Esta mañana al término de una audiencia realizada en el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, se dio lectura al “sentido del fallo condenatorio” contra el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra y demás personas vinculadas al intento de fraude electoral en las elecciones atípicas del 1 de julio de 2012 para elegir gobernador del Valle del Cauca. El fallo condenatorio definitivo será proferido el próximo 2 de mayo de 2016.
De acuerdo con la decisión del Juzgado, el fallo condenatorio cobija a otros sujetos procesales que intervinieron en la comisión de delitos electorales, entre quienes se encuentran Jairo Candelo Banguero, exdiputado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; Oscar Yesid Ramírez, exregistrador (ad hoc) del municipio de Sevilla; Alina García Martínez, exregistradora (ad hoc) de Jamundí; María del Pilar Yangana Cubides, secretaria del Movimiento MIO; Luis Enrique Forero Téllez, exconductor de la Registraduría Nacional; José Francisco Angulo Jaimes, técnico sistemas de la Registraduría Nacional; todos fueron acusados por cohecho propio y alteración de resultados electorales en modalidad tentativa.
Antecedentes
El proceso de elecciones atípicas en el Valle del Cauca se llevó a cabo el día 01 de julio de 2012, después de la destitución realizada por parte de la Contraloría General de la Nación al señor Héctor Fabio Useche por detrimento patrimonial de $40.767 millones en la Industria de Licores del Valle. Aurelio Irragori Valencia fue designado en su reemplazo como gobernador provisional, y el 4 de mayo de 2012, de una terna enviada por el Partido Movimiento Inclusión y Oportunidades (MIO), fue nombrada Adriana Carabalí como gobernadora hasta la realización de las nuevas elecciones. Las elecciones se llevaron a cabo el 1 de julio de 2012 y resultó elegido legalmente Ubeimar Delgado.
Como se recordará, el intento de fraude electoral fue descubierto por la Policía un día antes de los comicios y el escándalo surgió el 1 de julio (el mismo día de las votaciones), cuando investigadores de la Dijín y la Fiscalía capturaron a seis personas acusadas de organizar todo un complot tendiente a blindar y alterar los resultados electorales a favor del candidato Francined de Jesús Cano Ramírez, avalado por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), estructura política del exsenador Martínez.
Los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil resultaron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por ésa intervención ilegal para intentar alterar los resultados de ésas elecciones. El plan irregular, denominado “blindaje”, fue patrocinado y financiado por el señor Juan Carlos Martínez Sinisterra.
Se supo que el señor Angulo creó un centro de cómputo en el cual se utilizaron unas claves (proporcionadas por un servidor de la misma Registraduría) que permitieron acceder a la información antes que la Registraduría, con la finalidad de hacer las comparaciones entre la información del preconteo que manejaba la empresa contratista (ASD) – Registraduría, y lo que reportarían los testigos electorales. A cambio de ello, habría exigido una contraprestación en dinero, así como la promesa de formar parte del equipo de trabajo del señor Juan Carlos Martínez Sinisterra, entre otros beneficios. Fue destituido e inhabilitado por 15 años.
Alina Martínez García suministró de manera irregular el listado de los jurados de votación, de los registradores y testigos que intervinieron en las mencionadas elecciones atípicas. Fue destituida e inhabilitada por 10 años, junto con la analista de sistemas Adriana Lucía Castro Guzmán.
Como se sabe, la Procuraduría había sancionado al exsenador Juan Carlos Martínez por parapolítica con destitución e inhabilidad por 20 años; además, le adelantan procesos penales relacionados con el narcotráfico y será condenado el 2 de mayo de 2016 por cohecho y delitos electorales.
