La negación, eliminación o puesta en riesgo de derechos humanos constituye una violación por parte del Estado y define responsabilidades, que exigen ser tramitadas. El hecho de que la constitución defina a Colombia como estado social de derecho, implica una obligación superior para ofrecer garantías a los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) creados en 1966 para asegurar la igualdad. Ocurre sin embargo que el gobierno a pesar de repetir que se declara protector del estado social, los balances y realidades del bienestar colectivo, indican un grave retroceso y desprecio a la igualdad.
El partido de gobierno ha fracasado en la realización de derechos, en especial, por las actitudes del partido de gobierno, que ha convertido a la violencia en una finalidad útil para asegurar su propia existencia (y supervivencia de su jefe supremo) a costa de inequidades. El déficit de democracia es lo común que impide acceder a los bienes materiales básicos para vivir con dignidad e incide en la reducida satisfacción de todos los derechos. La igualdad promovida y proclamada por los catálogos de derechos económicos, es para el gobierno un asunto marginal, por la primacía del interés privado y la apertura sin reglas a inversionistas, que en contravía del interés nacional, afirman su propósito de asegurar y proteger, por vías de hecho o derecho, su beneficio personal con los recursos públicos.
Los derechos sociales relacionados con salud, educación, empleo, seguridad social, jubilación, alimento, vivienda, trabajo, son desatendidos y, están arrastrando al país hacia una época de miseria extendida —peor que la de los jóvenes venezolanos, atraídos con engaños a cumplir un sueño, que se les convirtió en pesadilla—, mientras los reclamantes y defensores de estos derechos son asesinados sistemáticamente, como preaviso del anunciado regreso del paramilitarismo tradicional, vitoreado por el partido del gobierno.
Los derechos culturales descubren crecimiento en la extinción por exterminio y olvido de pueblos indígenas, raizales y originarios, tratados como infrahumanos y; el patrimonio es tomado como próspero negocio. Ambientalmente el ecocidio es imparable y la riqueza el motivo del horror, del que reciben parte las transnacionales protegidas por el Estado. El eje transversal en la destrucción paulatina de los DESCA es la corrupción, que de tanto repetir su repugnancia, se ha convertido en un tema de fascinante ficción con villanos, señores, fugas, cinismo y nexos de sangre, honor y barbarie, donde ser corrompido da status.
Si los derechos civiles y políticos están en alto riesgo y la paz otra vez acorralada por la guerra, los DESCA están seriamente amenazados, empujados al exterminio con propuestas como trabajo por horas y protestas los domingos. El resultado de su negación se refleja en el producto interno, efectivamente bruto, por escasez de Estado de derecho y por el abandono real a la atención de los DESCA, que en el papel parecen efectivos, pero que apenas son consignados en pactos, acuerdos y actas de compromiso traicionadas. Inútiles para detener la degradación de la vida humana, asediada por múltiples violencias de raíz económica, que deterioran la forma de ser humanos con sentido de humanidad e impiden respetar la organización social y cultural para realizar la vida con dignidad que ofrecen los DESCA.
Para estos derechos no operan con eficacia las excusas de que el narcotráfico, el comunismo, la banda criminal o la delincuencia organizada son los responsables, como ocurre para justificar la muerte violenta y criminal contra adversarios. Como consecuencias de la negación de estos derechos hay muertes por desatención médica, desnutrición, abandono, indigencia, exclusión del sistema de educación, desempleo, inseguridad de los jubilados, entre otros, y hay causas como el robo de los recursos de la salud, y de la comida de niños y ancianos, o la destrucción del aparato productivo. La obsesión política del poder hegemónico tomó partido por otras cosas, menos por los derechos humanos y la búsqueda del bienestar colectivo. Al contrario disfruta llevando a la nación colombiana a una polarización sin límites, por el control político de las regiones, las ciudades y las instituciones que terminará por controlar recursos, transferir los bienes públicos a particulares e impedir la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La polarización augura más violencia y profundización de la desestructuración social, afianzada por problemas sin solución, opacados con experimentos de engaño, falsedades y bipolaridad estatal, evidente en dobles discursos, dobles raseros, dobles morales y dobles combinaciones de todas las formas de ejercer el poder y hasta dobles presidentes.
