San Rafael viene consolidándose como un lugar de turismo por su naturaleza (con los charcos como su principal atractivo) y de biodiversidad (con una apuesta sostenible y con una construcción de proyectos de turismo comunitario para ofrecer experiencias de agroturismo con producción orgánica con café, caña, entre otros productos). Sus habitantes vienen repensándose el futuro de la región desde hace más diez años y observan de reojo los proyectos energéticos porque van en contravía de todo esto: ellos saben que el río Churimo es uno de los activos más valiosos para la comunidad y no solo por su emblemática cascada (tiene un significado especial para ellos).
Ahora bien, el oriente antioqueño produce cerca del 75% de la energía a nivel regional y alrededor del 30% a nivel nacional. Además, en el oriente en general hay seis grandes proyectos hidroeléctricos: de vecinos tienen al Peñol, en Guatapé, un proyecto energético con casa de máquinas que puede generar energía para el país por un año; la central de EPM playas en San Rafael; dos de Isagen con el proyecto de Jaguas y el de San Carlos. Allí tienen cuatro de las seis más grandes hidroeléctricas que tiene esta subregión antioqueña.
El titular de Clean Water SAS se llama Luis Fernando Hoyos, quien es hermano del senador Germán Hoyos. Esa empresa en el Registro Único Empresarial (RUES) tiene fecha posterior a las primeras reuniones que tuvo la consultora endémica con la alcaldía en agosto del 2019, por lo cual esta se constituyó con registro mercantil a la fecha 3 de septiembre de ese mismo año.
La empresa intermediaria del proyecto tuvo dos reuniones con las dos veredas directamente implicadas (Falditas y Quebradona). Sin embargo, lo que más se ha discutido en el municipio es que se limitó el proceso participativo, solo llegándoles directamente al alcalde y a las veredas directamente implicadas, sin haberlo socializado (después de gestionar durante un periodo de tiempo) con el concejo y con todos los sanrafaelitas.
Todo fue tan callado y tan secreto que solo este año el municipio se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. En consecuencia, Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) emitió una resolución para convocar a una audiencia pública el 28 de agosto del 2020 desde su sede, en Santuario, en la que solo podrán participar 30 personas y en la que se informará sobre el trámite ambiental para la licencia que permitiría la construcción de la microcentral, que tendrá un potencial de 6,42 megavatios.
El 31 de mayo del 2020, el alcalde Libardo Ciro Morales manifestó que el tema de la microcentral no era cuento sino una realidad y que le daba mucho dolor, pero ni el concejo ni la alcaldía podrían hacer nada para evitarlo. La base comunitaria es la única que podría hacer algo. Sin embargo, el 6 de junio cambió su postura, expresando desconocer el proyecto que quieren hacer en el municipio de San Rafael, que podría llevar hasta dos años de gestión, y que iba a hacer lo posible para proteger los intereses de los sanrafaelitas y el medio ambiente.
Algo similar ocurrió con el mandatario anterior, Abad Marín, quien dijo no saber nada al respecto del proyecto, pero que Cornare contradijo esta versión, afirmando haberse reunido con él para informarle sobre el proyecto, aunque haya salido a negarlo públicamente en Facebook.
“Nosotros consideramos que esta región ya ha hecho un aporte muy grande en términos de generación de energía a nivel nacional. En el oriente hay un auge de muchas licencias para construir pequeñas centrales hidroeléctricas. Debido a la legislación que ha asignado bastantes beneficios, por ejemplo: si usted quiere construir una PCH de menos de 10 Megavatios, no tiene que pagarle regalías al municipio, en el mapa de Cornare aparecen cerca de 46 puntos para construir microcentrales”, aseguró Juan Esteban Vergara, integrante del colectivo Somos del Río.
Como saben que apostarles a grandes embalses es tan complejo, produce tanto daño ecológico, sin contar con que los impactos económicos y sociales son tan evidentes, ahora saben que lo más factible es crear pequeñas microcentrales, que de todas maneras generan afectaciones, dado que estos pueden estar tomando cerca del 80% del caudal de una quebrada o de un río y deteriorando el medio ambiente y la vegetación.
“Desde Cornare y las empresas hacen procesos amañados, estos quieren favorecer los intereses privados por encima de los intereses de las comunidades que están en el territorio. El desarrollo urbano que hoy tiene Medellín tiene que ver con la fuerza económica de empresas como EPM, pero preguntémonos por la cantidad de recurso hídrico que le aporta el Valle de Aburrá con los sistemas de generación de energía a EPM y nos vamos a dar cuenta que son muy pocos. Todo lo traen de otras regiones y solo reciben una transferencia del 3%, hay que generar un debate en torno a cómo se ha compensado la ocupación de EPM frente a las compensaciones. Municipios como San Rafael sacrifican sus recursos y el beneficio que reciben es muy poco. Además, es muy mal administrado por las entidades públicas locales”, aseguró Vergara.
Puede que haya una división frente al tema de realizar o no los proyectos hidroeléctricos. Los adultos mayores son testigos de los efectos que ha tenido la implementación de estos, que por cierto no llegaron porque la gente quería, sino como una imposición. Hay investigaciones que de manera muy sutil relacionan la incursión del conflicto con estas apuestas de generación de energía.
Ver: Hidroeléctrica sobre el río Churimo, ¿una historia que se repite?
