Desde la semana pasada, Nicaragua vive uno de los períodos más trágicos y tenebrosos de su historia reciente después del régimen del terror impuesto por Anastasio Somoza, quien instauró un régimen dictatorial absolutista de 1967 a 1979. Una tiranía que originó la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación y, quién lo iba a pensar que décadas después, el presidente Daniel Ortega se convirtiera en otro sátrapa de las mismas características del autócrata de Somoza, que combatió en la lucha armada del FSLN.
La realidad actualmente es que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, controlan todos los hilos de poder en Nicaragua. Un poder edificado sobre una base una personalización caudillista de un despiadado autoritarismo; un fundamentalismo religioso y populista, cohesionado con una voracidad económica y una poderosa red de asistencialismo.
Esta pareja ha estructurado un régimen absolutista que domina todas las ramas de los poderes nicaragüenses: el sistema electoral y las Fuerzas Armadas y de Policía. Su fin ha sido eternizase en el poder y por eso ha dado un golpe de Estado al ordenamiento Constitucional con la anulación de las credenciales de 28 legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional, quienes lideraban la Coalición Nacional por la Democracia (CND), la principal alianza de oposición al gobierno. Ortega, con un zarpazo, lo que busca es constituir un régimen de partido único.
Daniel Ortega, quien gobernó por primera vez de 1985 a 1990, perdió las elecciones con una coalición de 14 partidos agrupados en la Unión Nacional Opositora (UNO). Lo anterior llevó a la presidencia a Violeta Chamorro. Ortega regresó al poder en las elecciones del 2006 , reformó la Constitución, se hizo reelegir en 201 y de allí en adelante inició una serie de medidas que le permitieron ir aculando poderes. Una de las decisiones más polémicas fue cuando decretó prorrogar los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y otros funcionarios de los organismos de control. Una movida que le permitió el dominio absoluto en aquellos organismos.
La nefasta acumulación de poder tuvo su origen en un acuerdo político que suscribió Ortega con el Partido Liberal Constitucional (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán, el cual permitió reformar las estructuras de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la Nación.
Este acuerdo permitió un reparto paritariamente en dichas instituciones entre liberales y sandinistas. Sin embargo, Ortega rompió el pacto cuando regresó al poder y de aliados con el PLC pasaron a ser rivales políticos. Ortega no solo ha diezmado a los partidos de oposición nicaragüenses con el control de las ramas del poder público, sino a punta de fraudes electorales.
En las elecciones municipales de 2008, los observadores internacionales documentaron un fraude a favor del partido de gobierno en más de la mitad de los 153 municipios del país. En las elecciones presidenciales y legislativas de 2011, la misión de la UE también denunció un fraude monumental. Fue mediante ese fraude que Ortega ganó la presidencia y obtuvo el control de las dos terceras partes del Parlamento.
Ahora para su reelección en los comicios de noviembre, cambió el libreto y su primera medida fue no aceptar observadores electorales internacionales. La segunda, fraguar para que la Corte Suprema de Justicia anulara las decisiones de la Convención del Partido Liberal Independiente, una disidencia del PLC en la que eligió a su fórmula presidencial a Eduardo Montealegre, quien fue su rival en las elecciones del 2006 y de paso, también, invalidó las candidaturas de otros opositores de la CND: Luis Callejas y Violeta Granera.
La tercera, el Tribunal Electoral despojó a la oposición de sus escaños parlamentarios y así el gobierno tomó el control absoluto de la Asamblea Nacional. De esta manera, Ortega ha quedado solo en el ruedo y sin competidor en las próximas elecciones de noviembre. Un tirano que a los 70 años se presentará en las elecciones para su tercer mandato consecutivo, sin candidatos de oposición, en un país de seis millones de habitantes donde el 70% de los nicaragüenses son pobres y dependen de las limosnas de las políticas de subsistencia alimentaria de su régimen despótico y antidemocrático.
@j15mosquera
