Ya hace más de tres meses que se publicó el Decreto 417, mediante el cual se instauraba el primer estado de emergencia económica, social y ecológica. Este contexto de estado de emergencia le permitió al gobierno nacional tomar una serie de medidas rápidas con el propósito de mitigar los efectos de la crisis.
Evidentemente, dada la coyuntura, una de las implicaciones directas es la necesidad de una mayor movilización de recursos, por lo que entre la amplia cantidad de decretos presidenciales emitidos durante los estados de emergencia resaltan varios que implican fuertes medidas económicas, como la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), la emisión de títulos de deuda pública, la creación del impuesto solidario y varios más. En su momento se alertaba sobre la marcada centralización del manejo de los recursos en manos del Ministerio de Hacienda.
Ante esta situación necesitamos estar constantemente informados sobre fuentes, usos, criterios de asignación, eficiencia, casos de corrupción y demás factores asociados. Es por ello que se reclama transparencia de los datos, pero por el contrario pareciera que el gobierno confunde transparencia con invisibilidad de los datos. Hasta ahora lo que sabemos sobre estos recursos es que, según dice el gobierno, se está destinando cerca del 11% del PIB, unos 117 billones de pesos, para atender la emergencia. Además 7,2 billones de gasto directo en salud, 4,5 billones en giros directos a través de los programas sociales, y poco más. Aun así, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalaba en los últimos días, además de la dificultad para el análisis, la escasa información al respecto, por lo que podemos decir que aún no sabemos en realidad qué sucede con estos recursos.
Y es que ya es bien conocido que el gobierno de Colombia no es particularmente uno de los más transparentes. Esto se nota aun más en el ámbito académico e investigativo, donde los investigadores se encuentran con serias limitaciones para adelantar sus trabajos debido al hermetismo de los datos del gobierno. Y si para los investigadores se dificulta obtener este tipo de información, naturalmente, para la ciudadanía en general aun más. Sin ir muy lejos, documentos recurrentes y de gran importancia como el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Presupuesto General de la Nación (PGN) o Estatuto Tributario, se tornan completamente incomprensibles.
Los datos, y la información derivada de estos, deben cumplir con una serie de características para que se pueda decir que hay transparencia. Además del acceso público a la información, esta debe ser fácil de entender, proveerse de forma que se puedan hacer análisis con la misma, publicarse oportunamente, entre otras cualidades que faciliten el control político desde la ciudadanía. Pero, claro, primero que todo deben estar disponibles los datos para el público.
Nuestro llamado por la transparencia no se da por otra cosa más que la desconfianza. El pensador Byung-Chul Han desarrolla esta idea muy claramente cuando plantea que la sociedad de la transparencia, en la que nos encontramos a día de hoy, es a la vez una sociedad de la desconfianza y de la sospecha. No está de más recordar algunos ejemplos de por qué nos encontramos en una sociedad de desconfianza y sospecha: Agro Ingreso Seguro, TransMilenio Calle 26, Carrusel de la Contratación, Odebrecht, SaludCoop, etc. La lista es larga y bien conocida por el país en general.
Ahora, aunque el primer objetivo es conseguir que la información que el gobierno mantiene oculta sea revelada, es necesario también contar con una ciudadanía y organizaciones capacitadas para la comprensión y procesamiento de toda esta información, de nada sirve tener un montón de información sin nadie que la estudie. Por lo tanto el llamado se hace en varias direcciones, al gobierno, para que haga públicos los datos y rinda cuentas; a los expertos, para que expliquen los temas respectivos a quienes no los conocen; y a la ciudadanía en general, para que se interese en el seguimiento de estos datos y realice constante control político.
