Alfredo Molano dijo que “uno no encuentra los caminos, sino que los caminos lo encuentran a uno”, y el sendero que le ha salido al paso a miles de colombianos, los ha llevado indudablemente a la muerte, a la degradación y a la violencia. Como en un mito griego, connacionales pelean con el que parece su destino infranqueable: un grupo armado, cultivar ilícitos, o vivir en la pobreza de un campo quebrado por políticas absurdas, que lo han llevado a importar trigo, maíz, arroz, cebada, entre otros, a pesar de la inmensa riqueza en suelos cultivables y en ríos.
Es evidente que la historia de Colombia, es la historia de la exclusión, de cómo unas familias desde la Colonia hicieron todo lo posible para adueñarse de la riqueza de la nación, y a su vez conseguir que el vulgo lo mirase con admiración. La violencia se erigió como la entretención principal, como en el circo romano los ciudadanos asistieron a ver la matanza de desposeídos, acá no fueron gladiadores sino campesinos humildes. Desde las haciendas y atrios se promovieron todo tipo de guerras civiles, policías chulavitas, “pájaros”, guerrillas, paramilitares, para lograr que para el año 2011, el 52% de la tierra del país le perteneciera al 1.5% de la población, según datos del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cifras como las anteriores, demuestran lo erróneas de las enseñanzas académicas que hablaban de disputas entre federalistas y centralistas, conservadores y liberales, cuando la guerra ha tenido como único propósito la acumulación de tierras y de capital.
Muestra de ello, es que hasta el negocio del reciclaje es explotado y monopolizado por poderosos, a quien no les bastó adueñarse de las tierras y de la burocracia estatal, concesionar los recursos minero-energéticos, sino que también, en su afán de codicia, monopolizaron la recolección de basuras, que alguna vez benefició a personas humildes, que hoy están condenadas a vivir entre los desechos, con salarios de miseria, y paradójicamente consolidando fortunas de delfines.
En este caso específico me refiero a los hijos del senador Uribe, quienes además de lucrarse con el trabajo de pobres, tuvieron relaciones con el “zar de la chatarra” -quien defraudó a la Dian a través de devoluciones del IVA-, también, presuntamente utilizaron sus influencias para la declaración de la zona franca de Mosquera, y tienen escándalos como los Panamá papers, relaciones con DMG, entrega de notarías, entre otros. Su padre los defiende argumentando que son “empresarios honestos” y que la inteligencia y emprendimiento de sus hijos, sus habilidades en los negocios, su formación en la U. de los Andes, les ha creado una carrera vertiginosa al éxito, que ha sido desprestigiada por rivales políticos. Sin embargo, son inexplicables sucesos como la adquisición de 32 hectáreas en Mosquera que dos años después son declaradas zona francas ganando una valorización cercana a los treinta y tres mil millones de pesos ($ 33.000.000), cuando ni los más avezados empresarios y conocedores del sector inmobiliario han tenido olfato tan agudo.
Estos hechos tristemente son el común denominador entre las familias gobernantes, los cuales no pasan de ser noticias de momento que terminan archivadas en la Fiscalía, o en un Juzgado penal, e incluso tienen la desfachatez de presentar demandas contra el Estado por su buen nombre. Bajo este panorama, es palmario que los poderosos caminan por un lado, y por otro lado el pueblo desposeído que sufre las reformas tributarias, las concesiones de recursos mineros, subsiste a los peajes y paga impuestos, sin beneficiarse de carreteras, sin gozar de salud, educación de calidad, trabajo digno y estable. La brecha social acrecentada por la corrupción se está ampliando a distancias impensables. Cada vez los ricos colombianos se parecen más a la oligarquía europea, y cada vez los pobres colombianos se asemejan más a los marginales africanos.
Entonces entre tanta pobredumbre, de vez en cuando, una voz se alza entre las demás, como un rugido de un león, un líder social grita, le habla a su comunidad, la empodera al escuchar sus problemas, al poner palabras en su boca, al hacerlas creer que tienen derechos y que la vida puede ser digna, al recordarles que la “unión hace la fuerza”. El pueblo le cree y comienza a exigir, a preguntar dónde están los recursos de las vías, de los acueductos, del riego, de la salud, etc. La comunidad comienza a marchar, a demandar, a presentar derechos de petición, tutelas, a creer que pueden ocupar cargos de elección popular, en últimas, a sentirse iguales en derechos y a concebir la democracia como el poder del pueblo.
Nada más peligroso para alguien nacido de cuna y que considere que por derecho de sangre puede hacer lo que quiera con los recursos del país, que un líder social, que se considere igual en derechos y que le cuestione el origen de su riqueza, que ponga en duda su trayectoria hacia el poder político. La respuesta de los “poderosos”, no ha sido el cambio, la mediación, el dialogó, ¡no!, ha sido el homicidio, la masacre, la vileza, la barbarie. Así como mataron a Gaitán, a Pizarro, por poner en duda el régimen político, cerca de 100 líderes sociales fueron asesinados en 2016, y en lo corrido del año van 7 acribillados, es decir, en promedio cada tres días asesinan a un luchador comunitario. Tristemente al Fiscal General Néstor Humberto Martínez no le parece que sea un crimen sistemático sino “hechos aislados”. Es esta desidia absoluta de las autoridades frente al genocidio que se está fraguando sobre los líderes sociales, la que da cuenta de lo poco que importa la vida en este país y lo conveniente de estas muertes para muchos parásitos del poder público, que temen la consolidación de movimientos sociales.
Pese a lo antes dicho, la sociedad civil no debe dar el brazo a torcer por la construcción de una Colombia digna, de una democracia real y participativa, con el goce efectivo de los derechos de todos, el acuerdo de paz fue tan solo un primer paso, sin embargo lo más difícil está por edificarse. El pueblo debe movilizarse bajo el principio de fraternidad, exigirle al Estado el respeto por el derecho a la vida, tiene que hablar de los asesinatos de sus líderes como si se tratasen de un familiar, denunciarlos, recordarlos, enaltecer sus luchas. Solo con un pueblo movilizado se respetará los derechos de todos, y la palabra Estado significará vida en lugar de ser sinónimo de muerte, exclusión y corrupción.
