No existe una fórmula única ni mágica para organizar la participación política en un territorio, en un momento concreto. Cada sistema de gobierno, —de partido único, como el Chino (con poca participación democrática); bipartidismos hegemónicos, como el de EE.UU. ; coaliciones parlamentarias de mayorías y oposición con pocos partidos, como en el Reino Unido, y sistemas parlamentarios o mixtos con nuevos partidos como el italiano y el francés—, permite y promueve diferentes estructuras e instituciones para el ejercicio político. En términos generales, las democracias abiertas promueven y facilitan la creación de partidos o movimientos (generalmente sin muchos requisitos), como uno de los derechos políticos incluidos en sus Constituciones.
En Colombia hemos vivido, y sufrido, diferentes etapas en el desarrollo de nuestro sistema político con cambios importantes en las reglas de juego acerca de la organización y participación en política. El bipartidismo, nacido en la segunda mitad del siglo XIX, impulsó nuestras guerras civiles y termino un siglo después, paradójicamente, consolidándose como antídoto contra la violencia con el Frente Nacional. Para detener las muertes por política, se eliminó la competencia política y nos repartimos milimétricamente el Estado.
La crisis de finales de los 80 (conflicto armado, amenaza narcoterrorista y desgaste del bipartidismo) desembocó en la Constitución de 1991 y en la apertura política a sectores minoritarios o marginales (indígenas, afros y grupos insurgentes). El pluralismo, en religión y política se convirtió en eje rector y principio de la Constitución y del nuevo país que quería brillar. El resultado inicial de esa apuesta por el pluralismo político fue la proliferación de partidos y movimientos. La facilidad otorgada por la nueva Constitución para crear agrupaciones permitió pasar de 2 partidos a más de 80, eso sin contar con expresiones políticas regionales y locales que pasaban de mil. Salvo contadas excepciones, la apertura fue aprovechada en beneficio propio por los grandes gamonales políticos, quienes vieron en el régimen laxo una posibilidad de armar sus propios partidos y empresas electorales unipersonales. Dispersión, pero poca renovación. Los vicios (delitos) de la compra de votos, la financiación ilegal de las campañas y el ingreso de personajes cuestionados al proceso político se mantuvieron, y hasta se agudizaron, en esta época.
El pluralismo, en religión y política se convirtió
en eje rector y principio de la Constitución
Al movimiento centrífugo de apertura con todos sus peros y problemas le siguió una reacción centrípeta de cierre y cualificación del sistema. Desde el 2003 hasta el 2011, se apretaron las tuercas elevando las exigencias para crear y sostener partidos políticos. Aunque hubo avances en temas de organización, bancadas y listas únicas, otra vez la clase política marrullera supo acoplarse a las nuevas reglas de juego. Algunas microempresas nacidas de la apertura del 91 se fusionaron para cumplir con los nuevos mínimos y por virtud del transfuguismo se crearon nuevos partidos como el de la U. Pero como en este país los problemas estructurales apabullan cualquier reforma, y como precisamente nos gusta tanto legislar para evitar enfrentar las causas reales de los problemas, paralelo a la implementación de esta reforma se dio la colaboración/cooptación entre un gran porcentaje de nuestra clase política y las estructuras paramilitares. Agrupaciones como Alas Equipo Colombia (Ramos, Araújo, Suárez Mira y compañía) y el aún vigente Cambio Radical (partido con más condenados por parapolítica) entre muchos otros, demostraron que la crisis de la representación política no pasaba por el número de partidos o por umbrales mínimos, sino por cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la ética, la responsabilidad y con unas relaciones íntimas entre variadas expresiones de la criminalidad y la actividad pública.
Aunque hubo avances en temas de organización, bancadas y listas únicas,
otra vez la clase política marrullera
supo acoplarse a las nuevas reglas de juego
Y acá estamos, en el 2017, después de 60 años de conflicto armado intentando avanzar en la construcción de un país diferente. La apertura política y la crisis de los partidos vuelven a ser temas centrales del debate nacional. Se discute en el Congreso una nueva reforma, que en sus orígenes busca darle voz a expresiones diferentes en medio de lo que esperamos sea también una nueva política más allá de las armas y lejos de los vicios de siempre. Pero no aprendemos. El texto de la reforma constitucional, que casi se hunde por maniobras politiqueras del presidente de la Cámara (Cambio Radical), se discute en un Senado más interesado por mantener el status quo o promover posibles coaliciones de mayorías, que por efectivamente reformar la manera de hacer política o abrir espacio a nuevas fuerzas.
Nos gobierna una clase política sin ningún afán de reforma o de permitir el ingreso de nuevos actores al escenario. Con la entrada de las Farc, condición necesaria para el éxito del proceso de negociación, la vieja clase política, no importando el color, se intentará presentar como los defensores del sistema democrático contra la extrema izquierda y la amenaza castrochavista . Nada más útil para camuflar sus sistemáticos escándalos y su falta de legitimidad.
Con los partidos y en los espacios de representación política el único verdadero motor del cambio es el voto autónomo, informado y responsable. Necesitamos políticos decentes moviéndose en un sistema que promueva y permita nuevas expresiones y que castigue el clientelismo y la corrupción. Pero eso solo se logra cuando las urnas hablan fuerte y claro. Marzo está a la vuelta de la esquina.
