En agosto de 2012 Alberto Mariño, entonces representante del Grupo Aval en la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol, buscó al abogado Néstor Humberto Martínez para que les ayudara a resolver una duda jurídica alrededor del contrato que tenían en ese momento: ¿era posible hacer una adición a la obra actual? La respuesta de Néstor Humberto Martínez—uno de los abogados más experimentados en el país y uno de los hombres de confianza de Luis Carlos Sarmiento, socio minoritario de Odebrecht en la concesionaria— fue positiva. Esta quedó consignada en un concepto que entregó en septiembre de ese año, y que dos añosdespués serviría de soporte jurídico para firmar la adición del tramo Ocaña-Gamarra en marzo de 2014.
El fiscal Martínez aseguró en entrevista con El Espectadorque no recordaba ninguna otra asesoría a la concesionaria antes de 2012. Sin embargo, el 26 de febrero de 2010 la firma de abogados Martínez & Martínez Abogados Consultores Ltda., en cabeza del fiscal, le presentó a la Ruta del Sol una propuesta para la “asesoría a CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. (en adelante el CLIENTE) con el objeto de suscribir un contrato de estabilidad jurídica” por un total de $ 80 millones. A la oficina de Martínez el 15 de marzo llegó respuesta de Marko Harasic, representante legal de la Concesionaria, aceptando la propuesta y contratando de manera inmediata sus servicios. La asesoría de Martínez terminó en el eficazcontrato que le ahorró millones a la concesionaria.
Néstor Humberto Martínez ha sido un exitoso abogado que por más de veinte años ha asesorado poderosos grupos económicos en el país como la Organización Ardilla Lülle, al empresario colombo español Carlos Mattos o al magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Servicios profesionales que ha sabido combinar con poder político y en cargos públicos de primer nivel: fue ministro de Justicia del liberal Ernesto Samper, del Interiordel consevador Andrés Pastrana y ministro de la Presidencia de Juan Manuel Santos –un cargo creado ad hocpara él–, al tiempo de haber participado en la fundación de partidos como Cambio Radical en 1998, cuya cercanía con su jefe político Germán Vargas Lleras resultaría clave para que el Presidente Santos lo incluyera en la terna que habilitó su llegada a la Fiscalía.
El 14 de agosto de 2014, una semana después de iniciado el segundo período de Juan Manuel Santos, el abogado Néstor Humberto Martínez, encargó de su prestigioso bufete a su hijo Camilo Martínez, para posesionarse como el superministro de Santos. Su oficina pasaba al Palacio de Nariño desde donde comenzó a hacerse sentir. En octubre de 2014, Martínez firmó el Conpes de la vía Ocaña-Gamarra, un contrato de adición al de la Ruta del Sol II. Permaneció solo once meses cuando renunció el 2 de junio de 2015 después de un pulso interno con la consejera María Lorena Gutiérrez, quien terminó reemplazándolo y quien ahora es la presidenta de Corficolombiana, la empresa social de Oderbrecht.
Martínez se embarcó en un nuevo propósito personal: alcanzar la Fiscalía general de la Nación. Buscaba reemplazar a Eduardo Montealegre, cuyo período concluía en marzo de 2016.
Regresó a sus negocios particulares y retomó viejos clientes. Un mes después, en julio de 2015, formalizó una nueva asesoría con la Concesionaria Ruta del Sol —esta vez a nombre de Estudio Jurídico MNA Ltada., otra firma suya constituida el 16 de septiembre de 2014—. Una vez más se trató de un contrato de estabilidad jurídica que la concesionaria aceptó ese mismo mes.
En agosto de 2015, tan solo un mes después de asesorado a la concesionaria, recibió en su oficina a su amigo Jorge Enrique Pizano, quien se desempeñaba como auditor de Corficolombiana en el proyecto Ruta del Sol. Necesitaba un consejo personal y profesional, dada su cercanía con el grupo Aval, Corficolombiana y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pizano había identificado irregularidades sospechosas en la contratación de la Concesionaria Ruta del Sol que, según él, venían presentándose desde 2013.
Pizano grabó dos conversaciones. El 30 de octubre de ese año, tres años antes de que estallara el escándalo Odebrecht en Colombia, prendió las primeras alarmas sobre unos pagos irregulares que detectó por no cumplir los requisitos del sistema Sarlaft, tarea que tenía Pizano como auditor. Al final, encontró por los menos 6 contratos falsos que significaban alrededor de $ 21.000 millones. Las irregularidades se las reportó a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana detenido por el Caso Odebrecht, quien ignoró las advertencias del auditor del proyecto.
Como se escucha en las grabaciones —reveladas por Noticias Uno y El Espectador— Pizano le pidió a Néstor Humberto que intercediera por él para que Sarmiento se enterara de sus hallazgos. Sin embargo el Fiscal ha asegurado desconocer cualquier irregularidad: “ningún delito conocía yo, vuelvo y le insisto”, le dijo a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.
