El regreso de la Unión Patriótica a la vida política del país es noticia, así como su Presidente Omer Calderón, quien lleva más de treinta años de militancia en la izquierda. Luego de varios procesos judiciales recuperó su personería jurídica tras perderla en el 2002 por no obtener la votación mínima exigida por las autoridades electorales para poder seguir en circulación. De su irrupción electoral con Jaime Pardo Leal, o de conquistar 120 alcaldías en todo el país, además de tener decenas de concelajes, diputados y varios congresistas, languideció hasta el extremo con míseros dos mil cien votos en el 2002. ¿La causa de esta muerte política? El extermino físico de sus militantes, que arrancó al mismo tiempo de sus primeros triunfos electorales y que va hasta hace una década con el asesinato de su último candidato: Eliodoro Durango a la asamblea de Antioquia.
La misma causa de su muerte fue la razón para su resurrección, pues el Consejo de Estado afirmó que la UP no podía cumplir los requisitos mínimos de existencia debido a que había sido diezmada de manera drástica a través de la violencia y el crimen.
Este resurgir de la UP tiene un significado especial para este momento, pues se da en medio de un proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC, para recordarnos su origen hace 28 años y su razón de ser como factor de reconciliación.
Ricardo Correa: ¿Cuándo pierde la Unión Patriótica la personería jurídica?
Omer Calderón: la personería jurídica se pierde en el año 2002 a través de una resolución del Consejo Nacional Electoral por haber sacado menos de 50.000 votos en las últimas elecciones o no haber logrado la elección de un congresista. La UP manifestó en ese momento que no podía cumplir esos requisitos porque había sido objeto de una campaña sistemática de exterminio con la participación de agentes del Estado, desde el principio, como por ejemplo en el asesinato de Jaime Pardo Leal, donde la Brigada XIII intervino. Se llegó hasta el Consejo de Estado, y éste confirmó el fallo inicial en el 2010.
RC: ¿Cómo recuperaron la personería jurídica?
OC: el ex magistrado Jaime Araujo Rentería en su campaña presidencial presentó como una de sus banderas la ampliación de la participación política, y como desarrollo de esto presentó una nueva demanda también ante el Consejo de Estado, esta vez por razones diferentes, pues la UP no tuvo candidatos en las elecciones anteriores a la perdida de personería y además de la imposibilidad de esta fuerza política de hacer campaña. El último candidato que tuvimos, Eliodoro Durango, candidato a la Asamblea de Antioquia, fue asesinado, por lo cual retiramos a todos los candidatos y pedimos que Eliodoro fuera retirado del tarjetón, pero el Consejo Electoral no lo hizo.
RC: ¿Por qué se restablece la personería jurídica de la UP justo ahora que se adelanta el proceso de paz de La Habana?
OC: Es más bien una coincidencia coyuntural, el fallo llega luego de un cúmulo de sentencias judiciales que reconocen el genocidio político de la UP. El mismo Consejo de Estado desarrolla una línea jurisprudencial en la que afirma que el genocidio de la UP es un hecho conocido.
RC: ¿Cuál fue la premisa básica, la columna vertebral del fallo del Consejo de Estado?
OC: El principio de realidad, en el sentido de que prima la realidad sobre la formalidad, y que en el caso de la UP fue la tremenda persecución que vivió, realidad que el Consejo Nacional Electoral estaba obligado a considerar. Algo importante a futuro: la magistrada Susana Buitrago al exponer el fallo afirma que teniendo en cuenta las condiciones de la UP no se nos puede pedir que en las próximas elecciones cumplamos los mínimos, pues no es fácil que de un momento a otro reconstruyamos cuadros y estructuras como partido. La principal consecuencia de este fallo es el reconocimiento de un genocidio por razones políticas, contrario a lo sostenido todos estos años por el gobierno y el establecimiento en el sentido de que la masacre de la UP es consecuencia de la lucha de dos extremas armadas y de la combinación de todas las formas de lucha. Esta tesis es totalmente negada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado a través de sus fallos sobre la materia.
Las víctimas del genocidio político de la UP suman 3.600 asesinatos y 2.500 entre desaparecidos y desplazados. FOTO: Giovanni Moreno
RC ¿Cuál ha sido la relación entre las FARC y la UP?
OC: Las FARC nunca han tenido mando sobre las estructuras políticas de la UP, ni la UP ha tenido dirección o coordinación con las FARC. Ni uno solo de los votos que obtuvo la UP se logró por coacción armada. Los votos conseguidos se lograron como un respaldo a la idea de que el país debía recorrer el camino de la reconciliación, ese fue sentido de la Unión Patriótica, y lo sigue siendo.
RC: ¿Por qué se dice que el extermino de la UP es una consecuencia de la combinación de las formas de lucha de la insurgencia y que la UP era un instrumento de las FARC?
