El último acto público del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira fue mentirnos en vivo y en directo a los colombianos sobre temas relacionados con Odebrecht y de paso cogernos de burlesco haciéndose el digno con el caso Santrich. Esa es la sensación que queda luego de conocer las informaciones del diario El Espectador y a las cuales hace algunos días también se había referido Semana y otros portales.
No es de poca monta ello porque se trataba ni más ni menos que de la persona que debía hacer las investigaciones de carácter penal de todos los colombianos, acusar, investigar, determinar capturas o no y, sobre todo, dar garantías de transparencia y seguridad en la lucha contra la corrupción; pero está quedando cada vez más claro que pareciera un fiscal al servicio del poder de su jefe financiero, el socio (y sus socios) de Odebrecht, es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo, más que un funcionario interesado en que no se robaran la plata del Estado que es de todos los colombianos, suya y mía amigo lector.
Dan cuenta esas nuevas indagaciones periodísticas y las anteriores de que el hijo del maestro “Salustiano Tapias” sabía que la Corte Suprema de Justicia ya tenía desconfianza con sus actuaciones jurídicas frente a la multinacional brasilera, la cual está en el centro del entramado corrupto en más de 15 países para quedarse a través de coimas con enormes obras de infraestructura oficial.
Desconfianza de la Corte Suprema frente a Martínez por sus “actuaciones” frente a los políticos, presidentes, expresidentes, empresarios, firmas de ingenierías, funcionarios de los gobiernos de Uribe y de Santos que se prestaron para el tumbis en que resultó la ruta del Sol II ( recuerden el viceministro García Peña y las exministras de Santos Parody y Álvarez, solo por mencionar tres de los personajillos con sus manitas creativas metidas en ese turbio negocio). Situación que estaba llevando a la Corte a discutir la separación del cargo de Martínez, aparatarlo de conocer todo lo que era Odebrecht o suspenderlo, pues varios de los miembros de la Suprema habían concluido que les había mentido y sí había conocido, el entonces fiscal Martínez, con anterioridad a ejercer como tal, de posibles irregularidades sobre los contratos y las ejecuciones que hacía la multinacional brasilera.
Es decir, la Corte ya no tenía credibilidad sobre lo actuado ni en la imparcialidad o neutralidad de Martínez Neira en ese caso y pensaba discutir nuevamente en sala plena el 21 de mayo pasado sobre la posibilidad de apartarlo como fiscal —con una orden del propio tribunal— de todo aquello relacionado con ese escabroso robo al erario colombiano. Lo cual sin duda si atacaba la imagen y la credibilidad de forma directa del entonces fiscal.
Pérdida de credibilidad sobre el exfiscal, que cimentó el hecho de que carpetas de este tema llegaran tarde al fiscal ad hoc, y una serie de trabas presentada sobre el ejercicio mismo de esa investigación, que involucra a los tres últimos gobiernos colombianos: los dos periodos de Uribe, los dos de Santos y el de Duque, a este último por el pago hecho durante la campaña presidencial a su publicista por parte de la multinacional.
Faltará algo para que nos demos cuenta los colombianos que ese asunto de Martínez, sus jefes banqueros, expresidentes y la clase política es uno de los mejores ejemplos de cóctel corrupto de alto tTurmequé, estrato diez en nuestro país, porque enrolla a la gente divinamente, la clase dirigente actual y quienes tienen la preparación y el conocimiento para poder generar entramados de capas legales, procedimentales, mediáticas y hasta coercitivas, para tratar de evitar que se aplique justicia real con castigo incluido y reparación de daño como debe ser.
Lo mejor que todos podemos hacer es no olvidar a sus protagonistas, recordarlos, hacer públicas sus acciones, presionar desde la moral ciudadana para que se actúe y tratar de accionar desde la educación para evitar futuras conductas de este tipo.
