Hace unas semanas en el país se desató la controversia gracias a la denuncia del senador Iván Cepeda sobre una posible declaratoria de conmoción interior el 30 de septiembre, siendo estas acusaciones refutadas casi inmediatamente por el gobierno nacional que, en palabras del viceministro del interior, son solo una forma de hacer política desde la mentira; algo natural (izado) en la clase política nacional.
Este hecho ex profeso a lo ocurrido en las últimas semanas en torno a la figura del expresidente, exsenador y ahora expresidiario Álvaro Uribe Vélez permite reconocer en el manejo discursivo tanto de la cabeza del Centro Democrático, así como de sus seguidores, similitudes a las llamadas dictaduras del cono sur, las cuales se guiaron bajo la doctrina de seguridad nacional norteamericana que consiste en la idea de que, a partir de la seguridad del estado, se garantiza la seguridad de la sociedad, lo cual servía para justificar el control militar del Estado; política que presenta gran similitud con los principios y accionar de la seguridad democrática de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.
¿Pero qué es el estado de conmoción interior? Para los que no recuerdan o prefieren no recordar, Colombia se ha caracterizado por hacer uso de la figura de “Estado de excepción”, que, en palabras de Giorgio Agamben “no es, pues, el caos que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión de este”[1]; como país nos enfrentamos a una crisis institucional evidenciada en la ruptura del equilibrio de poder gracias a la arremetida por parte del alto gobierno a las altar cortes del país, acompañado por la captación de los entes de control que le dan vía libre a los designios que emanen desde el ejecutivo, profundizada esta dinámica desde agosto de este año con la detención domiciliaria de la cabeza del partido de gobierno.
Esta suspensión del orden que supone el estado de excepción se da el 4 de agosto con las declaraciones del presidente Iván Duque sobre la detención de su jefe directo, que, pese a no ser una declaración oficial del Estado de excepción, fue una afrenta directa a la independencia del poder judicial, algo normalizado en el país desde el periodo 2002-2010.
En un breve repaso de la historia nacional, este mecanismo ha reflejado un uso indiscriminado en Colombia desde mediados del siglo XX, con el desencadenamiento de la “época de la violencia” seguido por el surgimiento de las guerrillas en el territorio nacional, todas estas condiciones de afirmación del poder a través del desconocimiento del “pacto social” haciendo ejercicio de la excepcionalidad, en otras palabras, el desarrollo constitucional colombiano se establece desde la determinación del otro como excepción a la normalidad del Estado lo cual es una afrenta a unas condiciones particulares de vida lo cual lo convierte en objeto de eliminación jurídica, moral e individual, aquellos identificados en esta lógica se catalogan como “el origen del mal”[2] de la sociedad.
¿Pero cuál es la justificación de hacer uso de esta figura en el contexto actual? Observando detenidamente los hechos ocurridos en las últimas semanas, encontramos una serie de declaraciones por parte del jefe del uribismo frente a las movilizaciones desarrolladas por la Minga indígena en el país, algo nada raro frente a cualquiera que sea catalogado como “opositor” al estado de cosas de la gubernamentalidad colombiana.
El día martes 6 de octubre el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez efectuó unas precipitadas afirmaciones en Twitter frente a la movilización de la minga indígena nacional, aseveraciones que parecen direccionar a quien se encuentra en el Palacio de Nariño hacia la declaratoria del Estado de conmoción interior “la vieja confiable” de la clase política enquistada en el país; cuatro días después, la juez 30 de garantías levantó la medida de aseguramiento sobre el expresidente dando su primera declaración en “libertad” el 12 de octubre, día de la resistencia indígena.
En los seis tuits desde el Ubérrimo es evidente la intención de estigmatizar y señalar la movilización social de las comunidades indígenas, acusando desde el principio “la toma socialista del Estado”, y desconociendo la lucha histórica y las reivindicaciones de las comunidades; seguido a esto acusa la implantación del socialismo hablando de una representación torcida de la historia. En ambos ignora la capacidad de criticidad del pueblo colombiano, desconociendo hechos tan importantes durante la historia reciente como por ejemplo la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), pacto de Ralito y demás acciones desarrolladas en su gobierno.
