El pasado viernes terminó el plazo para radicar los pliegos de peticiones en las entidades públicas por parte de las organizaciones sindicales del Estado. Este ha sido un proceso liderado especialmente por las centrales obreras tradicionales (CUT, CGT y CTC) e inaugurado desde el gobierno de Santos.
Al margen de las aspiraciones económicas y de estabilidad laboral de todo sindicato, por supuesto hay un punto de especial relevancia y preocupación, que en armonía con la constitución debería ser el de mayor interés y preocupación del movimiento sindical. Es el clientelismo expresado en los provisionales, los contratos de prestación de servicios y porque no, los trabajadores oficiales y los empleados de libre nombramiento y remoción.
Desde el inicio de la negociación colectiva, los pliegos de peticiones de estas organizaciones y de mucho sindicato creado para tal fin han sido para sabotear y obstruir los concursos de carrera administrativa. Esto para favorecer el clientelismo de los provisionales y la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios.
Como la Corte Constitucional ha prohibido estas formas irregulares de vinculación laboral, que son excepcionales, se inventaron mesas de estudio para los contratos de prestación de servicios, especialmente, y toda problemática laboral, que no son otra cosa que la dilación demagogica de reales soluciones a esta forma legal de clientelismo y paralaboralidad. Y para las otras formas laborales reseñadas, ni la más mínima referencia (trabajadores oficiales y de libre nombramiento y remoción).
El imperativo constitucional del mérito no hace parte de la agenda de estas centrales obreras (CGT, CUT y CTC). Es un sindicalismo premoderno y proclive a la continuidad de prácticas clientelistas que son corrupción.
La constitución quiso acabar con ese cáncer del clientelismo en el empleo público para brindar mayores posibilidades, en aplicación del derecho a la igualdad de oportunidades y de participación política, de que todo ciudadano pueda aspirar a ingresar al Estado sin palancas, pero ha encontrado en este movimiento sindical una piedra en el zapato que se comporta como cualquier partido político.
Conocidos los pliegos presentados por la CUT, CGT y CTC y como era de esperarse nuevamente atacan los concursos de carrera y han solicitado la suspensión de algunos concursos y, la aplicación de retenes sociales en sus pliegos. Los argumentos son los mismos que esgrimen cada que se programan los concursos.
De otra parte, está bien buscar mejoras salariales, de condiciones laborales, y de seguridad social, pero se extraña la ausencia de puntos que promocionen la ética pública y ataque a la corrupción.
El Estado está permeado por la corrupción, lo vemos a diario, y los sindicatos no pueden estar ausentes y ciegos a esa problemática.
De esta manera una sociedad no puede permitir ese tipo de representación de sus trabajadores, que solo buscan favorecer intereses clientelistas y particulares, con el manido argumento que están defendiendo los trabajadores y divorciados de la corrupción que carcome al Estado. Porque trabajadores son tanto los que están vinculados como los que aspiran a serlo en condiciones de igualdad y, porque los empleados del Estado y máxime si son sindicalistas están en la obligación de denunciar la corrupción.
El diseño legal por confederaciones y federaciones favorece intereses corporativos ajenos al interés general. Amen de que solo tienen afiliados a menos del 10% de la población trabajadora.
Se impone una reforma legal para modificar esa falsa representación de los trabajadores del país en federaciones y confederaciones y estimular la asociación sindical tanto en el sector privado como público sin acudir a este tipo de estructuras burocráticas e ilegítimas.
La negociación colectiva ha sido una oportunidad perdida para hacer realidad la meritocracia constitucional y luchar contra la corrupción de las entidades públicas.
La pasada negociación colectiva en Bogotá con una alcaldesa de perfil de izquierda es el mejor ejemplo de estas prácticas.
