Urabeños, Clan Úsuga, Clan del Golfo son los tres nombres distintos de un único criminal verdadero, sostenido en lo corrido del siglo XXI por empresarios, militares, políticos y narcotraficantes, para quienes la violencia es la partera de su poder e incalculables fortunas, con que afianzan la desigualdad y bajo terror permiten gobiernos estables y continuistas a cargo de las élites, que hoy aparecen en desespero ante las avanzadas del gobierno popular en sus esfuerzos de paz total y configuración del desarrollo desde abajo. La estrategia de las élites frente a la violencia ha sido acudir a técnicas de comunicación que lleven a cambiar la percepción de lo que ocurre, con un simple borrón total de las causas, de lo que ocurre para que cada tragedia parezca sin historia, sin memoria, como algo nuevo.
Para resaltar algunas causas valga recordar por ejemplo que el 16 de agosto de 2007, en acto público de conmemoración del 79 aniversario del batallón presidencial, el presidente Álvaro Uribe Vélez valoró el esfuerzo de quienes se encargaban de su seguridad, de su familia, congresistas y funcionarios de palacio e impuso 9 condecoraciones, entre ellas al capitán John Arenas Rúa, de impecable hoja de vida, por apoyar una patria sin narcotráfico, sin corrupción. Poco tiempo después “el Capi” fue capturado y aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado y fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por ser parte activa en el nivel de liderazgo en la organización criminal llamada “Los urabeños”. Este grupo representa la metamorfosis de cambiar el nombre de las cosas sin tocar la esencia de las mismas, con el objetivo de “ocultar causas”, eliminar evidencias, “borrar todo rastro” como aprendieron de los nazis. La formalidad justificó que ese nombre aludía a una región, entonces se les llamo “clan Úsuga”; y después se dijo que muchas familias tenían ese apellido, entonces se les llamó Clan del golfo, los patrocinadores nunca cambiaron, siempre ahí.
Los Urabeños, son un grupo narcoparamilitar definido como banda criminal asociada a la continuidad de paramilitarismo y narcotráfico o surgidas de las cenizas del paramilitarismo anterior de alcance nacional, por el que Barack Obama, las incluyó en su "lista negra de narcotraficantes internacionales" en 2013 y en 2015 los señaló como “la más grande banda criminal implicada en el tráfico de cocaína, armas, lavado de dinero y extorsión en la región” (Vanguardia, 10 nov de 2015).
“Freddy Rendón Herrera, el alemán, dijo ante la Fiscalía que su grupo paramilitar creció en Urabá con complicidad de empresarios de la región, que los militares tenían una línea de apoyo al paramilitarismo y que el narcotráfico fue una actividad esencial en la consolidación de este poder regional, que, por supuesto, contó con el apoyo de los políticos”. Quedo claro que eran cuatro pilares que sostienen al paramilitarismo y narcotráfico: Empresarios, Fuerza Pública, Narcotráfico y Políticos, en impunidad y sin avance de la fiscalía general sobre 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos”, reportados por Justicia y Paz, al tiempo que se dejó de lado la investigación del vínculo paramilitar con acciones militares, sociales y electorales que promovieron su expansión.
En 2002, el paramilitar Monsalve “creó la ONG, Asocomún” que agrupó a más de 70 comunidades, para “gestionar el desarrollo integral de las comunidades” y recibió importante apoyo del gobierno de Uribe a través de Acción Social de la Presidencia, Asocomún logró una importante votación en 2006 y eligió Senador, recibió fondos del Plan Colombia para el cultivo de palma, caucho y maderables, en paralelo se creó la gran empresa de comercialización de frutas Multifruits, mediante negocios con la multinacional Del Monte y con empresas madereras del Darién.
El gobierno de la seguridad democrática, el BID y hasta ONU (unodc) fueron muy importantes en el fortalecimiento de actividades sociales, de la ONG, “Muchos de estos vínculos y programas surgieron de reuniones celebradas en la hacienda La Virgen del Cobre. De hecho, la red social y política que creó el Alemán en Urabá y Córdoba fue la base para la reorganización paramilitar con la nueva razón social de los urabeños, que actuaron también como Autodefensas Gaitanistas, al mando de Juan de Dios Úsuga” (EE, 14/01/2012). Se presume que estos paramilitares no entregaron las armas, no fueron judicializados y en cambio recibieron subsidios por la Ley de Justicia y Paz, a cambio de disminuir cultivos de coca en el bajo Cauca, Chocó y Magdalena Medio y permitir “resultados favorables” al gobierno, que los llevó a incursionar en la minería ilegal y la extorsión, y a través de su red social mantener paros armados, a los que recurren cuando alguien los interpela.
Los Urabeños’, hoy clan del golfo, iniciaron su recorrido criminal con el asesinato de dos estudiantes de la Universidad de los Andes: Mateo Matamala y Margarita Gómez, en enero de 2011 en San Bernardo del Viento, en el norte de Córdoba”, luego fueron de Necoclí, a cometer la masacre de Mapiripán y entraron a los Llanos como bloque centauros (Casanare tiene a varios gobernantes comprometidos). Antes del gobierno Duque en el que crecieron, se extendieron y delinquieron al doble de lo que eran, se adujo en varias ocasiones que resultaba extraño sospechoso y curioso que “cuando las fuerzas ideológicas aliadas al uribismo se han declarado en la oposición al gobierno de Santos, el paramilitarismo vuelva a la palestra con una operación que ni las guerrillas pudieron hacer: parálisis total durante 48 horas de 16 municipios. Los vínculos entre un discurso ideológico y una práctica militar no se generan de manera mediata o inmediata. Vale la pena recordar lo que Ángel María Lozano, El Cóndor, protagonista célebre de la violencia en el Valle del Cauca decía: “A mí me leen el editorial de El Siglo y sé lo que tengo que hacer” (EE, 14/01/2012).
P.D. Sobre Laicidad. El estado colombiano es laico según la constitución política vigente, indicando que ningún funcionario público, del nivel que sea, puede colocar su fe personal, ni su “libro sagrado” (Biblia, Corán, Torá) como fuente, ni base para gobernar, administrar, gestionar o tramitar, ni usar sus símbolos, credos, insignias o referentes, como herramientas de apoyo a la vida institucional. Romper este mandato y principio de actuación pública, aparte de ser una falta, menosprecia los derechos humanos conquistados y afecta la ética pública.
