Parece que los más sensatos entre los candidatos a la presidencia de Colombia descubrieron que el hambre física de una buena proporción de sus compatriotas es el primer problema a resolver una vez estén sentados en el palacio de Nariño.
Un hecho que no da espera porque no son unos cuantos los que la están sufriendo sino más de 12 millones, y entre ellos 580.000 niños que ya ven comprometido su futuro.
Unas cifras que lamentablemente alimentan niveles de inseguridad altos en los entornos donde se mueven estos abandonados de toda fortuna, mucho más graves, si descontados los niños, la mayoría de quienes restan constituyen chicos ya con capacidad de hacer daño en busca de un bocado de comida y mayores que sin otra posibilidad para tener ingresos recurren al robo y al crimen para ver de subsistir.
Toda la sofisticación legal y material que se alegue para los aparatos de seguridad que eviten que las cifras de inseguridad aumenten, además de costosas en derechos humanos y dinero, en nada solucionarán el problema real que seguirá aumentando ante la imposibilidad de que podamos crecer a las tasas que, según los economistas del libre mercado, deberán hacerlo estos países para superar el hoyo negro que redondeó -que simplemente redondeó- la pandemia.
La más elemental consideración es que en plan de crecer el país no puede seguir destruyendo su recurso más importante como es la biodiversidad, acudiendo al expediente ya suficientemente revaluado de que sus riquezas minerales están ahí para ser desenterradas, sin que importe el daño que su remoción, en muchos casos desproporcionada para la cantidad de mineral obtenida, causa en el ambiente.
Y para la muestra un botón, no de la destrucción ecológica que está a la vista de todos sino de su inutilidad para el crecimiento del país, dado que hace rato -sin que nos dijeran por qué los pontífices del neoliberalismo- el desarrollo económico, que era el objetivo económico perseguido, dejó de ser una opción no solo para Colombia sino para todos los países subdesarrollados del planeta.
Hace ya 20 años la confianza inversionista de Álvaro Uribe entregó, según una investigación de Guilllermo Rudas en 2010, un promedio de 548.300 hectáreas anuales tituladas para explotación minera, mientras los tres gobiernos anteriores -Gaviria, Samper y Pastrana- apenas lo hicieron en un promedio anual de 55 hectáreas.
Y terminó su dilapidador gobierno con solicitudes que cubrían cerca de 40 millones de hectáreas, que corresponden al 35% del territorio nacional.
Nubia Yaneth Ruiz en abril de 2019 (Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia) sostiene que el 70 % de la explotación minera en Colombia está en poder de unos pocos monopolios globales o multinacionales.
Y tal vez lo más grave, que los condicionamientos del mercado internacional por un lado y la desaparición de la industria nacional por el otro, se encuentran entre las causas de la absurda e incondicional entrega de los recursos al capital foráneo.
Cabe destacar los dos elementos descritos por la investigadora como causales principales de esta situación calamitosa.
En primer lugar, los condicionamientos del mercado internacional, que en plata blanca indican que el cuento resobado de las virtudes del libre mercado donde todos ganan y no quien impone su poder, es un solemne engaño, y que solo cambiará cuando quienes han sido sus ingenuas víctimas decidan hacerlo.
Y, en segundo lugar, la ventaja histórica que en materia de ciencia y tecnología industrial nos llevan los desarrollados es un hecho absolutamente insalvable, que siempre nos dejará por fuera por falta de competitividad, como para que todavía estemos hablando, también de manera por demás ingenua, de que siguiendo ese camino alguna vez saldríamos adelante.
Cerrado el camino del desarrollo industrial dependiente que solo nos permitirá un exangüe crecimiento a costa de nuestros recursos y de la destrucción del medio ambiente, como nos lo ilustra el periodo especial en materia de manirrotismo con nuestros bienes, la ruta perdida de un desarrollo autónomo que nos permitiera cambiar la ecuación y allegar recursos suficientes para superar el hambre, no parece, quien lo creyera, inalcanzable.
Ya no es un secreto el poder de nuestros bosques -silenciado por mucho tiempo por los países desarrollados en favor de salidas tecnológicas- para mitigar el CO2, y no parece desquiciada la tarea de recuperar lo que hayamos perdido en materia ecológica, encaminando el saber de nuestros profesionales y la capacitación y el trabajo de nuestros jóvenes en semejante proeza.
Quizás detrás de ese esfuerzo, que, por las exigencias cada vez más imperiosas de la crisis climática, no estará perdido, venga la voluntad política de una buena parte sino de toda Latinoamérica para que aquel sea reconocido y retribuido por el mundo.
Entonces ya no habrá hambre y existirán recursos para investigación y ciencia sobre nuestras verdaderas ventajas comparativas y nuestros dirigentes abandonarán el sirirí hueco de que somos el país más diverso del planeta.
