A la gran mayoría de cajamarcunos la decisión tomada por el Concejo Municipal de negar la Consulta Popular, nos ha causado profunda indignación, porque consideramos que quienes fueron elegidos para representarnos han traicionado la voluntad de un pueblo que pide a gritos acceder a un mecanismo de participación democrática y legal, para expresar su posición frente a un proyecto que transformará irremediablemente el futuro del municipio.
Luego de superar la consternación que naturalmente produce un acto de tal magnitud, como lo es negar al pueblo la posibilidad de acceder a las vías democráticas por parte de quienes fueron elegidos como sus más honorables representantes, se puede, con menos riesgo de caer en "pasionalismos", aportar al debate una postura sosegada y tranquila sobre los acontecimientos.
En primera medida reitero que la decisión tomada por el cabildo no responde a tesis técnicas o jurídicas, como se ha querido hacer creer, sino a una postura política de los concejales, la cual coincide con la principal política del Gobierno Nacional: La locomotora minera que es la vértebra de un modelo de desarrollo extractivista que propone, desarrolla y ejecuta el gobierno Santos.
En decir, tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal, la Procuraduría y el Gobierno Central, son actores políticos dentro de la contienda que representa la aplicación de un modelo de desarrollo que está contra las comunidades.
La presencia de actores políticos tradicionales en los escenarios de debate, las diferentes reuniones convocadas por altas esferas del Gobierno y entes de control, las visitas exprés de Ministros y Viceministros, evidencian que éste es un debate de carácter nacional, pero desafortunadamente el Concejo de Cajamarca no ha tenido la voluntad y capacidad política para asumir el debate en este contexto, por el contrario frecuentemente expone argumentos tratando de delimitar el debate al contexto local, incluso ha rechazado invitaciones de carácter nacional para abordarlo, sin embargo a nadie le rinden explicación sobre qué invitaciones rechazan y qué invitaciones aceptan dejando entrever que dicha decisión corresponde a criterios meramente políticos, y por supuesto personales.
La acción política del Concejo se ha limitado a evadir el debate, negar la consulta y elevar voces de protesta ante diferentes organismos quejándose por situaciones y expresiones que consideran impropias, erradas o agresivas (irrespeto del senador Iván Cepeda, irrespeto de trabajadores de AGA, irrespeto de la oposición etc).
Por otra parte, la convocatoria realizada a la comunidad para que se expresara, demuestra que no hubo voluntad de escuchar realmente a los participantes, sino necesidad de crear un escenario que legitimara su decisión - evidentemente ya tomada -, lo que se evidenció cuando a pocas horas de haber finalizado la jornada y sin tiempo para desarrollar un debate serio examinando las diferentes posturas, se "decidió" a pupitrazo limpio.
Después de demostrar no tener capacidad y voluntad política para dar un debate nacional, de simular la voluntad de escuchar a las partes, de aceptar sin reparo la política del Gobierno y finalmente de tomar la nefasta decisión, se caen por su propio peso los reiterativos argumentos: Es un debate técnico, es un debate jurídico, no hay competencia, hay intereses políticos (quieren decir electorales), es una decisión en derecho etc.
Finalmente hay que reiterar la necesidad de la continuación del debate en los diferentes escenarios teniendo en cuenta que la negativa a la Consulta Popular por parte de este Concejo no representa una derrota para la comunidad, además es necesario rechazar el oportunismo de quienes pretenden atribuir acciones censurables a quienes hemos afrontado el debate con franqueza y altura.
