Lo ocurrido no lo merecen los veintiocho millones de venezolanos que viven en el país caribeño, ni los casi cinco millones de la diáspora generada por la mayor crisis humanitaria que tenga memoria un país latinoamericano.
La versión del dictador Maduro sobre lo ocurrido a principios de mayo en costas venezolanas es previsible. Asesorado por la inteligencia cubana ensayó un remedo de lo que en el imaginario colectivo latinoamericano es la agresión de EE. UU. a Cuba ocurrida hace más de medio siglo. En aquella oportunidad, en abril de 1961, ocho bombarderos estadunidenses B-26 atacaron tres aeródromos cubanos, mientras una brigada de 1511 hombres del CIA se dirigió a la Bahía de Cochinos. Cinco aviones cubanos fueron destruidos y probablemente una decena más sufrió daños. La mitad de la fuerza aérea de Castro permaneció intacta. La tapadera de la CIA era que el atacante había sido un solitario desertor de la fuerza aérea cubana, que luego había aterrizado en Florida.
La consecuencia fue que durante los dos días siguientes cubanos y estadounidenses, acompañantes de los cubanos invasores, se enfrentaron en un pantano hasta que los agresores se rindieron: 1189 miembros de la brigada habían sido hechos prisioneros y otros 114 habían muerto [1].
El domingo 3 de mayo Nicolás Maduro anunció haber frustrado una incursión marítima a través de las costas del estado de La Guaira, cercano a Caracas. Un día después, se informó que el gobierno desbarató otro ataque registrado en las playas del estado de Aragua.
Aparentemente, en estos hechos perdieron la vida 8 atacantes y otros 45 fueron capturados posteriormente, entre ellos dos exmilitares estadounidenses y se emitieron 24 órdenes de captura.
Ese mismo lunes 4, Maduro apareció en televisión para compartir información sobre lo sucedido, así como sobre la contraoperación militar “Negro Primero” que le habría permitido a las fuerzas armadas venezolanas neutralizar el supuesto ataque. “Lo sabíamos todo: qué hablaban, qué comían, qué no comían, qué tomaban, qué no tomaban, quién los financiaba”, se jactó Maduro, con lo que confirmó la infiltración realizada al grupo invasor.
El miércoles 6 de mayo, Maduro amplió detalles. Un grupo armado intentó un un desembarco desde unas lanchas con el resultado de 8 muertos por la acción militar chavista y 20 detenidos, entre ellos dos exmilitares de EE. UU.: Luke Alexander Denman y Airan Berry, exsoldados en Irak y Afganistán y también “miembros del equipo de seguridad del presidente Donald Trump, según declaran ellos”.
Los prisioneros han confesado —según Maduro— que se trataba de una invasión marítima, denominada “Operación Gedeón”, para tomar el aeropuerto, capturar a Maduro —sobre quien hay una recompensa de 15 millones de dólares— y llevárselo a Estados Unidos.
De acuerdo con lo confesado por los invasores, la responsable de la operación es una empresa privada de seguridad de propiedad de un ex boina verde.
La versión de Maduro incorpora a la DEA en la agresión: “el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción. Y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa”.
Está arrestado en Venezuela José Socorro quien se presenta como agente de la DEA y dice haber sido el encargado de dotar a los participantes del desembarco de los vehículos necesarios en Venezuela.
El ex boina verde, Jordan Goudrou, admitió en un video publicado en redes sociales ser uno de los líderes del grupo invasor, operación en la que participaba también el exmilitar venezolano Javier Nieto. “Estaban trabajando conmigo. Esos son mis muchachos”, le dijo Goudrou a la agencia Reuters sobre los dos norteamericanos apresados en Venezuela. Y en una entrevista con The Washington Post, Goudrou también afirmó que en la operación habían participado 60 hombres, incluyendo dos antiguos miembros de las fueras especiales estadounidense.
El 6 de mayo Goudrou dijo haber suscrito un contrato de 212 millones de dólares por llevar a cabo la agresión. Ese contrato habría sido firmado por J.J. Rendón, un oscuro personaje experto en campañas electorales sucias, asesor del presidente (encargado) de Venezuela Juan Guaidó. Rendón, residente en Miami, en entrevista con emisora La W de Bogotá, afirmó el 7 de mayo — luego lo desmintió— que Guaidó conocía el contrato y que después de estudiarlo lo desechó, pero que igualmente pagó 50 mil dólares a Silvercorp por los costos operativos asumidos por la empresa privada. Al día siguiente, en NTN24, el asesor político aseguró que las negociaciones y el avance de la Operación Gedeón terminaron el 8 de noviembre de 2019: “Todo lo que el señor [Goudreau] hace desde esa fecha, es decisión suya”. Rendón renunció a sus funciones junto a Guaidó el lunes 11 de mayo.
También renunció a su cargo el diputado Sergio Vergara, otra de las firmas que aparecen en el contrato con Silvercorp y que trabajaba en el gobierno interino de Guaidó, según lo comunicó el Centro de Comunicación Nacional (CNC) del líder opositor.
