Hace 3 semanas, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, procedentes de Bogotá practicaron unas inspecciones, que algunos califican de allanamientos, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda Departamental, departamento de Contratación de Nariño y oficinas de algunos licoristas. Lo que ha trascendido es que los funcionarios se llevaron copias de los discos duros de los computadores de esas oficinas, todo esto en desarrollo de una denuncia que cursa en la Corte Suprema de Justicia contra el Gobernador Romero por la manera cómo se negociaron 80.000 cajas de aguardiente en agosto del año pasado.
En el departamento de Nariño luego de que su industria licorera fuera liquidada, a principios de siglo, se inventaron un curioso sistema para comercializar los aguardientes. Un sistema que fuera ágil y eficiente aunque no muy ortodoxo, el cual fue consagrado posteriormente en la “Ordenanza 028 de 2010 que establece el Estatuto Tributario de Nariño”. Según la citada ordenanza, el gobernador periódicamente dicta un decreto en el cual determina los precios del aguardiente y las escalas de venta de este licor.
Un grupo de importantes licoristas decidieron crear el Consorcio Licosur para estar en capacidad de comprar en las escalas que se establecían por parte del gobierno departamental y desde hace varios años lo venían haciendo sin contratiempos. En la práctica, era una especie de monopolio porque dadas las escalas de venta nadie les competía. La última escala fue de 80.000 cajas por un valor de 18.000 millones de pesos.
Cuando asumió la gobernación Camilo Romero se suponía que continuaría con el mismo esquema y de hecho, Licosur desde enero 12 hasta agosto 18 de 2016 le envió varias cartas ofreciendo compra del aguardiente sin obtener respuesta. Sorpresivamente, el 24 de agosto, firmado por un gobernador encargado se dicta el “Decreto 364, por el cual se fijan los precios y escalas de venta de aguardiente Nariño”. Y en las siguientes 24 o 30 horas, en un verdadero récord mundial, la administración le vende a la Organización de Licores de Nariño SAS, empresa constituida en noviembre de 2015, coincidencialmente pocos días después del triunfo de Romero, con un capital suscrito de 500 millones y pagado de 5 millones.
En el breve lapso mencionado se hicieron las siguientes operaciones:
1 Se dictó el Decreto 364.
2 De "alguna manera", la Organización de Licoristas de Nariño SAS (OLN) se enteró del decreto, hizo solicitud de compra de licores y realizó dos consignaciones que acompañan a la solicitud. Una en efectivo por $2.087 millones y otra por 11.000 millones en un cheque, que solo tuvo fondos un mes después, según certificación bancaria.
3 La OLN presentó a la gobernación de Nariño una solicitud de estudio de crédito para el negocio.
4 La gobernación convocó el Comité de Crédito, integrado por Secretaria General, Secretario de Hacienda, Contador del Departamento, Tesorero del Departamento, Jefe de Presupuesto y Subsecretaría de Rentas. La reunión se realizó el 25 de agosto, a las 4 p.m. se adelantó el estudio y se aprobó el crédito “hasta por la suma de cinco mil ochocientos trece millones trecientos dos mil docientos pesos”. Por último, se redacta el acta y se firma.
5 Para que le aprobaran el crédito la OLN tuvo que presentar entre otros los siguientes documentos: solicitud escrita, certificado de existencia y representación legal, garantía bancaria o cupo de crédito (curiosamente el cupo de crédito por 15.000.100.000, otorgado por Bancolombia fue notificado a OLN SAS el 22 de agosto, dos días antes de expedirse el Decreto 364) y declaración de origen de fondos del solicitante.
Cuando uno mira tanta agilidad en el proceso administrativo es lícito suponer que el comprador estuvo al tanto con suficiente anticipación. El decreto de marras solo se expidió cuando el comprador tuvo aprobado el cupo de crédito de Bancolombia.
Finalmente, la gobernación envió un oficio a los antiguos compradores notificándoles el decreto 364. El oficio fechado el mismo 24 de agosto llegó el 26 a sus destinatarios, quienes inmediatamente consignaron algo más de $18.900 millones en efectivo. No obstante, cuando llegaron a la gobernación con solicitud de compra y respectivos soportes fueron informados de que el negocio se realizó el día anterior con OLN SAS.
La respuesta mediante oficio de la gobernación se efectuó el 30 de septiembre, más de un mes después.
En Nariño existe gran inquietud por lo que pueda pasar con el gobernador, quien maneja permanentemente un discurso anticorrupción que no se refleja en los hechos reales como el comentado.
