Me permití conocer los argumentos de apoyo al señor Jorge Armando Otálora, expuestos por Salomón Duarte Rengifo en su nota ¡Yo apoyo a Otálora! Respeto mucho su postura, pero me permito manifestar que, en este puntual caso, simplemente estoy en el otro extremo del espectro de la opinión. Existen para ello varias razones, pero aquí simplemente me permito dar respuesta a los principales argumentos de la columna mencionada, así:
De todo lo expuesto a la opinión pública por las partes, lo que hasta el momento permite identificar la presencia de la conducta de acoso en el caso de la doctora Cristancho es el pantallazo de los mensajes de Whatsapp replicados en la columna de Daniel Coronell publicada el 23 de enero en la revista Semana, donde ella claramente le pide que no le haga más comentarios personales y mantengan una relación meramente profesional. Si tuvieron o no una relación consensuada previamente, en ese preciso momento deja de ser relevante. Cuando una mujer o un hombre dicen no es no. Tristemente algunos compatriotas, en pleno siglo XXI, siguen afirmando lo contrario.
Adicionalmente, en el momento en que surgen todas estas acusaciones, no solo la de acoso sexual sino la de todas las demás modalidades del acoso laboral referidas en contra del señor Otálora desde noviembre de 2015, él debió asumir una postura más responsable con la institución que representa y solicitar se adelantaran las investigaciones, no perpetuar el negativo ideario de normalizar el mal trato dentro del ámbito laboral. Afirmo esto después de leer a Daniel Coronell el año anterior, donde refiere una conversación sobre el tema con el señor Otálora, quien aceptó que, actuando como defensor del pueblo en Colombia, se dirigía a sus subalternos con términos como “guevón” y alzando la voz. Como bien lo dice el señor Duarte Rengifo, le faltó manejo, pero no creo que político sino de su inteligencia emocional, y evidenció su ineptitud para manejar el problema.
Es importante reflexionar sobre el hecho de que las acusaciones en contra de Otalora manifiestan que, posiblemente, sus conductas riñen contra los derechos humanos fundamentales al trabajo en condiciones justas y dignas, a la honra de los trabajadores, a la igualdad, entre otros. Con lo cual, con la sola enunciación de uno de estos, ya queda en entre dicha su labor como defensor de, precisamente, derechos humanos.
No creo que se le haya vulnerado su derecho al buen nombre. Su conducta como servidor público, en el ámbito de defensor del pueblo, como jefe, está permanentemente expuesta al escrutinio público, es el faro moral de Colombia (y por ahí vamos viendo como estamos en nuestro país) y él aceptó haberse expresado con palaras de alto calibre, dirigirse hacia sus subalternos y tratarlos de “bruto”, “imbécil” o “pendejo” y alzar la voz, como le aceptó a Daniel Coronel en su columna ¿Y ahora quién podrá defendernos? del 14 de noviembre del año pasado en la revista Semana.
Tampoco creo que se le haya vulnerado el derecho a la igualdad. Aquí el articulista apela al uso de una falacia al decir que como ha existido omisión o evasión frente a los casos de otros tantos funcionarios públicos con acusaciones graves, el debió recibir ese mismo trato. Creo que se equivocó de buena fe el escritor del artículo, porque lo que seguramente quiso decir fue que, así como la opinión pública exigió cuentas a Otalora y el Ministerio Público adelanta ahora si la investigación que debió iniciar en noviembre de 2015, debe darse este tratamiento a todo servidor público acusado de conductas similares o que afectan al Estado, como en los ejemplos que enunció. Es decir, que se aplique la ley y se adelanten correctamente los procesos para acercarnos lo más posible a la verdad material.
Finalmente, me parece interesante que todavía haya personas que piensen que se trata de un montaje, porque un montaje corresponde a elaborar un ambiente que dé la impresión de realidad, de parecer verdadero, pero en este caso los chats indicados por la doctora Cristancho fueron aceptados como reales por el mismo señor Otalora. El caso de Yidis Medina es bastante diferente, y aquí el articulista vuelve a reincidir en el uso de falacias, donde la señora Medina siempre negó su participación en el secuestro que se le imputaba. Cabe también aclarar aquí que nadie ha condenado al señor Otalora de nada, salvo de lo que él mismo ha acepto haber realizado y, de todas maneras los procesos judiciales que de aquí deriven no son la discusión en este momento para manifestar que se le ha vulnerado el debido proceso. La suspensión provisional que ordenó la Procuraduría está incluida dentro del proceso disciplinario de servidores públicos y no implica vulneración al debido proceso. Quizá a lo que quiere referirse quien escribió esta columna es a la sanción moral y social pero, como ya lo mencioné, es lo que asume quién ostenta una dignidad tan alta y un papel tan trascendental como el cargo de Defensor del Pueblo en un país como el nuestro.
No se puede seguir pretendiendo tomar como normales, conductas que aunque comunes van en contra de los derechos humanos, particularmente de la Dignidad Humana, como condición básica de toda vida.
