La policía de Nicaragua allanó la vivienda de la opositora Cristina Chamorro luego de que la justicia dispusiera su captura tras una acusación de lavados de activos presentada por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
"Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5H15 [23H15 GMT] los policías antimotines la dejan bajo 'arresto domiciliar', bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía", escribió en Twitter Carlos Fernando Chamorro.
Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, precandidata presidencial, a las 5:15 P.M los policías antimotines la dejan bajo "arresto domiciliar", bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía.
— Carlos F Chamorro (@cefeche) June 2, 2021
La acción ha suscitado la reacción de la comunidad internacional y que despierta preocupación sobre el desarrollo de elecciones democráticas.
“Lo que está ocurriendo con la precandidata a la presidencia Cristina Chamorro es parte de la estrategia del Gobierno de Ortega y la vicepresidenta Murillo para intentar aplastar la oposición y limitar las vías electorales posibles”, dijo a RFI Tizano Breda Analista Internacional para Centro América de Crisis Group. “Parte de este esfuerzo es el acoso a precandidatos, pero también medidas legales como la cancelación de la personería jurídica a uno de los partidos de oposición, el Partido de Restauración Democrática”.
Un tribunal de Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra, tras la acusación por delitos de "gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense".
Los agentes entraron con violencia a la residencia, donde Chamorro se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía, dijo a la AFP Arelia Barba, asistente de Cristiana.
Chamorro, de 67 años, manifestó públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. Recientes sondeos la colocan como la aspirante de mayor apoyo popular después de Ortega. Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, derrotó en 1990 a Ortega en las urnas cuando este buscaba su reelección después de su primer gobierno (1985-1990).
El actual gobernante, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.
“Perder el poder significa una amenaza contra la vida de la pareja presidencial”, dice Breda. “Significaría, en primer lugar, posiblemente una persecución legal por temas de corrupción, hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad sobre la manera en que se reprimió a la protesta en 2018. Y además porque todo el aparataje estatal y partidario correría el riesgo de ser desmantelado, de ser perseguidos por un gobierno de oposición si pudiese ganar. Estas medidas se dan en el marco del temor”.
La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el miércoles la "inhabilitación política" de Chamorro, algo que calificó como "un atentado a la democracia" y advirtió que Nicaragua se encamina a las "peores elecciones posibles".
"Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral", agregó en su comunicado.
El eurodiputado español José Ramón Bauza calificó de atentado "gravísimo a la democracia" lo actuado contra Chamorro e insto a Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a que el bloque aplique sanciones inmediatas contra el gobierno de Ortega.
"Prohibir arbitrariamente a la lideresa de la oposición Cristiana Chamorro refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real", dijo por su parte en Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
Cacería
El bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de "desatar una cacería" contra los precandidatos porque "teme ir a un proceso libre, transparente y observado".
Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de la carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD-evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.
"Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder", dijo el martes el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga.
El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Los opositores dan por descontada la candidatura de Ortega.
El gobernante de 75 años enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno y que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos le han valido sanciones de Estados Unidos. Para Ortega, se trató de un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington.
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