El gran banquete de los billones, a nombre del proceso de paz, para seguir llenando los bolsillos de los principales medios de comunicación, agencias especializadas y algunas ONG, continuará en el 2016, cuando posiblemente se firme el fin del conflicto en La Habana, mientras los medios de comunicación regionales y alternativos seguiremos siendo los manipulados del paseo.
En la inversión de estos recursos, para la Casa de Nariño, muy poco, o nada, importan los medios de comunicación que tienen --sí, tienen-- impacto directo y real sobre las comunidades víctimas del conflicto armado. Nos utilizan solo para divulgar gratis boletines oficiales de prensa que también publican los grandes a altísimos costos, pagados por los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos.
Para el 2014, en contratos que combinan publicidad en televisión, radio, internet, prensa, el monto fue de $563.947 millones. En el 2015, las estadísticas indican una inversión cercana a 600 mil millones, orientada a monopolios mediáticos.
Por eso, el senador Iván Duque en un debate en el Congreso denunció que “este Gobierno entre el año 2012 y el 2014 se gastó más de 2,4 billones de pesos en publicidad y eventos”, pero nunca llegó un centavo a los medios alternativos. Son gastos para incidir sobre la carrera séptima de Bogotá, sin importar la inversión en las zonas donde algunos medios luchan día a día por sobrevivir en medio de la guerra".
La concentración de medios en manos de quienes mueven el sistema financiero, industrial y comercial de este país, fue discutida y sustentada en La Habana. Resultó, entonces, el preacuerdo sobre participación política, el cual contempla un marco legal que abra caminos a la participación, a la democratización de los medios de comunicación, a la financiación procedente de la publicidad del servicio público. A pesar de ello, el Gobierno, con estas inversiones, envía un mensaje contradictorio a los medios regionales y alternativos: “olvídense”… el poder seguirá siendo de los poderosos,¿Proclama del Cauca?, risa que nos da.
¿Por qué? Hay un acuerdo tácito FARC-Gobierno según el cual el funcionamiento del modelo político-económico, el de los Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Santodomingo o los Char, que han desvirtuado el papel de interés público y social del periodismo para convertirlo en mercancía y en lucrativos negocios, es intocable (clientelismo, ventajismo, corrupción, gabelas del poder), eso no es negociable; en este asunto no habrá cambios de fondo en la vida nacional.
La verdad es que la posibilidad de alcanzar la paz no llegará con el acuerdo que se logre en La Habana. La paz depende de lo que suceda en lo que llaman el ‘posconflicto’, en los 1.102 municipios que tiene el país, pero principalmente en los 125 clasificados por la ONU, basándose en los parámetros de análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las FARC; las acciones armadas con participación de las FARC, desarrollo y pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales, donde el departamento de Cauca lidera la lista con 20 municipios, lo que constituye un verdadero desafío para la construcción de una paz estable y duradera.
Pero esa paz también compete a los medios que cuentan con el poder de movilizar las fuerzas sociales y los diferentes estamentos para lograrla; esos medios que pueden visibilizar las quejas y las aspiraciones de cambio de las comunidades para que no se mantengan las mismas condiciones que fueron causa de lo que hay que acabar; es decir, con medios que a lo largo de muchos años, así sean pequeños, con paciencia y responsabilidad social han logrado convertirse en patrimonio moral y cultural de los habitantes de su entorno. Pero, contrariamente, el sistema mediático colombiano es altamente concentrado: los beneficiarios de la inversión pública pertenecen a los grandes grupos económicos y como dice Juan Manuel López Caballero, “el monopolio mediático sería obstáculo para la paz”. Ese puñado de medios, con apoyo del Gobierno, fomenta la inequidad en la distribución de la pauta publicitaria y al mismo tiempo impulsa una alta reducción de ofertas o plazas laborales para quienes desean formar parte de estos mercados.
Hablar de paz verdadera, es hablar también de equidad.
