Con el subtítulo a dos columnas El ministro de Salud no es Superman, la edición dominical del pasado 31 de enero del 2021 de El Espectador puso en la órbita oficialista propia de la gran prensa la entrevista de Cecilia Orozco a Claudia Vaca González, farmacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional. Se busca atenuar el alud de críticas que sigue cayendo sobre el pésimo manejo que el gobierno nacional le ha dado a la crisis suscitada por la pandemia.
Los desaciertos de esta administración se acentuaron tan pronto se anunció el desarrollo de vacunas que, a medida que avanzan sus aplicaciones en diversos países y se dan a conocer los estudios correspondientes, van generando índices mayores de confianza y tasas altas de efectividad. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud reporta la puesta en marcha de ocho vacunas. Sin embargo, a medida que su implementación se hace efectiva, se han presentado tropiezos que van desde la falta de capacidad en la producción hasta obstáculos de orden geopolítico que impiden las negociaciones con laboratorios, pasando por vacíos en la cadena de transmisión. No obstante, los planes de vacunación avanzan en los países que pusieron en marcha planes de aprovisionamiento de vacunas de manera oportuna.
Tal no fue el caso en Colombia. El maquillaje de la gravedad de la situación en Colombia es contraria a la dureza de la realidad constatable.
De una parte, el gobierno central ha insistido en mantener en secreto los detalles de la negociación que dice haber adelantado con las grandes compañías farmacéuticas productoras de las vacunas. Las alocuciones presidenciales en su programa diario son contradictorias, con lo que se crea en el ambiente la sensación de que no se han adelantado las negociaciones necesarias. Además, se filtran noticias que luego se rectifican sin la claridad necesaria en tales casos en el sentido de que la inoperancia del equipo negociador llega al punto de no contar con personas que tengan la capacidad para entablar una negociación al nivel que se establecen entre firmas farmacéuticas y el alto gobierno.
De otra parte, no parece haber una voluntad decidida desde este gobierno para navegar las aguas de las divisiones geopolíticas. Así, por ejemplo, por reparos que parecen extraídos de alguna novela policíaca ambientada en los años de la Guerra Fría, el gobierno nacional no se abre a una negociación con los laboratorios rusos que producen la, hasta ahora, vacuna más efectiva: Sputnik V. La prestigiosa revista científica The Lancet anunció la noticia de que esa vacuna alcanza un alto nivel de efectividad, que supera el 90%, y que la pone en un nivel superior a las producidas por Pfizer y AstraZeneca, que son los pesos pesados en el mercado de las vacunas que buscan contrarrestar el COVID-19.
Estos dos factores, el secretismo en las negociaciones y los recatos geopolíticos, hacen realidad el temor que ya había expresado la Organización Mundial de la Salud, cuando advirtió el peligro de que las naciones persistieran en sus diferencias geopolíticas a la hora de buscar y encontrar una solución rápida y efectiva a la amenaza del virus. Sin que Colombia tenga peso alguno en el concierto internacional, se ha prestado a esos juegos de rivalidades con las consecuencias que ya estamos viendo: mientras un número creciente de países latinoamericanos están ya implementando una fase inicial de vacunación, Colombia aún no conoce el inicio de la suya. A medida que se suceden los anuncios del alto gobierno, las fechas tentativas de inicio se van retrasando.
De igual manera, el número proyectado de vacunas va disminuyendo. Justo ahora, a comienzos de febrero, mes en el que se empezaría a implementar un plan de vacunación según el Ministro de Salud, el número proyectado de vacunas se ha bajado a 850.000 dosis. A esta incertidumbre se agrega el desconocimiento de una estrategia de aplicación de las dosis. Si bien el gobierno nacional dio a conocer el mes pasado un cronograma de vacunación en cuatro fases que irían hasta el 2022, y anima a la ciudadanía a que se inscriba en una plataforma virtual, todavía no consigue comunicar una información creíble que genere confianza y que desvirtúe las suspicacias ampliamente difundidas en el sentido de que sectores privilegiados de la sociedad colombiana se pueden beneficiar de una vacuna efectiva.
Estos temores se profundizan cuando pensamos en el año 2022. Por ser el año de las elecciones, existe el temor fundado de que la vacunación se convierta en un ardid electoral. A la conocida corrupción de la compra del voto, se añade ahora la urgencia de la vacuna en un año en el que el calendario electoral eleva a sus puntos máximos la lógica de los cálculos electoreros. No son temores que se deban tomar a la ligera. Tras anuncios de algunos funcionarios en el sentido de que la vacuna se puede comprar, se anticipa un clima en el que la salud pública puede ser el comodín que juegue un papel de importancia en el ordenamiento del nuevo fichero del poder.
Según el Dane, el 90% de los muertos por coronavirus en Colombia corresponden a los estratos 1, 2 y 3 mientras los estratos 5 y 6 representan el 2%.
La desconfianza, la sospecha y los temores a que la necropolítica siga avanzando se presentan ahora como amenazas tan perversas como la misma pandemia. La ya conocida política de la muerte en Colombia amenaza ahora con incrementar su tono, como si se tratara de una política pública, lo que debería tomarse como bien público y reconocerse como derecho fundamental: un plan efectivo de vacunación.