OC: Estas ideas han sido el recurso retórico para exterminar a la Unión Patriótica. Estos argumentos son los que ha usado el Estado en las instancias internacionales para defenderse por su responsabilidad por acción u omisión en el genocidio de la UP. Esta tesis es una excusa que elude la verdad, y fue propuesta desde la derecha, desde sus medios de comunicación, con efectos en sectores democráticos del país, incluso dentro de la misma izquierda
Una consecuencia tardía de esto es la expulsión del Partido Comunista del Polo Democrático, ya que el PC estaba haciendo parte de un proyecto amplio como Marcha Patriótica, pero esa no fue la principal razón, sino que, como lo dijo el ex magistrado Carlos Gaviria: “la Marcha Patriótica recuerda la experiencia de la Unión Patriótica”, lo que lleva a pensar que como la UP estaba supuestamente vinculada a la insurgencia armada, entonces ahora la Marcha Patriótica lo está también. Esto confirma que dicha tesis penetró hasta en la intelectualidad. Pero falta a la verdad.
RC: ¿Entonces qué pasó realmente?
OC: Se dice que la UP fue una estrategia política de las FARC, pero la UP es ante todo una consecuencia, un desarrollo de los acuerdos de paz entre el gobierno Betancur y la insurgencia. La paternidad de la UP corresponde por igual al gobierno y a las FARC. En la UP no solo participaron miembros de las FARC, también miembros de muchas organizaciones políticas. Los miembros de las FARC que llegaron a la UP lo hicieron dejando de ser FARC, pues nunca portaron uniformes ni armas, y acogiendo los estatutos y el programa de la UP de noviembre de 1985. La llegada de los miembros de las FARC a la UP se hizo en cumplimiento de los acuerdos entre gobierno e insurgencia. Y muchos de ellos murieron en esta iniciativa política. El mando militar de las FARC se quejaba de que estaba perdiendo más hombres asesinados por su militancia en la UP que los que perdían en combate. A la UP también llegaron miembros del Partido Comunista, de las Autodefensas Obreras Urbanas, miembros del ELN que dejaron la guerrilla, muchas organizaciones de carácter regional y local, fuerzas liberales del noroeste antioqueño, el Meta, Arauca, Huila, así como Causa Común del Cesar, el Frente Amplio del Magdalena Medio, Anapo de Santander y Huila, y otras fuerzas políticas. No era una expresión política de las FARC. Por el contrario, en 1987 esta guerrilla ordena a sus hombres vinculados a la UP que se retiren de este partido político y regresen a sus filas, como lo hicieron Iván Marquez y Braulio Herrera. Nunca hubo una relación orgánica entre la dirección de la UP y la comandancia de las FARC. A la Unión Patriótica no se le puede acusar de haber logrado un solo voto por coacción o de haber patrocinado acciones armadas. La UP cumplió a cabalidad las reglas de la democracia.
RC: ¿Qué tanto el exterminio de la UP contribuyó al fracaso de las negociaciones del gobierno de Belisario y las FARC?
OC: El extermino de la UP no buscaba una ventaja militar del Estado frente a la insurgencia armada. Lo que le pasara a la UP no afectaba militarmente a las FARC. Pero el extermino de la UP sí liquidó las esperanzas de una salida negociada. No afectó, como se cree, a las FARC, lo que hizo fue dar al traste con las políticas de una salida negociada al conflicto armado. El mensaje es que quien esté a favor de una salida negociada puede sufrir consecuencias. El extermino de la UP estaba destinado a dar el mensaje de que un acuerdo entre Estado e insurgencia para poner fin al alzamiento armado y para concertar reformas sociales y políticas no podía darse.
RC: ¿Cuál es su mirada de las negociaciones en La Habana con base en la experiencia de la UP?
OC: Esclarecer plenamente lo acontecido con la UP y lograr condiciones de no repetición, así como una reparación plena, son requisitos ineludibles para que el proceso pueda llegar a feliz puerto. La suerte de la UP no afecta únicamente a sus militantes, es importante para todo el régimen político. Es que la UP es la punta del iceberg de lo que sucede con expresiones alternativas en Colombia, como los afros y los indígenas que son asesinados y desplazados para apropiarse de sus tierras. La reparación a la UP tiene una importancia enorme para las negociaciones en La Habana. Sin embargo, no hay relación mecánica entre las negociaciones de La Habana y la UP, pues esta fuerza política no es parte en la mesa, es un tercero.
RC: Dado el surgimiento de varias organizaciones políticas alternativas y de izquierda en estos años, especialmente el Polo Democrático ¿No es muy difícil que la UP recupere su fuerza y un caudal electoral significativo?
OC: Depende mucho de su desarrollo como fuerza política para la consolidación de una paz negociada. El futuro de la UP no está en volver a reconstruir sus estructuras al nivel del 85 y 86, pero sí puede posicionarse como un referente de un régimen incluyente que surja de las negociaciones. La UP se irá integrando a nuevas coaliciones progresistas y de izquierda que surjan en el país. Eso sí, insistiremos en que se reconozca a las víctimas y se les repare.
