Mientras los expresidentes Pastrana y Uribe se limpian las manos por el adverso fallo de la Haya con respecto a la soberanía de Colombia en el mar Caribe, el presidente Santos por fin se dignó a pronunciarse respecto a este después de 10 meses de espera de la opinión pública. Todo parece ser una estrategia para mejorar su nivel de popularidad golpeado, hasta el límite, por los paros de diversos gremios y sus discursos de negación.
El asunto sigue agravándose con la nueva demanda en que Nicaragua solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que falle y declare el rumbo exacto de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las partes más allá de los límites determinados por su sentencia de noviembre pasado. Las nuevas pretensiones del país centroamericano llevarían los límites de Nicaragua a tan solo 100 millas náuticas de Cartagena.
Fue en 1928 cuando se firmó el Tratado Bárcenas Esguerra de manera bilateral por Colombia y Nicaragua. En aquel entonces era conveniente para los nicaragüenses ya que debían ratificar su soberanía sobres la costa de Mosquitos y asegurar su porción de mar en el Caribe. La costa de Mosquitos había sido cedida en 1803 por España al Virreinato de la Nueva Granada y por ende era reclamada por Colombia como sucesora independiente de esa colonia. A Colombia, por su parte, le era importantísimo asegurar su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Aquel tratado no es aceptado actualmente por el gobierno nicaragüense por una razón: en aquellos años ese pequeño país estaba ocupado por los Estados Unidos de América. A nosotros que siempre hemos estado acostumbrados a negociar con dicha potencia nos parece tan válido y correcto como cuando les vendimos (o mejor regalamos) el departamento de Panamá.
Veinte años después Colombia suscribió sin reservas el pacto de Bogotá. Hoy por hoy, el gobierno lo denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque aquel tratado que firmaron con tanto optimismo le confiere jurisdicción a la CIJ en la Haya para resolver demandas con otros países. Y como dicha corte no falló a nuestro favor en el caso Nicaragua contra Colombia, a nosotros nos vale huevo, lo denunciamos ante la OEA y nos largamos del pacto que firmaron la mayoría de países de América y que irónicamente lleva el nombre de nuestra capital. Como dirían por ahí: “patadas de ahogado”.
El pasado 9 de Septiembre Santos dio una alocución en la que se veía muy seguro e inconforme con el fallo de la Haya. Conociendo a mis compatriotas uribistas como los conozco sé que se sintieron felices de ver a aquel Juan Manuel Santos que les recuerda al Ministro de Defensa estrella del gobierno Uribe. En aquel aburridor discurso el Presidente formuló su tesis de inaplicabilidad del fallo mientras no exista un tratado que fije límites con ese país. En pocas palabras Santos está alargando el asunto para que la historia no lo condene como el presidente que perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el Caribe. Santos no es bobo, bobos son los que interpretaron un ánimo guerrerista en el discurso del Presidente.
La estrategia integral (o cortina de humo) se basa en cuatro puntos para tranquilizar (embobar) al electorado y a la comunidad internacional. Primero, Santos defenderá a capa y espada la inaplicabilidad del fallo, para eso tiene abogados que le cuestan a la nación millones de dólares. Segundo, unirá a los cayos e islas inconexos mediante la Ley de Zonas contiguas del gobierno de Alfonso López Michelsen, les tocó desempolvar a los viejitos y aplicar la ley. Tercero, se protegerá la Reserva Seaflowers en la que los raizales han pescado durante siglos, ¡Por fin! Y cuarto, Colombia, Panamá (nuestra hija vendida), Costa Rica y Jamaica suscribirán una carta de protesta ante la ONU por las pretensiones expansionistas de Nicaragua. Y para los que piden guerra con Nicaragua les tenemos una mala noticia: Colombia seguirá haciendo uso de los recursos jurídicos que existen ante la CIJ.
En Colombia la opinión está dividida. Hay quienes piensan como Juan Daniel Jaramillo, abogado asesor de Colombia que “se debe desacatar el fallo ya que la CIJ le permite presentar un recurso de interpretación que permite expresar disposición o no de acatar el fallo”. Por otro lado hay quienes piensan como la periodista Laura Gil quien afirma que “no se puede invocar una norma interna para desacatar un fallo internacional. El presidente está ganando tiempo para no pasar a la historia como el que perdió el mar. Con lo que propuso no se acata el fallo y no se le dice la verdad al país. Hay que proteger el mar que nos queda acatando el fallo”. Y por último están los de la línea de Álvaro Uribe que se suben al barco que mejor les convenga negando cualquier responsabilidad frente a la pérdida de una gran porción de mar en el Caribe y culpando a los gobernantes de turno de errores diplomáticos y jurídicos en los que participó él y sus antecesores.
Colombia debe sentarse con madurez y entereza a negociar los límites bilateralmente con Nicaragua de una vez por todas. El mapamundi no nos favorece en este caso y a lo mejor nos tocará ceder más de lo que algún día nos imaginamos. Ya las islas son nuestras, ahora es el mar al que le debemos poner límites. Eso me recuerda un día de mi niñez en que examinando el mapa de Colombia le pregunté a mi profesora por qué San Andrés era nuestra y no de Nicaragua.
Infografía www.vanguardia.com