Guaidó ha quedado en una posición complicada porque, más allá de las estratagemas de los servicios de inteligencia cubano/venezolano/ ¿ruso?, tuvo conocimiento de por lo menos un aspecto de estos hechos y Rendón y Vergara eran hombres suyos involucrado en la operación. En su defensa, el presidente encargado reconocido por más de 50 países, en un video difundido en redes sociales cuestionó lo que denominó “el show sangriento que armó la dictadura de la llamada 'Operación Gedeón', [por el cual] querían asesinar y apresar cobardemente a venezolanos que se encontraban en el exilio", ya que a su juicio el régimen pretende justificar la represión que ejerce en el país. El también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) hizo un llamado a los venezolanos para “defender y exigir respeto a los derechos humanos de los detenidos, independientemente de que compartan o no sus métodos”. También envió sus respetos a los caídos y solidaridad a sus familias.
El 8 de mayo, el opositor partido Primero Justicia emitió un comunicado en rechazo a los sucesos relacionados con la supuesta incursión militar que habría tenido como propósito derrocar al régimen de Maduro. En la misiva, el partido del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski le pide públicamente a Guaidó que destituya a los funcionarios del gobierno encargado que “—en nombre de la Presidencia (e) de la República— se vincularon con estos actores de grupos ilegales”.
Uno de los puntos de la nota expresa solidaridad con los soldados y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). “Les reiteramos que los acompañamos en sus sufrimientos”, sostiene.
Maduro, por su parte, el domingo 10 de mayo ha acusado a Guaidó de estar detrás de la operación y, de hecho, lo llamó “prófugo de la justicia” (…) “Nunca antes en la historia se vio un político que firmará un contrato para asesinar a un presidente y eso lo hizo Juan Guaidó, JJ Rendón y el tal Vergara”, en referencia al supuesto contrato para concretar la “Operación Gedeón”. Con esa frase, el dictador venezolano deslizó la posibilidad de que el régimen pueda encarcelar al líder opositor.
Guaidó respondió el lunes 11 de mayo que las frustradas incursiones conocidas como “Operación Gedeón” fueron un montaje realizado por la dictadura chavista y financiado por un testaferro. En una entrevista describió a la persona en cuestión como un empresario “muy vinculado al conductor del programa de chismes”, manera en la que se suele referir al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista el socialista Diosdado Cabello, quien está también requerido desde EE. UU. acusado de ser un capo del narcotráfico.
El miércoles 13, Guaidó agregó a sus declaraciones sobre este tema, que la comisión de 50.000 dólares pagada a Silvercorp por las incursiones en Venezuela solo era para “evaluar escenarios posibles” y negó que hubiera ordenado la acción que buscó sacar del poder a Maduro. “¿A quién le conviene esa operación?”, preguntó. “A la dictadura, para tratar de hacer propaganda, para tratar de victimizarse”, se respondió.
En los antecedentes de uno de los militares detenidos por los servicios de inteligencia de Maduro puede detectarse qué ocurre actualmente en Venezuela y la complejidad de intereses de los diferentes sectores en pugna abierta que se da al interior del régimen.
Todo es muy confuso. Pero, además, Maduro ha dicho que sus prisioneros también informaron que estuvieron entrenando en Colombia, en la region de La Guajira, y que de Colombia salieron las embarcaciones interceptadas por las fuerzas armadas bolivarianas con lo que el dictador venezolano cuenta con argumentos para sostener que Colombia es una parte de la tenaza —la otra es EE. UU.— para derrocarlo.
La cancillería colombiana ha negado conocer los hechos preparatorios de la incursión armada. Para peor, el 10 de mayo el ministro venezolano del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino, informó que fueron incautadas tres lanchas tipo piraña con emblema de la armada colombiana en aguas venezolanas, en el municipio Cedeño el estado de Bolívar, en el rio Orinoco. Sin tripulantes, pero con ametralladoras M-60 y Punto 50 y municiones.
Colombia explicó que las embarcaciones habían soltado amarras y fueron arrastradas por la amera hacia zona venezolana.
Un día antes de que Maduro diera a conocer los supuestos ataques, la agencia Bloomberg informaba sobre “el repentino cambio en la propiedad por parte del Kremlin de proyectos petroleros de miles de millones de dólares en Venezuela” con el objetivo de proteger al gigante petrolero Rosneft PJSC de nuevas sanciones de Estados Unidos, pero mantiene a Moscú firmemente detrás del presidente Nicolás Maduro en medio de un enfrentamiento más amplio con Washington. Rusia no se alejará de Maduro y buscará frustrar los esfuerzos de EE. UU. para deponerlo", dijo Vladimir Frolov, exdiplomático y analista de política exterior en Moscú. Cherchez le pétrole.
[1] Weiner, Tim: Legado de Cenizas. La historia de la CIA. Editorial Debate, 2008, Bogotá.
