Se están multiplicando las consultas populares antimineras y particularmente las antipetroleras con el propósito de frenar exploración y explotación de yacimientos de combustibles fósiles. Colombia no es un país petrolero, pero depende de la minería y el petróleo para mantener la inversión social.
Según cifras oficiales, en los últimos 5 años, el sector minero y energético aportó en promedio 39,3 % de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación. Con las regalías, impuestos e incentivos de esa industria se financian programas sociales como Familias en Acción, Viviendas de Interés Social, el régimen subsidiado de salud y las vías 4G que benefician a todos los colombianos.
Por eso he defendido que sea el estado colombiano el propietario de toda la industria petrolera y no empresas privadas. El petróleo es el principal patrimonio de los colombianos y toda la renta petrolera debe dedicarse a mejorar radicalmente la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es lamentable que el establecimiento económico le entregue esa riqueza a empresas privadas y es peor que una proporción significativa termine en manos de la clase política corrupta, sus testaferros y operadores.
Hay que reconocer y valorar que el mundo avanza hacia una transición energética que debe permitirnos sobrevivir al calentamiento global, pero estamos en el comienzo de ese camino. Mientras tanto necesitamos seguir explotando nuestros recursos naturales, con los más altos estándares de protección ambiental, responsabilidad social y deliberación pública y es urgente generar mayor riqueza, valor agregado e innovación tecnológica para poder invertir más en desarrollo social. Por eso es urgente la modernización de la refinería de Barrancabermeja.
Lo que están pensando hoy las comunidades petroleras es que la explotación de crudo no se ha traducido en mejores condiciones para la calidad de vida. Recientemente, por ejemplo, en el corregimiento El Centro (Barrancabermeja), donde nació la explotación petrolera en Colombia hace casi 100 años, sus habitantes tuvieron que hacer un paro para reclamar lo que ha debido hacerse hace rato: vías, hospitales y servicios públicos. Lo mismo ocurre con regiones ricas en petróleo como Puerto Gaitán o Casanare.
Las cifras muestran que el índice de necesidades básicas presenta un nivel más alto (45,8 %) en los departamentos extractores frente a los departamentos no extractores (44,0 %), lo cual deja en evidencia entonces, que el tema de fondo, detrás de las consultas populares no es el medio ambiente o el agua, si no el justo reclamo por la inversión social y el rechazo a la corrupción que arrebata la escasa renta petrolera que llega a las regiones. Lo mismo opina la Asociación Colombiana del Petróleo -ACP- al señalar que “las poblaciones no están descontentas con la industria petrolera en sí, sino que tienen un profundo malestar con el “equitativo” sistema de regalías que no compensa lo que significa afrontar las actividades relacionadas con hidrocarburos”.
Se necesita plantear el aumento de la renta en favor de la nación,
destinar esa renta petrolera en proyectos productivos,
en diversificación de la economía, redefinir el sistema de regalías
Hay bastante desinformación sobre el tema petrolero y se hace necesario un importante debate científico, técnico, ambiental, político, jurídico y económico sobre el asunto. No se puede proponer un debate de blanco y negro, de todo o nada. Se necesita plantear el aumento de la renta en favor de la nación, destinar esa renta petrolera en proyectos productivos, en diversificación de la economía nacional, regional y local y no solo en gasto público y redefinir el sistema de regalías. En el fondo eso es lo que están reclamando las regiones con las consultas populares.
Tengo claro que no todo yacimiento petrolero puede ser explotado por razones ambientales y legales. Necesitamos avanzar en la transición energética incursionando en energías limpias, que permitan que ciudades con graves problemas de contaminación del aire como Medellín se resuelvan, pero debemos ser realistas, las nuevas energías no están a la vuelta de la esquina. Y no lo están, en parte, por el modelo económico neoliberal que nos gobierna, extractivista y trasnacional, no amigable con el medio ambiente, que queda en evidencia con decisiones como las del presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo de París sobre el calentamiento global. Para el locuaz presidente el cambio climático es “un cuento chino”.
El profesor Moisés Wasserman opinó recientemente que “algunos demagogos hablan de energía eléctrica con contaminación cero. O son falsos o no han aprendido a sumar. Eso no existe. La más limpia sería la energía nuclear, pero quien se opone a explotar petróleo en su territorio se opondrá más aún a albergar una planta nuclear. La hidroeléctrica es muy conveniente, pero ya nadie quiere aceptar una represa.” Por su parte, Rafael Correa expresidente de Ecuador para defender la minería en su país señaló que: “No se puede concebir la vida moderna sin minería. Toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente. Estamos en contra de la contaminación, pero se necesitan las minas”.
El sindicalismo de las Américas ha tenido ese debate y en su “Plataforma para el Desarrollo de las Américas” (PLADA) acuñó el término “justicia ambiental” y propone una transición justa definida como “el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino hacia una producción con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ofrezca al mismo tiempo oportunidades a las y los trabajadores y a las comunidades implicadas. Con la finalidad que no sean ellas y ellos quienes paguen los mayores costos de las consecuencias negativas ocasionadas por cambios de los cuales no son los mayores responsables”.
El peor error es satanizar,
necesitamos mejores debates públicos sobre la industria minera y petrolera
El peor error es satanizar, necesitamos mejores debates públicos sobre la industria minera y petrolera. El sector minero genera 175 000 empleos directos y aporta 2 % del PIB, el 8 % de la renta extractiva y el 20 % de las regalías; mientras que el sector de hidrocarburos participa con casi el 9 % del PIB, aporta el 23 % de todos los impuestos que se pagan al gobierno.
Exijamos una nueva discusión sobre la renta minera y petrolera en favor de la nación, defendamos a Ecopetrol como patrimonio de todos los colombianos y exijamos más inversión social. Claro que agua sí, pero petróleo también, con más inversión social y sin corrupción.
Bienvenido el debate.
Esta opinión es personal y no compromete a la organización sindical de la cual hago parte.
