El Tribunal Superior de Medellín falló en contra del preacuerdo solicitado por el cabecilla de las AGC en el Valle de Aburrá, alias Nanis, quien pretendía una pena de 34 años de prisión. Ante la oposición del representante de las víctimas, Carlos Arcila, exigiendo mayor severidad con el acusado, el juez les concede la razón el 19 de julio de 2022.
Por cuenta de las capturas que se han generado dentro de la organización, se ha cambiado la estructura para posicionar nuevos cabecillas, por lo que desde el año 2012 asumió como “cabecilla de zona” Héctor Fabio Orrego Jaramillo, conocido con el alias de “Nanis”, quien a su vez rinde cuentas a su superior alias Piolo, siendo este quien da las órdenes para que se materialicen los homicidios necesarios para las labores de la organización y en general, otro tipo de delitos, entre los cuales se le puede atribuir la responsabilidad de:
- Secuestro y homicidio de los menores Miguel Ángel Castellanos Rojas y Juan Esteban Valencia Rivera; 2. Secuestro y homicidio del menor Juan Camilo Rivera Ángel; 3. Homicidio de Jhon Edwin Rincón Taborda; 4. Desplazamiento forzado del núcleo familiar de varias personas, entre ellas tres menores de edad; 5. Desplazamiento forzado de otra familia, incluyendo menores de edad; y 6. Concierto para delinquir agravado.
El Clan del Golfo para su funcionamiento cuenta con 6 bloques y 23 frentes, con injerencia en 12 departamentos y 216 municipios del territorio nacional. Adicionalmente, cuenta con un componente logístico, una red de seguridad y vigilancia, un componente sicarial y financiero, entre otros tipos de financiación pendientes por esclarecer.
La estructura hace presencia en las comunas 8 (Villahermosa) y 16 (Belén) de la ciudad de Medellín (Antioquia) y en los corregimientos de Altavista y Mano de Dios, y desde 2009 se vale del Grupo Delictivo Organizado GDO “La Sierra” (nombre que lleva por el Barrio de su dominio) el cual se dedica a delitos similares a los que ejecuta “El Clan del Golfo”, como son la exigencia de dineros por una supuesta “seguridad” a los habitantes del sector, el control de plazas de expendio de estupefacientes y cobro de vacunas al comercio, ilícitos que les propician grandes sumas de dinero.
“La representación judicial de las víctimas se opuso a la negociación pues, en su sentir, la pena pactada no se compadece con la peligrosidad de la organización criminal a la cual pertenece el procesado y su alto perfil criminal, y adicional a ello, la fiscalía mitigó la gravedad de los hechos imputados a Orrego Jaramillo, pues es aberrante la sevicia con que se torturó y asesinó al joven Miguel Ángel, con total despreció por su dignidad y el dolor de su familia, al ordenar que su cuerpo fuera arrojado al río Medellín”, estableció el fallo.
El representante de víctimas solicitó mantener la decisión de primera instancia, por cuanto el acuerdo realizado, y concretamente la pena pactada, no es proporcional ni justa frente a los hechos ejecutados, y adicional a ello, el victimario no ha brindado ninguna colaboración, no existe verdad, la estructura criminal que dirige no es de poca monta y por ello coadyuva la decisión recurrida.
“Bajo este panorama, concluye la Sala que la forma consensuada para la terminación del presente conflicto evidencia serios vicios estructurales, no advertidos por las partes ni la primera instancia, lo que sin lugar a dudas afecta la legalidad de lo pactado, de allí que esta corporación no tenga otra disyuntiva que anular el acuerdo para que se rehaga la actuación conforme a sus exigencias, sin desconocer los derechos de las víctimas, ni despreciando los parámetros de justicia que se exigen a través de este mecanismo negocial conforme lo estipula el artículo 348 del C.P.”, concluye el fallo del juez.
De acuerdo con Carlos Arcila, representante de las víctimas, este fallo: “Reivindica justicia, verdad y garantías de no repetición. Exigiendo justicia especialmente por Miguel Ángel Castellanos por lo que sucedió con este joven que fue torturado, desaparecido y posteriormente tirado al río Medellín. Nuevamente debe realizarse un acuerdo en la pena de este cabecilla que cometió múltiples hechos delictivos”.
Amenazas contra los representantes de las víctimas
La Corporación Justicia al Derecho y Humans Rights International tiene un nivel de riesgo muy alto por los casos que viene asesorando como la extorsión que están realizando los combos de Los Chivos y los Pájaros en Belén y Altavista. Sus integrantes han expuesto públicamente cómo han subido el cobro de las vacunas, incluso los combos piden 100 millones por la cabeza de Julio Rengifo, que ha denunciado estos hechos desde esta organización jurídica. También vienen acompañando el caso de intento de homicidio agravado a una abogada con un ataque sicarial en La Estrella por parte de Los Triana y sumado a este caso en contra de las AGC; situación que tiene con grave riesgo a sus integrantes.
Fallo: https://drive.google.com/file/d/17Sgv406vBbE76Z9aaP4bSsIZ692K3Urf/view?usp=sharing
