Medicina Legal sostiene que de enero a mayo de este año han perdido la vida de forma violenta en Colombia 355 mujeres. Así mismo, señala que hay 16.473 casos de violencia intrafamiliar, y, que 6.400 han puesto denuncias por delitos sexuales. De esas mujeres, 15 fueron asesinadas la semana anterior. Quizá las víctimas más recientes son Daniela Quiñones, Yudi Pérez y Marinela Flórez, Yenny Katerine Vega Bargas. Aunque estas son las cifras oficiales, la realidad es que puede haber muchos casos que permanecen por fuera de los registros oficiales y de los efímeros titulares de prensa.
Esto, a pesar de que existe legislación vigente que busca castigar delitos que atenten contra el bienestar y la vida de las mujeres colombianas. Me refiero a la Ley 1761 de 2015, la cual surge como respuesta al crimen atroz cometido contra la humanidad de Rosa Elvira Cely. A pesar de ello, la violencia de género no cesa, ni se atenúa, por el contrario, durante este periodo de cuarentena los casos se han potenciado, ya que muchas mujeres deben convivir con quienes hacen de su vida un constante infierno.
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A pesar de la Ley 1761, la violencia de género se sostiene en índices elevados porque detrás de cada crimen hay un sistema que no funciona
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Si, a pesar de la Ley 1761, la violencia de género se sostiene en índices elevados, es porque detrás de cada crimen hay un sistema que no funciona. Un sistema patriarcal que es permisivo con este tipo de violencia estructural y cultural, porque se encuentra en el eje mismo de su poder, como lo sugiere el editorial de El Espectador del jueves 18 de junio, “A las mujeres les sigue pesando un sistema desigual y construido en torno al privilegio de los hombres, amparados en la impunidad, y a unas autoridades que no saben cómo reaccionar”. De forma similar lo manifestaba en una entrevista de 2017 la académica feminista Marcela Lagarde al indicar que “En las regiones donde hay crímenes contra mujeres hay otras formas de violencia contra las mujeres que están presentes en la vida social, de forma constante, tolerada socialmente y por las autoridades que crean un clima de impunidad”. Lo cierto, es que de nada sirve la ley mencionada si las autoridades son incapaces de actuar de forma efectiva y contundente. De nada, si desde la educación se sigue fomentando la desigualdad entre niños y niñas, si se continúa enseñando la discriminación de género de manera sutil pero constante, si se les priva a los niños y niñas de una educación sexual adecuada. Si se reforma el sistema educativo que se fundó desde la misoginia patriarcal, comienzan a generarse procesos de cambio que se van a manifestar en las prácticas cotidianas, en el ambiente familiar, social y laboral. Sin embargo, este proceso es demasiado lento y el costo humano demasiado alto, por eso se requieren también acciones inmediatas, porque evidentemente lo que se está haciendo ahora resulta insuficiente para mitigar, menos aún detener los asesinatos a mujeres, niñas y jóvenes que enluta a tantas familias colombianas semanalmente. De igual manera, resulta completamente inaceptable que el gobierno nacional, así como los gobiernos locales y regionales no aborden la situación con acciones eficaces que se enfoquen en reducir estas fatalidades. El futuro de millones de mujeres depende de ello y en esa medida es importante generar presión sobre el Estado y eso se hace incomodando, manifestándose, participando políticamente, generando espacios de reflexión y dialogo constante entre la sociedad civil y representantes del Estado.