RC: ¿Entonces la apuesta de la Unión Patriótica es a la construcción de un posconflicto incluyente en lo político?
OC: Sí, y nuestra principal motivación será que se respete el derecho a la opinión y a la existencia a las disidencias políticas, y que desaparezca esa costumbre que ha persistido desde la independencia como nación de silenciar por las armas a la oposición.
Mario Upegui, presidente y fundador de la Unión Patriótica, fallecido en 2012, enterró a muchos de sus compañeros asesinados como Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos presidenciales de la U.P.
RC: ¿Es optimista con los diálogos de La Habana?
OM: Sí, creo que hay condiciones para llegar a un acuerdo. Hay un equilibrio de fuerzas y un ambiente favorable en el vecindario.
RC: ¿Cree que las FARC serán capaces de reconocer los crímenes que han cometido y que el Estado y el establecimiento reconozcan los suyos?
OC: Son dos cosas distintas. En el caso de la UP el Estado tiene que llegar a ello independiente de las negociaciones. Y por prensa he visto que las FARC han anunciado que van a afrontar este punto. A la guerrilla también le conviene aclarar lo que ha sucedido en la guerra, incluso yendo a sus orígenes, que se encuentran en una agresión armada del Estado a un grupo de campesinos hace ya 60 años. En este sentido las negociaciones inician en La Habana, pero tienen que continuar en el país, pues el tema es muy amplio y profundo. Por ejemplo, solo un político ha sido condenado por la masacre de la UP. Falta mucho para conocer toda la verdad, que no necesariamente es lo judicial.
RC: Entonces ¿todo el mundo va a tener que reparar a todo el mundo?
OC: Tenemos que llegar a eso, y es sano para el país. Espero que esa tarea salga de los acuerdos de La Habana. Pero incluso, hay que hacerlo independientemente del proceso.
RC: ¿Cuántas fueron las víctimas de la UP?
OC: Hay más de 3.600 homicidios documentados y 2.500 más entre desaparecidos y desplazados. Estos solo los documentados, pues muchas víctimas han guardado silencio.
RC: ¿Quién los mató?
OC: Es el resultado de un modo de operar del establecimiento. Pero arriesguemos una respuesta: hay una matriz de comportamiento de unos grupos ante una amenaza a sus privilegios o situación. ¿Quién se ve amenazado? Todo el poder local y regional corrupto, los sectores económicos que obtienen grandes utilidades gracias a las ventajas que el Estado les ha garantizado, actividades ilegales o explotación humana. Y entre más utilidad, mayor identidad con este modo de operar, que consiste en liquidar a las fuerzas políticas que representan una amenaza. Y el órgano operativo son las fuerzas de inteligencia del Estado.
RC: Así como hubo un sector del establecimiento opuesto a las negociaciones de La Uribe y El Caguán ¿Cree que hay un sector opuesto a las negociaciones de La Habana?
OC: Sí, el sector más atrasado del establecimiento, el mismo que ha sido partícipe de toda esta historia, esos que se benefician del conflicto armado, por ejemplo aumentando sus tierras y utilidades; así como los comerciantes de la guerra y la burocracia de la guerra. Si hay un acuerdo se inventarán otro enemigo para sostener el aparato bélico. Pero también hay un establecimiento más pragmático que ve más oportunidades con la consecución de un acuerdo.
RC: ¿Uribe y el “Centro Democrático” representan ese viejo establecimiento?
OC: Ellos están empeñados en obtener esa representación.
RC: ¿Cómo sería el nuevo régimen que debiera surgir de las negociaciones?
OC: Que se cumpla el Estado Social de Derecho y que quienes no han gobernado puedan llegar a tener el derecho a hacerlo a través de procesos democráticos.
RC: ¿Cuál es el caso emblemático de la tragedia de la Unión Patriótica?
OC: La masacre de Segovia, a través de la cual se castigó a toda la población, pues ésta le quitó el respaldo al cacique regional, Cesar Pérez García, y se lo dio a una fuerza política nueva de la cual hacían parte no solo los miembros de la UP, sino también disidentes liberales. La respuesta ante la derrota en las urnas fue la masacre.
RC: ¿Qué explica que Cesar Pérez García haya tenido vigencia política por muchos años más después de la masacre de Segovia?
OC: Durante 25 años más participó en política, incluso fundó una universidad. Su posición en la estructura de poder del país explica su vigencia mucho más allá de la masacre de Segovia. Fue incluso presidente de la Cámara de Representantes. Ha estado inserto en todas las instancias de poder regional y nacional. Además, hizo uso de recursos jurídicos de mala fe. Cesar Pérez es condenado finalmente, en el caso de Segovia, por la insistencia y organización de las víctimas, quienes persistieron a través de los años con su caso.
