En el año 2012 inició el proceso de conversaciones entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Los avances logrados en la mesa de La Habana sobre los puntos acordados para alcanzar una solución política de la confrontación armada sugieren un camino para el cambio de las relaciones de poder que alimentan la guerra. El proceso adquiere un relieve histórico por constituirse en una oportunidad para concluir el ciclo de violencia que acompaña la historia nacional. Queda por acordarse el inicio del proceso con la insurgencia del ELN para contar con las fuerzas alzadas en armas que no suscribieron la implementación del diseño constitucional del 91. Esta constitución configuró el modelo económico neoliberal en contradicción con los derechos sociales reconocidos en dicho pacto político.
Luego de tres años, los resultados de la mesa son alentadoras y merecen ser conocidos en su integridad por el conjunto de la sociedad colombiana: tres acuerdos parciales en los puntos sobre desarrollo agrario integral, participación política y superación del problema de las drogas ilícitas; un desescalamiento del conflicto reflejado en la reducción del número de acciones de guerra, los seis ceses unilaterales por parte de las Farc, la supresión de la retención de prisioneros por razones económicas de la insurgencia, el desminado de las zonas rurales donde hace presencia la población civil; el informe de la comisión histórica del conflicto para esclarecer las causas y el papel de los actores en su desarrollo, la conformación de la subcomisión de género y la subcomisión técnica para el tercer punto sobre el fin del conflicto; el acuerdo para la conformación de una comisión de la verdad que determine las responsabilidades y, por último, la discusión en curso sobre la reparación de las víctimas.
Cada uno de estos hechos merecen una pedagogía para su socialización, una labor hasta ahora entorpecida por actores como a) los grupos de poder relacionados con el latifundio, el mercado de la guerra y el narcotráfico b) los medios de comunicación que legitiman el estado de excepción permanente bajo la amenaza del terrorismo y c) el gobierno en su afán por evitar cualquier cambio sustancial que afecte los intereses del bloque de poder que representa. Si se alcanza un acuerdo general sobre la agenda, esta requiere de la voluntad social del resto de actores para superar este escollo y lograr que se materialicen las propuestas que sirvan como bisagra entre el estado actual de contienda armada y la resolución por otras vías políticas de la conflictividad social, a lo que podemos llamar la paz.
Uno de los puntos que genera más revuelo al contemplarse la firma del acuerdo es el mecanismo de refrendación. Alrededor de este tema se encuentran en juego varios factores. El primero de ellos es la legitimidad, sin esta, la implementación de los acuerdos enfrentaría una oposición generalizada. Por esta razón, el Gobierno se ve en la obligación de suprimir la idea de tramitar, a través del poder legislativo, las propuestas sin la consulta o la participación del pueblo como sujeto de la soberanía. Sobre este aspecto la propuesta del gobierno busca conocer la opinión de la sociedad de manera limitada o restringida, a través de la consulta popular o el referendo. El segundo aspecto refiere al mantenimiento o no del orden constituido en el diseño de las reformas legales, sobre lo cual el gobierno ha presentado recientemente su propuesta de conformar una comisión legislativa especial o "congresito", conformada por miembros de los distintos partidos de la rama legislativa, incluida la oposición, junto a un número de representantes de los grupos insurgentes. En tercer lugar, y en relación con las variables expuestas, se presenta la discusión sobre la participación del resto de actores sociales interesados en la refrendación e inclusión de otros temas relacionados con la paz.
Quienes defendemos la idoneidad de la Asamblea Constituyente como mecanismo para la refrendación de la paz, lo que no se limita a los acuerdos de La Habana, lo hacemos por distintas razones: 1) incluye el criterio político de la legitimidad mediante la participación del conjunto de la sociedad en la elección de sus delegados, 2) la variedad y profundidad de los temas que se desprenden del acuerdo desencadena un complejo diseño constitucional que no puede ser expresado adecuadamente mediante el referendo o la consulta popular, 3) puede estar conformada por representantes del poder constituido en relación a los partidos políticos, la insurgencia y otros sectores sociales elegidos democráticamente en representación del constituyente primario y 4) salvaguardando el bloque de derechos de la constitución de 1991 que permite incluir la discusión de asuntos propuestos adicionales al acuerdo que se requieran para hacer viable el logro de la paz. Si bien la propuesta del congresito esta en ciernes, podemos afirmar tomando las declaraciones del Gobierno que, dicha propuesta, busca reducir su conformación a una participación mayoritaria del poder constituido con una legitimidad en crisis, sin la participación de la ciudadanía y una agenda acotada que puede entrar en contradicción con la agenda legislativa del Congreso que seguiría en funcionamiento.
