“No nos van a derrotar”, así titularía Rafael Correa una nota periodística ante la actual situación que vive su país por los altos impactos que ha tenido la pandemia generada por el COVID-19 y tras conocer la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia del Ecuador lo condenará a ocho años de prisión y le suspenderá sus derechos políticos por veinticinco años tras ser inhabilitado.
La persecución de Moreno y sus estrategias burocráticas
La incapacidad de gobernar el Ecuador por parte de Lenín Moreno es muestra de la incompetencia política de los sectores que basan sus gobiernos amparados en las medidas del Fondo Monetario Internacional y sus políticas neoliberales. Ejemplo de ello es la baja popularidad que ha presentado el mandatario desde las masivas movilizaciones de octubre del año 2019, que lo ubican con tan solo un 7% de favorabilidad según la encuestadora Click Report.
Moreno quien acordó con el FMI un acceso a créditos por la suma de 4.209 millones de dólares para el desarrollo de su gobierno (2017-2021) y quien a manera de paquetazo intenta implementar reformas laborales y tributarias contraproducentes a los intereses económicos de las y los ecuatorianos, no solo ha puesto jaque a la economía nacional del país vecino, sino que se ha sobre limitado en sus funciones ejecutivas, poniendo en su mira a los partidarios del Movimiento Revolución Ciudadana a quienes ha encarcelado y perseguido políticamente desde que su mandato se desvió y traicionó el proyecto de las mayorías empobrecidas.
Lenin ha utilizado artimañas burocráticas, influencias fiscales y ha tomado la justicia en manos del poder político, intentando involucrar a los partidarios de Rafael Correa con múltiples casos de corrupción, entre ellos el sonado “Arroz Verde”, con el cual se pretende procesar a los ministros y políticos aliados del expresidente por casos de corrupción y sobornos.
Allí se sitúa el caso de Jorge Glas, quien iniciaría como vicepresidente del Ecuador para el actual periodo y quien sería capturado por el gobierno de Moreno sin ningún antecedente judicial, valiéndose de sus aparatos burocráticos y artimañas para encarcelar a uno de los aliados políticos más fuertes de Rafael Correa en su gobierno, proceso judicial con el cual dividió al Partido Alianza País, rompiendo definitivamente con la corriente de izquierda que le acompañó en el proceso electoral.
Así el mandatario ecuatoriano se supo poner en contra del proyecto político que lo eligió y se desvió vertiginosamente hacia la derecha, pactando con el grupo de Lima, asumiendo posición retardataria y destructora de la unidad continental como sucedió con Unasur.
Correa, la inhabilidad, la cárcel y la contienda electoral del 2021
La determinación tomada por el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana la cual falló en contra de Rafael Correa y Jorge Glas este 7 de abril del 2020, estableció la imposición de prisión de 8 años y 25 años de inhabilidad política por el supuesto delito de cohecho agravado, con el cual se demuestra una clara posición del ejecutivo de dar “estocada final” a los intereses del exmandatario de la Revolución Ciudadana en miras a las elecciones que se avecinan para el 2021.
Correa, quien en la actualidad cuenta con más del 35% de intencionalidad de voto (según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Especializados que se realizó finalizando el mes de febrero del presente año), es el candidato con mayor intención de voto para las próximas elecciones. Por supuesto, es a quien con “urgencia” y con un tribunal decidido a imputarle cargos se le inhabilitará y se le apresará por amañados “delitos” que a su decir no existen y demuestran el temor que a través del gobierno Moreno expresa la derecha ecuatoriana.
Caso que no es el único que se ha presentado en América Latina, como se pudo ver con el apresamiento de Lula por parte del gobierno de Temer para las elecciones que pusieron como presidente del Brasil a Jair Bolsonaro en 2019.
Ante esta situación, Correa llamó a los ecuatorianos a confiar en el proyecto de la Revolución Ciudadana, indicando que no es solo él quien puede tomar las riendas de la recuperación nacional, sino que es un proyecto político colectivo el que debe estar adelante de esta tarea nacional.
De antemano, ha llamado a sus compatriotas a cuidarse ante la actual situación que vive el país a causa de los malos manejos que el gobierno de Lenín Moreno le ha dado a la pandemia generada por el COVID-19, extendiéndole un mensaje de aliento a los ciudadanos de su natal Guayaquil, que ha sido la más afectada por esta situación.
Acto que demuestra que el proyecto del correísmo hoy está más preocupado por los avatares inciertos en que se encuentra la población de la patria de Alfaro que por las ya reiteradas jugadas de Moreno por quitarle legitimidad política; que al contrario refuerzan las aspiraciones de Correa y sus partidarios a avanzar sobre el propósito colectivo de lograr poner al Ecuador nuevamente por los caminos de la Revolución Ciudadana, que durante diez años le dieron tanta felicidad a este pueblo, propiciando un crecimiento del PIB del 3.9% frente al 2.9% en Latinoamérica, como la reducción del desempleo a un 5.2%, así como los incrementos en inversión en los sectores de salud y educación.
A dichas acusaciones la respuesta de Correa fue clara, ni la cárcel, ni la pérdida de sus derechos políticos van a hacer que las aspiraciones del pueblo ecuatoriano retrocedan en la marcha de la recuperación de la patria, situando de nuevo una posición frente a lo que va a ser la construcción de un nuevo Ecuador a partir del 2021.
