El proyecto de acuerdo, “por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”, impulsado por la actual alcaldía de Enrique Peñalosa atenta contra la estructura ecológica principal de la ciudad debido a que proyecta una Bogotá expandida para los próximos 12 años sobre suelos que hoy son de conservación y protección ambiental. Según la administración, se necesitan 770.000 nuevas viviendas para suplir la demanda habitacional de una ciudad de más de 8 millones de habitantes, cuando en realidad el último censo del Dane identifica la cifra en casi 7.2 millones de habitantes. A la problemática se suman temas álgidos y conflictivos como el manejo de la Reserva Thomas Van der Hammen, los cerros orientales, la construcción de la ALO, el manejo del río Bogotá y del relleno sanitario de Doña Juana, la redensificación del centro, entre otros.
Ahora bien, la Fundación Foro Nacional por Colombia, capítulo región central, como organización de la sociedad civil, defensora de una ciudad planificada con participación ciudadana, manifiesta su desacuerdo con el proyecto de POT de la actual administración dado que considera que la revisión general del presente POT constituye un retorno al modelo expansionista de la primera administración de Peñalosa y genera impactos bastante nocivos para la protección ambiental de Bogotá y la calidad de vida de sus habitantes.
La propuesta de POT, promovida por la actual administración, se asemeja más a un modelo de negocio que a un modelo de ciudad; contradice principios fundamentales como los de no regresividad en materia ambiental, fortalecimiento de los servicios ecosistémicos, conservación de la biodiversidad y protección de los recursos naturales, a través de proyectos territoriales estratégicos de crecimiento sobre zonas de humedales y reservas ecológicas, áreas hoy más que nunca imprescindibles para el desarrollo sostenible y para enfrentar los efectos del cambio climático.
Varias son las preocupaciones que se tienen alrededor de propuestas incluidas en el POT, especialmente, aquellas relacionadas con la modificación y urbanización de la Reserva Thomas Van der Hammen, en la que se construiría la Ciudad Norte (a su vez compuesta por cuatro ciudades: Lagos de Torca, Ciudad la Conejera, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encerillos) y con ello, la pérdida de una reserva forestal (en actual proceso de restauración ecológica) con gran potencial productivo en sus suelos, dando paso a una compleja red de alamedas verdes cercadas por ciudadelas y rutas de TransMilenio.
Así mismo, la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) sobre humedales y cuerpos de agua, generando graves conflictos ambientales como son la desaparición de áreas de inundación, pérdida de flora y fauna endémica, fragmentación de hábitats, aumento de emisiones de CO2, entre otros. En cuanto al manejo de los cerros orientales, el proyecto plantea la habilitación de parques urbanos metropolitanos y parques ecológicos distritales de montaña, modificando el uso del suelo de rural a urbano en casi un 60% (527 Has. de las 974 Has.) para uso de espacio público y, con ello, cambios abruptos en el precio del suelo.
A estos temas se suman otros de gran importancia, tales como el manejo del río Bogotá en torno a la urbanización de Ciudad Río; el establecimiento de polígonos mineros sobre zonas que bien podrían ser de protección y conservación ambiental; la consolidación del Relleno Sanitario Doña Juana como lugar de disposición de residuos sólidos de la ciudad, sin fecha de clausura, pese a los múltiples llamados de alerta e informes que evidencian el cese de su vida útil y los graves impactos sobre las poblaciones aledañas; y la eliminación de zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas hídricas (que pasarían de 270 metros a tan solo 30 metros) para dar paso a proyectos de urbanización.
Estos conflictos, sumados a las propuestas del distrito en materia de renovación y redensificación urbana de la pieza centro (que abarca las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Mártires) desde un enfoque de cualificación económica y residencial; o la construcción del metro en función de más troncales de TransMilenio; constituyen temas cruciales para que la ciudadanía se pronuncie sobre el desarrollo urbano, ambiental y social que mejor le conviene a la ciudad.
El proyecto se encuentra en la última fase de discusión antes de su presentación ante el Concejo Distrital. La propuesta de revisión general ha pasado a manos del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), máxima instancia de planeación distrital y órgano consultivo para la emisión de conceptos sobre los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial. Si bien el concepto que dicha instancia debe emitir, a finales de julio, no es vinculante, sí constituye un insumo participativo clave para la inclusión de iniciativas y propuestas ciudadanas.
El CTPD actualmente está realizando una serie de audiencias públicas en las que se abordan los proyectos y estrategias del POT para las diferentes zonas de la ciudad. Por ello, hacemos un llamado para que todas y todos los habitantes de la ciudad se informen y se sumen a este importante ejercicio ciudadano, tomen la palabra y generen propuestas viables sobre cuál es el futuro que le conviene a la ciudad y a sus habitantes. Adicionalmente, es necesario que la administración distrital tenga en cuenta las voces ciudadanas que se pronuncian mediante un concepto participativo, deliberativo y propositivo en relación con los diferentes conflictos derivados de la futura implementación del POT. La ciudad es de todos y de todas, y tenemos una gran responsabilidad de planear de manera responsable y atendiendo los requerimientos ambientales, sociales y culturales de los habitantes y de las generaciones futuras. Las voces ciudadanas deberán ser escuchadas y valoradas en la definición y puesta en marcha del POT.
