En Colombia, como en China, Alemania o el resto del mundo, el 99% del tejido empresarial lo conforman empresas micros, pequeñas y medianas, generadoras del 80% del empleo digno y formal del país y que aportan 30-45 del PIB.
El coeficiente de Gini empresarial en Colombia, según Luis Jorge Garay, es de 0,9752. Esto significa que el patrimonio empresarial del país está concentrado en muy pocas manos. De ese patrimonio, el 70% son activos e inversiones financieras y el 25% son activos productivos e intangibles. Es decir, nos convertimos en un país de agiotistas prestamistas y especuladores o comerciantes de importaciones de baja calidad, con el único ecosistema capaz de producir y distribuir riqueza, la industria manufacturera, en proceso de extinción.
Así mismo, el estudio de Luis Jorge Garay señala que el decil más alto, 10%, recibe el 94% de los ingresos, el segundo recibe el 3,34% de los ingresos y el resto el 2,62% de las ventas (1). Se puede concluir nuevamente que menos del 10% de las empresas son dueñas de más del 90% de las ventas o ingresos del país. Situación aún más crítica si se revisa la distribución desde el punto de vista de las utilidades y de los beneficios de las exenciones tributarias y del ingreso poblacional.
En conclusión, en Colombia cerca del 1% de las empresas son dueñas de más del 90% de los beneficios económicos y financieros del país y se financian pagando a más de 90 días al 99% de las mipymes que son sus proveedores.
La presencia del COVID-19 ha desnudado aún más esta gran desigualdad social natural y empresarial, sin embargo sigue reinando en todas las medidas que hasta hoy el gobierno ha tomado para beneficiar de manera prioritaria y mayoritaria a ese mismo grupo selecto empresarial.
Infaliblemente este desequilibrio en las decisiones y la lentitud de las mismas conducirán inevitablemente a la quiebra del ecosistema de las mipymes en el país y a la agudización del costo social de la crisis, vía desempleo, única fuente de financiación real del gasto con el que cuentan las mipymes en el inmediato plazo.
La pandemia ha desaparecido de un solo tajo el mercado, y por ende todas sus teorías económicas asociadas incluida la de la mano invisible, eliminó en un abrir y cerrar de ojos la relación entre la oferta y la demanda como sustento de la economía de economía de mercado y destruirá, de no tomar acciones inmediatas por parte del gobierno, al tejido empresarial y a la sociedad de sus empleados, cerca de 8.500.000, que pueden representar cerca del 60% de la población colombiana al incluir las personas que dependen de ese empleo.
Se hace necesario, entonces, inyectar liquidez de forma eficaz y eficiente en la nueva economía sin mercado y no es precisamente vía el sistema bancario actual, que solo presta a quien tenga cupo de endeudamiento, capacidad de pago y bajo perfil de riesgo. Escenario que no es precisamente el de la economía sin la mano invisible del mercado, una economía de guerra.
Para proceder a plantear algunas soluciones más concretas, debemos presentar previamente las siguientes premisas y consideraciones que se deben tener en cuenta en los análisis:
- Estado somos todos: gobierno, empresarios y trabajadores.
- En una crisis donde el problema afecta a todos por igual, no se pueden sectorizar las soluciones. La solución debe ser de todos y todos debemos comprometernos y beneficiarnos con ellas. Ponerse siempre en los zapatos del otro.
- Las soluciones deben ser de suma cero, fundamentadas en la equidad y la solidaridad. No se puede generar con ellas ganadores y perdedores, es un problema de todos los sectores. Ponerse siempre en los zapatos del otro.
- Las medidas económicas deben ser orientadas para prevenir y contener la destrucción del COVID-19 y del tejido empresarial, en una primera fase. En una etapa siguiente, corto plazo, se deben pensar en medidas para reactivar su operación y crecimiento.
- Las necesidades de las mipymes se centran en amortiguar en el corto plazo y de manera drástica sus gastos en lo laboral (salarios, seguridad social y parafiscales), en los créditos financieros, en lo tributario (impuestos locales y nacionales), en lo contractual (ej. arriendos, prestación de servicios...) y los gastos por servicios públicos.
- El gobierno debe considerar fuentes para incrementar sus ingresos vía préstamos del Banco de la República, préstamos de la banca multilateral, reservas internacionales, presupuesto nacional, emisión, congelar el pago de la deuda, impuestos, bonos, etc.
Así las cosas, el gobierno debe buscar medidas realmente eficaces y efectivas que inyecten liquidez a la economía del orden del 30% del PIB y que lleguen de manera rápida y flexible a todos los sectores. Reitero, que no es ágil ni efectivo hacerlo vía la banca formal, que solo presta a quienes tengan cupo disponible de endeudamiento, no tengan mora y tengan ingresos futuros consolidados. Más del 90% de las mipymes no pueden acceder a esas condiciones. No repitamos la historia del río Bogotá y muchos otros ríos del país, que lo vamos a intervenir después de haber promovido y patrocinado su muerte, y ahí vamos.
La crisis social vía el desempleo, si no se toman medidas efectivas y eficaces para la mipymes, será dramática para el país en general y será muy difícil de recuperar después de dejar morir el tejido empresarial de las mipymes. Las decisiones sociales que se tomaron con ese criterio y filosofía dieron origen a una guerrilla que duró casi 100 años haciendo un inmenso daño al país.
Por lo tanto considero que en el inmediato y corto plazo se hace necesario para contener y revivir el ecosistema empresarial:
- Subsidiar la nómina (salarios, parafiscales y seguridad social) en un 70-80% de aquellas empresas que demuestren haber disminuido en más de un 50% sus ingresos.
- Facilitar préstamos directos vía Bancoldex, Findeter, Banco Agrario, Finagro, Fogafin, etc. para gastos de nómina y capital de trabajo con tasa 0%, seis meses de gracia y 48 meses de plazo incluso modificando estatutos de las organizaciones si es necesario y con garantía del 90% del Estado.
- Decretar el congelamiento por seis meses de todos los créditos financieros, ampliando sus plazos en ese periodo sin afectar tasa ni moratoria y liberando cupo de crédito.
- Congelar los contratos de arriendo hasta por el 50% durante seis meses, involucrando los saldos sin intereses diferidos en los siguientes meses del contrato.
- Establecer un control de precios de la canasta familiar y materias primas esenciales.
- Trasladar el pago de impuestos locales y nacionales al último trimestre del año.
- Reactivar sectores mediante la implementación de en un pico y placa de producción para agentes dinamizadores del empleo y la economía con horarios de trabajo no superpuestos en ingreso y salida o con jornadas parciales de producción.
- Flexibilizar las normas laborales para implementar sueldos menores, licencias no remuneradas, licencias remuneradas parcialmente, etc.
- Suspender la aplicación de los TLC y cerrar las importaciones por tres años de productos que se puedan fabricar en Colombia.
- Expedir la ley de pronto pago para que las facturas se cancelen a todas las mipymes en máximo quince días.
- Establecer tarifas diferenciales de renta para las mipymes.
- Eliminar exenciones tributarias a los grandes contribuyentes, incluidos la suspensión temporal durante la crisis de los contratos de estabilidad fiscal.
- Establecer como política de Estado durante cuatro años la contratación de todos los bienes y servicios que demande el Estado y sus contratistas con empresas locales.
- Disminuir el IVA al 14% y eliminar el 4x1000.
- Devolución expedita de saldos a favor de los contribuyentes en la Dian.
- Eliminar por tres años el pago de la matrícula mercantil.
