En la mayoría de países, los servidores públicos, con independencia de la rama del poder público a la que se vinculen, deben observar unas mínimas normas éticas que sirvan de garantía para que sus actuaciones se enmarquen en la moralidad pública. La situación se complica cuando un individuo como Néstor Humberto Martínez Neira, actual Fiscal General de la Nación, quien fuera asesor de Corficolombiana, empresa vinculada al Consorcio “Ruta del Sol II” y Odebretch, en entrevistas negó tener conocimiento de actividades delictivas antes de su nombramiento como fiscal; aunque las evidencias dicen lo contrario.
Jorge Enrique Pizano, exauditor interno del consorcio, recientemente fallecido en circunstancias dudosas, había sostenido reuniones con Martínez y le había comunicado irregularidades respecto de la ejecución del contrato de la Ruta del Sol II. En una primera entrevista al canal Caracol, el fiscal, en respuesta a unos audios grabados por Pizano, manifestó: “Yo le pregunté a Jorge Enrique si eran coimas, sí o no. Y él me dijo que no tenía certeza. Es decir que él no sabía si era un delito de corrupción”. Días después, en otro audio revelado por El Espectador, se escuchó a Martínez decir: “Mire todos los delitos que se han cometido (…) Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación”.
Ahora bien, el actual fiscal afirma que para la época no estaba todavía designado y que, por ello, no estaba obligado a denunciar... y aunque pueda esgrimir interpretaciones leguleyas para justificar que omitió denunciar la apropiación de recursos públicos, en el caso de que no exista delito, por lo menos sí hay un claro dilema ético: ¿cómo puede ser fiscal un ciudadano que conoció delitos contra la administración pública y se abstuvo de denunciarlos?
