El tema tiene sus raíces en la destitución de Gustavo Petro cuando fungía como alcalde de Bogotá, por Procusto cuando oficiaba como procurador general, a cuya elección había ayudado el hoy precandidato de CH en su anterior paso por el Congreso.
La CIDH, ante los servicios solicitados por el mandatario capitalino, determinó que el Estado colombiano debería actualizar su legislación de tal suerte que los servidores públicos de elección popular solo podían ser sacados del cargo por decisión judicial de un juez penal, es decir después de ser vencidos en un proceso penal.
La procuradora general Cabello Blanco, exprocuradora delegada de Procusto, ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley con el que dice acoger las recomendaciones de la CIDH. Según la muy particular interpretación de la Cabello, plasmada en el proyecto en referencia, la PGN podrá cumplir esa función. Es decir, tendríamos procuradores que serían jueces penales. Imaginémonos el zambapalo en este país con procuradores de la estirpe de Procusto investidos de ese poder.
Nadie quiere una Procuraduría "eunuca" tituló el gran NHMN su columna del domingo 28 de marzo en el diario del grupo del que ha sido servidor aventajado, tanto que le ha permitido andar pa arriba y pa bajo desempeñando altos cargos públicos, solo faltándole la administración de la gran hacienda nacional.
Sus artilugios abogadiles los usa en el escrito para justificar el proyecto uribista usurpador de funciones de la rama judicial, nada extraño en el uribismo y puesto muy de relieve en la administración Duque. De acuerdo con NHMN en que nadie quiere una PGN "eunuca", pero tampoco ninfómana.
Dos nuevas columnas, de Ramiro Bejarano y Yesid Reyes, Los mismos con las mismas y Una solución tan audaz como inviable, respectivamente (El Espectador, 4 y 6 de abril de 2021) han terciado en el tema. Recomiendo su lectura.
Una solución tan audaz como inviable.
