La Constitución de la República de Colombia en su artículo 332 del capítulo 1 declara que “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Que se podría entender como que el Estado es dueño del subsuelo y sus recursos, es el legítimo transferidor de su propiedad y esta transferencia confiere al beneficiario el cobijo de la ley cuando el Estado, en ejercicio de su soberanía, le da permiso de usar y gozar del suelo y los recursos como se usa y goza cualquier otro bien. Menudo poder económico tiene entonces un dueño, pero ¿quién es ese dueño?, ¿quién es el Estado?
Teóricamente hay Estado cuando convergen tres elementos fundamentales, el humano, el físico y el formal. El Estado está entonces formado por una población que ocupa un territorio y está dotada de un poder de mando que la gobierna. En Colombia, hablamos de tener un régimen político democrático, en el cual el poder está en el pueblo. El pueblo es el poder y debe apropiarse y ejercer su rol en el Estado.
Si el poder del Estado reside en el pueblo, y este poder rige al Estado y no al revés, no solo es necesaria sino también alabable y de exhortar la legitima controversia generada entre la población y el Estado por los proyectos de minería a gran escala, promovidos por cuantioso capital extranjero sediento de explotar el territorio.
Alabable es el exitoso precedente que deja Cajamarca en el historial de las acciones de democrática participación que el pueblo puede y debe llevar a cabo para hacer valer el derecho sobre lo que tiene poder y le concierne, el levantarse de la ciudadanía sobre los intereses de pocos, y el reclamar por sus derechos fundamentales en lucha contra una minoría quien, a cambio de acolchadas coimas, es capaz de dejarnos mortalmente enfermos, producto de la contaminación del suelo y el agua, negándonos descaradamente la seguridad en todo aspecto, el desarrollo y riquezas que se extraen de nuestro suelo pero desaparecen en forma de repatriación de capitales.
El rol de las comunidades locales en la sostenibilidad medioambiental y la preservación del territorio debe ser entonces de activa participación, apropiándose de su poder político como ciudadanos en colectivo, y reclamando de las políticas verdadero desarrollo traducido en la seguridad y el bienestar para el pueblo.
