En días pasados, me sorprendió escuchar al ministro de Justicia Yesid Reyes hablando sobre el decreto 1227 del 2015 con el cual se agiliza el trámite administrativo para que los transexuales puedan cambiar el sexo consignado en el Registro Civil. Tengo que aceptar que nunca en mi vida había escuchado a un representante del Gobierno defender con tanto ahínco, consistencia jurídica y claridad política, a una minoría históricamente discriminada.
En distintos medios de comunicación, el ministro Reyes explicó detalladamente el sentido del Decreto y sus efectos jurídicos. A todo el coro de ciudadanos ‘preocupados’ porque el Estado estuviese permitiendo que los transexuales pudiesen casarse e incluso adoptar niños, Reyes les respondió con vehemencia: “si uno les permite a los transexuales cambiar de sexo pero sin ninguna implicación legal, no veo qué importancia pueda tener (el cambio)…”. El ministro fue enfático: claro que los transexuales se pueden casar, claro que pueden adoptar y claro que adquieren todos los beneficios y obligaciones que se derivan de tener alguno de los dos sexos que prevé la legislación actual.
Mientras que para cualquier persona con sentido democrático y de justicia resultaría natural celebrar un avance legal como el que representa este decreto, me llamó la atención que muchos de los que, habitualmente, se presentan como liberales y progresistas se mostraran ‘preocupados’ por la iniciativa del Gobierno. ¿Por qué les preocupa que se le reconozca un derecho a los transexuales? ¿Qué terrible mal podría derivarse de intentar dignificar la vida de una población minoritaria?
Entre el coro depersonas que expresó su ‘preocupación’ estaba Néstor Morales. Confieso que a veces me hago, voluntariamente, el daño de escuchar a Morales solo para recordar los retos sociales y éticos que tenemos como país.
En entrevista al ministro Reyes, Néstor cuestionó por qué en Colombia se había emitido un decreto para cambiar de ‘manera exprés’ el sexo. Concretamente, el periodista planteaba la posibilidad de que un trámite tan expedito pudiese ser ‘aprovechado’ por algunos homosexuales para acceder a los beneficios de cambiarse de sexo. Para Néstor, un trámite tan ‘sencillo’ abre la puerta para que cualquier homosexual oportunista decida cambiarse el sexo solo para poder casarse, adoptar y reducir los años para su jubilación.
El ministro, armado de paciencia, le explicaba a Néstor que el hecho de que algunos ciudadanos decidan aprovecharse de una norma que protege a una población discriminada, no es un argumento para abstenerse de proferir la norma. Habrán siempre personas que quieran engañar al Estado, pero no por eso las democracias deben proceder como si todos los ciudadanos fuesen unos tramposos.
Es como cuando algunos uribistas salieron consternados a decir que la Ley de Víctimas resultaba tan generosa con esta población, que ahora “todo el mundo iba a querer ser víctima…”, así que ante el “riesgo” de que empezaran a pulular los ‘travestis del conflicto armado’, era necesario obligar a quienes desean los “beneficios de ser víctima” a demostrar su estatuto.
No quiero dejar de señalar lo insultante que resulta pensar que es delicioso haber sido víctima del conflicto armado y que deba considerarse como un ‘beneficio’ lo que, a todas luces, no es más que un modo de corregir una situación de vulnerabilidad previa. Sin embargo, es muy frecuente que quienes critican los intentos del Estado por transformar situaciones históricas de inequidad, esgriman el argumento de que tal búsqueda implica un ‘beneficio’ para la minoría discriminada y, por tanto, se debe limitar al máximo su uso.
Lo que ‘preocupa’ a gente como Néstor es que los derechos de los vulnerables resulten tan ‘fácilmente’ exigibles que, entonces, todo el mundo quiera declararse transexual o víctima para obtener los beneficios que no tienen los demás. Así que para evitar que se engañe al generoso Estado, los Néstor proponen que se pongan todas las trabas posibles para que solo quienes puedan demostrar su condición de vulnerabilidad puedan beneficiarse de ella.
Visiblemente consternado, Néstor le preguntó al ministro Reyes por qué no se le exigía a los transexuales un “certificado médico” para realizar el trámite de cambio de sexo. Para él, si un médico o una junta médica, después de someter al sujeto a todo tipo de interrogatorios, test, observaciones y auscultaciones, no certifica que el sujeto está enfermo, entonces la persona no debería tener el beneficio de cambiarse de sexo. ¡Que demuestren que son anormales para obtener beneficios!
El ministro, con un sentido de humanidad y de justicia que pocos funcionarios públicos tienen, le respondió de manera tajante a Néstor: “¡pues porque someter a una persona a ese proceso es indigno!”.
Y luego sobrevino la réplica exaltada de Néstor: “Ministro, ¿y a usted por qué le parece indigno si eso ocurre en todas partes del mundo?¡Incluso en Europa, cuna de libertades, se exige el certificado de un psiquiatra…!”.
Reyes, con un estoicismo que debería ser ejemplo para todo el Gobierno, contestó al pobre argumento colonialista y patologizante de Néstor: “Pues entonces me siento aún más orgulloso de que Colombia haya dado este primer paso…”.
Esas son las agridulces sorpresas que da esta tierra mágica: funcionarios públicos que se esfuerzan hasta el cansancio por convencer a un periodista de que todos tenemos derecho a vivir dignamente.
