Sin temor a exagerar, podemos afirmar que la oligarquía colombiana, desde cuando abandonó el modelo cepalino para adoptar el neoliberal, toda su preocupación pasó a disiparla mediante una obediente aceptación de las “recomendaciones” impuestas por el FMI, el Banco Mundial y la Reserva Federal, de las cuales las 10 más importantes son las que conocemos como Consenso de Washington y constituyen la esencia de tal modelo.
Aunque muchos de los cambios operados a partir de dicha metamorfosis ya venían siendo adoptados en virtud de las imposiciones de las mencionadas instituciones, ello no obsta para que algunos fechen su partida de nacimiento en las postrimerías del gobierno de Virgilio Barco, iniciador de la apertura económica. Fue, sin embargo, su sucesor, César Gaviria Trujillo, quien radicalizó la aplicación del modelo mediante sus políticas de flexibilización laboral, disminución del gasto público, reducción de aranceles y de impuestos directos al gran capital mientras incrementaba el IVA.
No olvidemos que fue César Gaviria el que dio inicio al desarrollo de una de las esencias del neoliberalismo, la de reducir el Estado. Con tal propósito, comenzó la venta, a precio de gallina flaca, de muchas de las más importantes empresas que el país tenía, especialmente en el sector financiero, y la liquidación de varios cientos de entidades públicas, de las cuales se salvaron las que se financian con aportes parafiscales, gracias a la resistencia que ofreció la ciudadanía ante tal intentona. De tal resistencia quedó como testimonio la ley 119 de 1994, primera Ley de iniciativa popular, la cual dejó por el suelo el decreto 2149 de 1992 con el que se pretendió privatizar al SENA.
Esas políticas de Barco y Gaviria ya se venían dando en otros países. Recordemos, por ejemplo, a Estados Unidos e Inglaterra, con Thatcher y Reagan, pero también a Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien para el caso contó con la asesoría directa de varios integrantes de la escuela de los Chicago Boys, fieles apóstoles del neoliberalismo.
Lo que hasta hoy vienen realizado todos los gobiernos posteriores a Gaviria es una seguidilla de medidas de igual tipo, con las cuales siguen privatizando el patrimonio público, alterando negativamente la progresividad tributaria, reduciendo el gasto social, precarizando la satisfacción de los derechos fundamentales de la población, entre ellos el empleo, incrementando los márgenes de utilidad al gran capital y, en consecuencia, haciendo más ricos a los verdaderos dueños del país. A pesar de todo ello, muchos teóricos afirman que el modelo está en crisis. Preguntémonos, entonces: Si lo está, ¿por qué sigue dándoles tan buenos dividendos a quienes nos lo imponen y por qué nos lo siguen imponiendo?
