Según el exedil de la Comuna 13 San Javier de Medellín, Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, además de recibir sanciones como sesenta días de arresto, una multa de veinte salarios mínimos, los cuales debe pagar de su bolsillo, también podría perder su investidura.
Esta no es la primera disputa legal que el señor Sánchez Jiménez, quien aún no se gradúa de abogado, le gana a la administración municipal. En 2014 demandó el Acuerdo 43 del 2007 y el Decreto 1205 de 2013, ambas normas relacionadas con la Política Pública de Planeación Local y Presupuesto Participativo, acción legal que repitió a nivel del departamento de Antioquia contra la Ordenanza 052 del 2015.
En este caso (Escombrera Comuna 13 San Javier), el estudiante de Derecho instauró en el año 2007 ante el Juzgado Treinta Administrativo una acción popular mediante la cual reclamaba "la vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano y el uso del espacio público”. A esta acción popular fueron vinculados como demandados: el área metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Agregados San Javier, Unión Temporal Pro Parque del Sol y empresas varias de Medellín. En el año 2010 sale el fallo de primera instancia donde condenan a estas entidades por la violación de estos derechos fundamentales, en el fallo el juez le ordenó al municipio de Medellín reubicar en otro lugar la escombrera.
En segunda instancia, el fallo fue confirmado y adicionalmente le ordenó al municipio construir una vía paralela a la quebrada “La Leonarda”, ubicada entre la Carrera 108 y la vía a “La Loma”. Por su parte, la administración municipal recurrió al Consejo de Estado, el cual ratificó los fallos de primera y segunda instancia. Sin embargo, ante el incumplimiento por parte de la administración municipal, en cabeza del alcalde Gutiérrez Zuluaga, de la orden del juez, en el 2014 el exedil Sánchez le solicitó al Juez Treinta Administrativo que iniciara un proceso de incidente de desacato contra el municipio de Medellín.
El pasado 27 de julio, el juzgado determinó: condenar a la Alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, con una multa de veinte salarios mínimos legales y a cumplir con el fallo. De lo contrario, la desobediencia le acarrearía al burgomaestre sanciones como arresto de seis meses, pérdida de la investidura como alcalde. Además, según el señor Ramiro Albeiro Sánchez Jiménez, el alcalde también podría ser demandado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por prevaricato, el cual está tipificado en los Artículos 413 y 414 del Código Penal.
El desenlace final de este proceso en contra del alcalde de Medellín solo está pendiente de la revisión del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual se debe pronunciar en los tres días hábiles siguientes a la recepción del fallo. De ser ratificado se iniciaría la aplicación de la sanción y el alcalde deberá cumplir con la orden del juez o someterse a las repercusiones legales que ello acarrea.