La segunda grabación revelada por El Espectador contradice las palabras del fiscal. Martínez le leyó a Pizano un concepto que le envió un penalista sobre los delitos que se habrían configurado en los hallazgos. “Mire todos los delitos que se han cometido: Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto… agravado por la confianza”. Según el audio, Martínez le dijo que Luis Carlos Sarmiento ya estaba enterado de todo.
Mientras Pizano seguía recogiendo información sobre los pagos irregulares, que ya no serían por cerca de $ 21.000 millones sino de $ 55.000 millones según lo reveló Javier Mejía, gerente contractual de Consol —el Consorcio Constructor Ruta del Sol compuesto por Odebrecht, la filial de Corficolombiana Episol y CSS Constructores de Carlos Solarte— a Néstor Humberto Martínez como abogado del Grupo Aval se le encargó la tarea de redactar un contrato de transacción entre Odebrecht y Epsiol para que la multinacional brasileña respondiera por $ 33.000 millones en pagos injustificados que se hicieron desde la concesionaria.
Ese contrato se firmó en la oficina de Néstor Humberto el 7 de abril de 2016 en el que además se pactó una cláusula de confidencialidad y no tomar medidas legales entre las partes. Cuando Jorge Enrique Pizano se enteró de ese arreglo, más de un año después, hizo una pregunta incómoda que se la trasmitió a la periodista María Jimena Duzán, con quien ya había creado un diálogo alrededor de sus denuncias: ¿Por qué se pactó un acuerdo para pagar $ 33.000 mil millones si los contratos irregulares ascendían a más de $ 50.000 millones? Según Martínez, solo se pudo documentar ese monto. Esta habría sido su última actuación como abogado del Grupo Aval.
La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general estaba cantada. Aunque el presidente Santos abrió una convocatoria para el cargo, para el que llegaron más de 150 candidatos de todos los sectores, el 4 de mayo Santos presentó una terna con personas de su círculo: su exministro de Justicia Yesid Reyes, la asesora del gobierno para temas de justicia transicional Mónica Cifuentes y Martínez. Su nombramiento tuvo un gran empujón en la Corte Suprema de Justicia, que al final lo eligió con 17 votos. El exmagistrado y expresidente de la Corte Leonidas Bustos, quien salió del tribunal en 2016, se convirtió en su jefe de debate ante los otros magistrados para ambientar su elección. Hoy Leonidas Bustos está siendo investigado como uno de los protagonistas del Cartel de la toga.
El 11 de julio de 2016 Néstor Humberto Martínez se impuso en la Corte Suprema de Justicia y el 1 de agosto tomó posesión de su cargo. Su nombramiento llegó acompañado de un compromiso que registró el portal Razón Pública el 17 de julio de ese año: haría públicos todos sus impedimentos y conflictos de interés, derivado de su ejercicio profesional. Además, dejó el camino despejado para que la Corte Suprema nombrara un fiscal ad hoc que no fuera subalterno suyo para garantizar la imparcialidad en las investigaciones.
Un mes y medio antes de la posesión de Martínez en la Casa de Nariño, el 19 de junio el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, era capturado en Brasil por el escándalo de corrupción, sin conocerse aún su alcance con Colombia. Y cuatro meses después, el 21 de diciembre, la justicia norteamericana revelaba el escándalo en varios países más.
La relación en el pasado del recién posesionado fiscal Néstor Humberto Martínez encontró en este caso una oportunidad única para mostrar el talante de la institución a su cargo. El 12 de enero el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales era capturado y tres días después era detenido el exsenador Otto Bula, quien terminó aceptando haber movido sus fichas para que la Concesionaria Ruta del Sol se ganara la adición del tramo Ocaña-Gamarra, el mismo para el que Martínez había dado su concepto como abogado del Grupo Aval.
El senador Jorge Enrique Robledo fue uno de los más insistentes en decir que el fiscal debía declararse impedido para investigar el caso Odebrecht. Primero porque la firma MNA Martínez Abogados, que entre 2014 y 2016 prestaba asesorías jurídicas, presentó un concepto para la empresa Navelena S.A.S. firmado por su hijo Camilo Martínez. El fiscal anunció el 22 de diciembre de 2016, un día después de conocerse el escándalo Odebrecht, que se abría investigación contra Navelena, la cual tenía negocios con Odebrecht, pero el escándalo tumbó esa relación empresarial.
El 27 de marzo, el senador Robledo insistió en el impedimento del fiscal Martínez, esta vez por el corredor vial Ocaña-Gamarra. Robledo conoció el concepto jurídico que había dado, y pocos días después el fiscal envió su impedimento a la Corte Suprema de Justicia para investigar a las exsenadoras Gina Pardoy y Cecilia Álvarez, quienes también estaban impedidas para firmar el Conpes de 2014 porque con el proyecto terminaban beneficiadas particularmente.
Este ha sido su único impedimento en el capítulo Oderbrecht a pesar de la relacion profesional con la concesionaria desde el 2010. Las evidencias han llevado al presidente Duque a pronunciarse y dejar la puerta abierta para que la Corte nombre un fiscal ad hoc. En la misma línea se pronunció el procruador Fernando Carrillo, quien con firmeza exigió crear una “fiscalía ad hoc” para todo el caso Odebrecht. La Corte Suprema tiene la palabra.
