Un costoso estudio de 2012 contratado por el gobierno de la época encontró que las tarifas de la energía en Colombia eran de las más altas de América Latina y muy por encima de los países desarrollados. Dicho estudio, que proponía fórmulas de moderación tarifarias, fue archivado. Los cobros de la energía, y en general de los servicios públicos, han mantenido una espiral alcista desde que las leyes 142 y 143 de 1994 dieron la largada de la privatización de los servicios públicos domiciliarios, convirtieron a los usuarios en clientes y determinaron que el móvil de los mismos serían “la suficiencia financiera y la eficiencia económica” por encima de los intereses de la población y capas medias.
La estructura tarifaria de la energía eléctrica la empezó a determinar la Comisión Nacional de Energía y Gas, CREG, una dependencia del Ministerio de Minas y Energía y dependiente del Poder Ejecutivo. Este estratégico sector de la economía nacional quedó segmentado en varios eslabones, a saber: generación, transmisión, distribución y comercialización, aunque algunas empresas mantuvieron la integración vertical, caso EPM de Medellín y la italiana Enel-Emgesa asociada con el Grupo de Energía de Bogotá en la distribuidora Codensa. En esa forma, el llamado costo unitario del kilovatio hora, unidad de medición para el cobro, resulta de sumar el valor de generación (G), con la transmisión (T), con la distribución (D) y la comercialización (C), más otros dos ítems, como son las pérdidas técnicas y negras (PR) y las Restricciones (R).
Así como cada eslabón está diseñado para ser un negocio rentable, las facturas se convirtieron en un dolor de cabeza cada vez que las deslizan debajo de la puerta de las casas o negocios. Cuando no es uno de los eslabones, es el otro, o varios a la vez. En los últimos tiempos el rubro de la generación eléctrica es el que jalona las alzas exorbitantes. Se trata de un lucrativo emporio oligopólico, ya que entre cinco grandes empresas controlan el 84% de la generación eléctrica del país: Enel-Emgesa (italiana), EMP de Medellín, Isagen (canadiense), AES Chivor, Tebsa (norteamericana, que le compró a Celsia-Argos) y EPSA. Allí hay generadoras hidroeléctricas y térmicas; las renovables con base al sol y al viento tienen poco peso aún en el país, a pesar de su importancia estratégica. Entre enero de 2019 y abril de 2020, este ítem ha tenido una disparada de 65,81 por ciento, al pasar de $170,21 en enero de 2019 a $282,24 en abril de 2020, cuando en ese mismo lapso el costo de vida no sobrepasó el cinco por ciento. Esta medición es con respecto al estrato cuatro, que es como un sánduche, ya que no recibe subsidios como los estratos 1, 2 y 3, ni paga la contribución del 20% sobre la factura como los estratos 5, 6 y pequeños comerciantes y hasta los templos religiosos.
¿Cuál es la explicación de tamaño despropósito? En primer lugar lo que se comentó anteriormente: que se trata de un oligopolio sin competencia. Ahora EPM de Medellín se quedó con el 35% de la distribución y comercialización de energía del país, además de la generación (20%), con la compra de CaribeSol, una parte de Electricaribe, quedando los costeños sin empresa eléctrica propia de distribución y comercialización. Por otro lado, la normativa tarifaria dictada por la CREG exige que la tasa de retorno (WACC) del capital invertido en la generación eléctrica tiene que ser positiva, es decir, producir utilidades, estén llenos los embalses o estén mermados, porque en este último caso entra a operar el precio de escasez, que eleva la tarifa sin contemplación, como está ocurriendo en los últimos días.
La situación del país con la pandemia del coronavirus ha destapado las lacras del sistema neoliberal plutocrático que se enseñorea en las distintas actividades, ya sean de la producción o del empleo, y ni qué decir de la salud y los servicios públicos. Se hace necesario un cambio de rumbo, porque tenemos las mejores condiciones en cuanto a recursos naturales y gentes laboriosas para la creación de riqueza social. Que el sol brille para todos.
