos una pena ejemplar para los hermanos Uribe Noguera, somos conscientes de que no basta con castigar, tenemos que cambiar nuestro sistema educativo, donde a veces se aceptan como normales los actos de corrupción que tienen sumida a nuestra sociedad en un abismo donde casos como este suceden todos los días.