Desde esta perspectiva quiero plantear qué relación existe entre la problemática de la educación superior y la consecución de la paz, tomando como referencia la problemática de la financiación. Adicionalmente, expondré algunas cuestiones por las que la Asamblea Constituyente facilita su reforma integral.
En Colombia, la ausencia de oportunidades en el acceso y permanencia a la educación superior condena a los jóvenes al desempleo, el trabajo precario o al conflicto con su ingreso a las fuerzas militares. De 4.354.649 jóvenes entre los 17 y 21 años, el 54,5 % no ingresa a la educación superior. La deserción en el nivel universitario para el año 2013 fue del 44,9 % y para el nivel técnico y tecnológico del 62,4 % y 53,8 %. La mayoría de jóvenes que no ingresan a la educación son de los estratos más bajos. Como lo anota el profesor Múnera, entre las personas con más recursos económicos, en una franja de edad entre los 17 y 21 años, 90 de cada 100 estudian en la educación superior, mientras que entre los jóvenes más pobres de la misma franja solo 9 de cada 100.
Por su parte, entre el año 2008 y 2012, ingresaron al ejercito 466.377 personas, de las cuales el 81 % son de estratos 1 y 2, mientras que a la educación superior ingresaron 416.651. Según la propuesta de financiación del profesor Andrés Felipe Mora, para alcanzar la cobertura universal con gratuidad en educación superior, para el año 2029, en un escenario donde cada joven escoja la modalidad a la que desea ingresar (a diferencia de la propuesta presentada por el Gobierno donde el 65 % de los estudiantes matriculados se verían obligados a ingresar a instituciones de educación técnica y tecnológica de baja calidad), el costo por estudiante oscila entre los 6.000.000 y 7.500.000 pesos por semestre, mientras que un soldado le cuesta a la nación más de 8.000.000 de pesos (2.000.000 por mes).
En un estado de post acuerdo, la reducción del pie de fuerza es una medida de primer orden conforme a una sociedad donde se ha superado el conflicto armado interno, invirtiendo los recursos del presupuesto general de la Nación, destinados en esta materia en otros gastos sociales como la educación. Resulta paradójica la insistencia del gobierno de Juan Manuel Santos por mantener el número de hombres en armas, mientras sigue el aumento desproporcional del pasivo pensional en las instituciones armadas. Muestra de ello es el aumento del gasto en defensa en la propuesta del presupuesto General de la Nación para el año 2016, pasando de 29 a 30 billones de pesos, aproximadamente, mientras el presupuesto para la educación superior se mantiene relativamente constante.
Con la dinámica de movilización impulsada por la Mane en el año 2011, quedó en evidencia la necesidad de adelantar una reforma integral al sistema de la educación superior; una reforma que le otorgue a la educación el reconocimiento como derecho fundamental, y bien común, que contemple la reorganización del sistema, la democratización en el gobierno universitario y, por supuesto, un nuevo esquema de financiación para las universidades públicas. Como lo demuestra el informe presentado por el SUE en el año 2012, el esquema de financiación contemplado en la Ley 30 no cubre la totalidad de los gastos crecientes del sistema, generando un déficit acumulado que hoy sobrepasa los 16 billones de pesos. Existen varias propuestas sobre este tema, que representan un aumento presupuestal al 1 o 2 % del PIB, privilegiando la educación pública como eje del sistema, en el caso del esquema propuesto por la ley alternativa de la MANE. Este planteamiento entra en conflicto con el principio constitucional de la sostenibilidad fiscal y el criterio de la regla fiscal, que definen como prioridad el pago de la deuda para el gasto estatal, si tenemos en cuenta el ciclo económico que vive Colombia. La educación superior requiere un viraje en el modelo con cambios del orden constitucional, en la dirección contraria a la política del Gobierno actual, con el concurso del conjunto de actores relacionados con la educación. De allí se desprende la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
Depende del movimiento estudiantil y de los sectores comprometidos con la defensa de la educación hacer posible el desarrollo del escenario constituyente para la reforma educativa que siente las bases de una sociedad en paz.
