Era diciembre y Ciénaga, Magdalena, estaba de fiesta. Fue entonces cuando el registrador municipal Eduardo Noguera Dangond tomó cartas en el asunto: convirtió en ciudadanos colombianos a tres hombres sirios que jamás habían pisado el país y que tiempo después, cuando fueron arrestados en Estados Unidos, no sabrían pronunciar una sola palabra en castellano.
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Noguera los hizo nacionales como por parte de magia. Se coló al sistema de identificación aprovechando que funcionarios del vecino municipio de Pivijay, en Magdalena, habían dejado abierto el acceso, no se sabe si deliberadamente o por descuido. Después digitó sus nombres y les construyó una breve historia registral que legalmente los habilitaba para recibir cédulas colombianas.
Así, Al Hariri Al Hariri Ahmad, Tuameh Tuameh Bachar y Al Refaee Al Rafaee Amer pudieron ingresar a la Unión Europea cuando la visa Schengen dejó de regir para los colombianos y después aplicaron con éxito para la visa Estados Unidos. Una alerta de la Policía Internacional (Interpol) encendió las alarmas en el despacho del registrador nacional del estado civil, Alexander Vega. Los tres supuestos colombianos habían caído en Los Ángeles en el curso de una redada contra células terroristas y de trata de personas. El reporte decía que, aunque llevaban documentos colombianos, no sabían explicar cómo se llamaba y donde quedaba la ciudad en la que habían nacido.
Eduardo Noguera Dangond, exregistrador de Ciénega
No era extraño que personas con ascendiente sirio o libanes hubiesen nacido en la Costa Caribe, donde su colonia es grande. Lo que si resultaba extraño era la ruta que teóricamente habían seguido los tres hombres para tramitar sus cédulas. Según las bases de datos, sus registros civiles se encontraban en una notaría de Cartagena, pero ninguno de los tres había tramitado su cédula ante la Registraduría distrital de la ciudad, como sería lo lógico, sino que prefirieron viajar cinco horas hasta Pivijay.
La mentira comenzó a desplomarse cuando Interpol y Registraduría verificaron la autenticidad de la información. Margarita Rojas Jiménez Nájera, notaria primera del círculo de Cartagena, revisó los archivos y confirmó que los seriales asignados a los registros civiles de los sirios no correspondían a los asignados por su oficina. La firma Safran Identity & Security hizo una auditoría a los sistemas de identificación y registro civil y encontró que el código de usuario usado para vulnerarlo, por mucho que lo hubiera querido disfrazar, era el del registrador de Ciénaga.
Rodrigo Pérez Monroy, entonces funcionario de la Oficina de Control Disciplinario, viajó de urgencia a la Costa y tras un muestreo encontró que el mismo registrador Noguera Dangond estaba cedulando masivamente a ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos.
Aferrados a vacíos legales, Noguera y otros servidores de la Registraduría aceptaban como suficiente que los interesados en conseguir su cédula se presentaran con dos testigos que declaraban que ellos habían nacido en Colombia o eran hijos de padres colombianos. En el curso de una semana fueron confirmados cientos de casos así.
Las testigos cobraban por su declaración 100.000 pesos en promedio. Un poco mayor era la tarifa establecida por quienes decían ser el padre o la madre del extranjero que reclamaba cédula colombiana. Sus mentiras llegaban a ser tan burdas que algunos se presentaban con nombres que correspondían a homónimos que, sin embargo, según los registros, eran de menor edad que sus supuestos hijos nacidos en otros países.
El negocio debía ser pulpo para el registrados y su séquito. En principio no hubo evidencia de los pagos, pero estos se reflejaban en sus crecientes patrimonios personales: casas, vehículos finos, joyas y cuentas donde los saldos eran superiores a los ingresos promedio.
Un dolor de cabeza mayor surgió cuando la policía capturó a los registradores y funcionarios presuntamente comprometidos. Durante los procesos de legalización de sus aprehensiones algunos de ellos lograron enredar a los jueces de control de garantías sobre los pasos que debían ser seguidos para la expedición de una cédula y con la cita de normas, jurisprudencias y doctrinas.
Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional desde el 2019
Cuando el registrador nacional recibió noticia de que un juez se disponía a dejarlos en libertad, envío de nuevo al abogado Rodrigo Pérez Monroy a que le ayudara a absolver las deudas técnicas y legales sobre los procedimientos de la Registraduría. La explicación debió ser hecha con plastilina incluso en aspectos tan elementales como que el registro civil es el soporte de una cédula y que los dos dan vida al Número Único de Identificación Ciudadana (NUIP). Ese registro perdura entre el nacimiento hasta la muerte de una persona. De ahí que un registro civil falso o hechizo vicia también la cédula.
Le ayudó al juez a entender que los tres sirios consiguieron la falsificación de sus registros y les pagaron a ovejas negras de la Registraduría para que los post-grabaran en el sistema. La post-grabación sirve para incorporar al sistema registros que no fueron tramitados en línea o fueron expedidos mucho antes de que fuera posible transmitir directamente sus datos al Servicio Nacional de Inscripción.
También le ayudó a comprender que para esa post-grabación están habilitadas todas las estaciones de registro de las registradurías especiales, auxiliares y municipales, razón por la cual los sirios no tenían que haber viajado de Cartagena a Pivijay ni miles de venezolanos llegados a Barranquilla no se hubieran tenido que viajar hasta ese mismo municipio para hacer sus diligencias.
Al examinar caso por caso, Justicia y Registraduría encontraron también que cientos de extranjeros presentaron registros que los presentaban como hijos de colombianos con apostillados falsos. El apostillado es un certificado de autenticidad de la firma de un funcionario o de un agente diplomático. Varios de los documentos estaban sin el reconocimiento paterno y la respectiva casilla aparecía llenada a mano con esta anotación “Firmado en el registro extranjero”.
A Manuel Moreno, un ciudadano nacido en Istmina, Chocó, le falsificaron la cédula para hacerlo figurar como padre de varios hijos nacidos en Venezuela, país en el que él nunca ha estado.
El proceso de anulación de cédulas se estrelló contra el muro de la resistencia en círculos del alto gobierno porque las tensiones políticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque dieron lugar a que miles de personas procedentes de allí fueran acogidas sin reservas por Colombia.
El zar de las nacionalidades, que fue removido de su cargo, sigue libre porque hasta hoy se ha ejecutado un llamamiento a juicio.
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