Seguido a esto habla del uso de los DD. HH., la protesta social, la libertad de expresión como mecanismos para la toma socialista del Estado, es decir señala a cualquier voz que se pronuncie contra su accionar político como “el origen del mal”, para lo cual es necesario fortalecer “el ideario de un país seguro” aduciendo el odio de clases como motor socialista en el país e indicando la necesidad de anticiparse con el ejercicio de autoridad, me pregunto, ¿a qué se referirá el ex-PSP (expresidente, exsenador, expresidiario) con ideario de país seguro y ejercicio de autoridad? ¿retomar los principios de la seguridad democrática? ¿volver a la tradición política de la conmoción interior? ¿revalidar los falsos positivos?
No bastando con esto, tras el levantamiento de la medida de aseguramiento, las declaraciones del ex-PSP suenan a un llamado al desacato y ruptura del equilibrio de poder en Colombia, la cual como se menciona con anterioridad se profundiza desde agosto igualmente con la captura de los entes de control por parte del ejecutivo, todo esto bajo su sombra; en estas declaraciones es importante resaltar varios puntos, el primero el ataque constante a la JEP, la cual no baja del calificativo de impune y la necesidad de su derogatoria, igualmente la reforma a los acuerdo de la Habana, olvidando convenientemente que tras el referendo por la paz, estos fueron estructurados y reformulados bajo su concepto y firmados en el teatro Colón.
Segundo, es peligrosa la relación que establece entre el narco terrorismo y su supuesto proyecto socialista, un nuevo señalamiento hacia aquellas voces que se levanta contra formas autoritarias de gobierno que se escuda en gobiernos que le dieron la espalda, para reafirmar el ejercicio del poder desde la excepción, a lo cual llama a un referendo por tercera vez para acomodar la constitución a sus necesidades, ofreciendo garantías a las fuerzas armadas y de policía tan desprestigiadas por su accionar contra la población civil.
En tercer lugar, enuncia la necesidad de incitativas de reducción de impuestos, progreso social alternativo a “el manto socialista” cabe aclarar que dentro de esta lógica la reducción de impuestos es a esos grandes conglomerados que lo han mantenido en el poder, porque al colombiano de a pie es a quien más impuestos se le recargan sin darle mejora en la consolidación de vida digna (no calidad de vida).
Por ultimo, en su declaración hace un llamado de cuidado al 22, localizando referencialmente las futuras elecciones que se enmarcan en el continuo desprestigio del gobierno nacional gracias a la pésima gestión de la emergencia sanitaria, el accionar de las fuerzas armadas y la poca respuesta del estado hacia la violencia directa sobre las comunidades y líderes sociales que se estableció como excusa para gobernar bajo decreto, un declarado Estado de excepción, claro está que dentro de sus declaraciones alaba la gestión del gobierno y vela por la dignidad de las fuerzas armadas.
Estos señalamientos y declaraciones pueden definirse como una violencia discreta desde las esferas de poder sobre la movilización social, que señala a todo aquel como objetivo de anulación por ser considerado “el origen del mal”, una serie de necropolíticas que formulan el mantenimiento del status quo institucional que establece el régimen de verdad[3] en la sociedad colombiana, el cual es reforzado y promovido desde las grandes cadenas nacionales de información que tras los tuis y sus declaraciones, enfilaron esfuerzos en señalar la minga y cualquier manifestación social que se oponga al régimen de verdad que ha impuesto el uribismo.
El reforzamiento de la figura de victima y paternal, así como la constante reafirmación de apoyo a las fuerzas armadas y el frecuente señalamiento a la movilización social son la punta de lanza de un proyecto político construido desde el ejercicio de la muerte, en donde el gobierno privado indirecto[4] fundamenta la necesidad de establecer como verdad discursos que validan el llamado “ejercicio de autoridad”; desde el señalamiento y la aniquilación sobre aquellas partes del cuerpo social que se levantan contra el estado de cosas inconstitucional que promueven como bancada para legitimar su accionar y desaparecer aquellas condiciones que no favorezcan sus intereses particulares. Habla de amor por Colombia y lucha por el país, cuando demuestra amor por sí mismo y lucha por establecer su verdad sobre los hechos documentados de su gestión, una necropolítica que establece el estado de excepción en Colombia.
[1] Agamben, G. (2006). Homo sacer el poder soberano y la nuda vida. Valencia, España: Pre-textos.
[2] Balibar, E., Bilbao, A. & Ogilvie, B. (2018). Estudios sobre Necropolítica, Violencia, cultura y política en el mundo actual. (Primera edición). Santiago de Chile: LOM ediciones.
[3] Foucault, M. (1980). Microfísica del poder. Recuperado 22 de octubre de 2019.
[4] Mbembe, A. (2011). Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. España: Editorial Melusina.
