El primero es decir que vivimos tiempos difíciles e inciertos fuera de lo común. Colombia se están enfrentando por primera vez a una presión migratoria sin precedentes, en una escala que no era comparable ni cualitativa ni cuantitativamente con lo que conocíamos hasta entonces, debido a las grandes corrientes migratorias de venezolanos que huyen de los conflictos y de los peligros de la dictadura de Maduro. La patria grande se ha visto obligada a hacerse cargo de las necesidades surgidas de poblaciones de refugiados venezolanos que superan, con mucho, las medias de cualquier país en el mundo (denominado "joroba migratoria") con fronteras porosas, pasos fronterizos e infraestructuras deficientes, el desempleo y la falta de perspectivas económicas.
Además, en Colombia hay millones de desplazados internos, o sea, refugiados dentro de su propio país, la mayoría de los cuales han sido despojados de su capacidad para disfrutar de sus propias necesidades vitales básicas y esta cifra se incrementa. La carga que estas situaciones prolongadas de refugiados representan para el país se ve agravada no solo por las capacidades financieras e institucionales, intrínsecamente limitadas, sino también por la respuesta a la bomba de tiempo ocasionada de la pandemia del coronavirus y otros factores y, como corolario, por las profundas divisiones, la desconfianza social colectiva y la creciente inseguridad, lo que podría generar nuevas tensiones, conflictos o violencia.
De hecho, la continuación, o incluso aceleración, de los flujos migratorios o las presiones migratorias de ciudadanos venezolanos que llegan huyendo de la dictadura, independientemente de su nivel de cualificación, tendrá consecuencias importantes para Colombia en los derechos humanos y el reasentamiento voluntario de los refugiados, en materia de ciudadanía, pensiones, seguridad social, sanidad y educación, en la reforma del sistema electoral y de las elecciones. Asimismo, en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la lucha contra la pobreza, especialmente por lo que se refiere a la consolidación de la democracia, el empleo y la situación económica, incluidos el mantenimiento de la paz y los derechos de las minorías, y las políticas dirigidas a la no-discriminación o respecto a la delincuencia y el terrorismo etc. El ACNUR considera que los refugiados (Selected indicators measuring capacity and contributions of Host Countries, Ginebra, abril de 2002) pueden suponer un lastre considerable para las a menudo frágiles estructuras sociales y políticas del país, ya que sus propias infraestructuras y su capacidad institucional generalmente son inadecuadas para abordar tales problemas y ello puede contribuir a aumentar posibles tensiones entre ambas comunidades.
En este contexto, la Comisión Europea señaló que: “La presencia prolongada de refugiados aumenta la presión sobre los escasos recursos económicos y medioambientales y, en ocasiones, provoca tensiones con las comunidades locales, lo que puede dar origen a problemas de seguridad y delincuencia localizada” (Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas, 2002, 703 final, p. 13). Creemos, por tanto, que es una bomba de tiempo social que podría acarrear consecuencias graves para la paz y la seguridad humana de los afectados, sobre todo porque muchos de estos refugiados compiten con la población rural pobre en la comunidad de acogida, que puede estallar de un momento a otro a una escala imposible de imaginar. No queremos batirnos en duelo, pero la cuestión está sobre el tapete: en el futuro, ¿deberíamos penalizar a nuestros propios ciudadanos que se hallan en situaciones desesperadas o que se han quedado atrás y limitando sus posibilidades simplemente para garantizar que se respete sus obligaciones contraídas con arreglo a acuerdos internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951 —el asilo es un derecho humano basado en normas internacionales de protección y los Estados están obligados a proporcionarlo—?
La migración venezolana —su cantidad cifra total está creciendo exponencialmente— alcanzó un pico de más 1,7 millones de personas con una cantidad considerable de inmigrantes irregulares o "ilegales" (casi un millón de personas), compuesta por personas que, o bien entraron clandestinamente en el territorio, o bien se convirtieron en ilegales tras permanecer más tiempo del permitido por su visado o su permiso de residencia, o tras serles rechazada la solicitud de asilo. Estas cifras deben interpretarse con sumo cuidado, vistos los numerosos problemas estadísticos y metodológicos surgidos hasta llegar a las mismas y la propia naturaleza del fenómeno, por lo que solo pueden hacerse estimaciones sobre el número de inmigrantes irregulares (es difícil disponer de cifras exactas). Si se gestiona correctamente de forma coherente y eficaz, se evalúa el problema y sus efectos sobre el país, se acuerda una línea política clara sobre los ajustes y reformas y el mercado de trabajo nacional, se estudian las formas para gestionar los flujos de migración, se abordan las causas subyacentes a los flujos de migración, pero también se comprueba si nuestros medios financieros pueden responder a nuestras ambiciones políticas puede, a largo plazo, ser un factor positivo de éxito y generar crecimiento económico, aunque pueda haber costes iniciales de establecimiento.
Colombia tiene la responsabilidad colectiva y la difícil tarea de reconciliar unas prioridades divergentes, aunque complementarias, que tienen que ver con integrar la migración en la política exterior sin penalizar a los ciudadanos, examinar debidamente los efectos a largo plazo, especialmente los que se refieren a la lucha contra la pobreza, la criminalidad y el terrorismo y suscribir acuerdos de readmisión por un lado y, por el otro, respetar la coherencia general de nuestras políticas exteriores y actividades, el refuerzo institucional y el desarrollo de capacidades y la prevención para evitar conflictos que dan lugar a flujos de refugiados. Sin prejuzgar el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) que no puede ofrecer por sí solo soluciones duraderas y sostenibles, resulta ya evidente que hará falta financiación extra, así como reforzar considerablemente la línea presupuestaria correspondiente en el ámbito de la migración, ya que para realizar nuevas tareas hacen falta nuevos fondos.
Dicho esto, las preocupaciones relacionadas con las consecuencias del fenómeno migratorio apocalíptico del Venezuela exigían una programación del diálogo entre la Colombia y muchos países en temas relacionados directamente con la migración legal e ilegal, es decir requieren la cooperación estrecha entre Estados vecinos. Es más, en cooperación con los terceros países afectados, incluido el control de la migración ilegal. El desarrollo de una estrategia de reforma de la policía de fronteras, la formación e intercambio y programa de creación de capacidades técnicas en gestión de migraciones, mejorando las capacidades locales para combatir actividades ilegales. Sin embargo, no podemos afrontar esta tarea en solitario, así que tanto Colombia como las restantes grandes organizaciones internacionales tienen que encontrar el modo de trabajar conjuntamente de la forma más productiva si de verdad quieren alcanzar sus metas comunes; necesitamos ayuda para conseguir que los sueños de estos refugiados se hagan realidad. A este fenómeno siniestro a esa amenaza ningún país puede oponerse en solitario, ni siquiera un país con las dimensiones y la sofisticación de los Estados Unidos o Alemania; no es más que una observación.
El momento actual de Colombia es grave, y una de las cosas más importantes que se puede hacer es pedir ayuda, así como revisar este Estatuto Temporal de Protección para solucionar las cuestiones actuales relativas a su aplicación, que dista de ser satisfactoria. Amén.
