El primer caso por COVID-19 en Nariño se registró en Ipiales el 24 de marzo. Se trataba de un hombre de más de 60 años, quien, estando en Ecuador días antes, había contraído el virus. A fecha de hoy, en Nariño se confirman seis casos: Ipiales (1), Tumaco (1), Pasto (2) y Cumbal (2) y se espera el resultado de 317 casos probables, presentes en 22 municipios del departamento, de los cuales 140 ya se han descartado. Los casos de infección son de tres mujeres adultas y dos hombres adultos y un bebé de seis meses. El virus ha sido importado desde Ecuador, México y España. Estos indicadores obviamente están en constante movimiento.
El virus se ha expandido en Colombia a la velocidad que varios epidemiólogos habían pronosticado días anteriores. A la fecha, en el país se registran 1161 casos, 19 muertes y 55 recuperaciones y estos expertos han recalcado en la importancia del autocuidado (cumplir con la cuarentena, lavarse las manos cada tres horas, limpiar los objetos con los que uno está en contacto, no tocarse la cara, uso del tapabocas y evitar el contacto con personas enfermas con COVID-19 o con sospecha de que pueden estarlo) y en mejorar la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Frente a la realidad que estamos viviendo, la pregunta ya no es la hipotética de otros tiempos si el sistema de salud colombiano ante una eventual crisis sanitaria tendría la capacidad de dar una respuesta pronta, oportuna y eficaz que salvaguarde la vida de seres humanos, sino cuándo va a colapsarse nuestro sistema de salud. Y ese cuándo es qué día será, tal vez de esta semana o cualquiera de las dos próximas semanas. Es inminente que nuestro sistema de salud no está preparado para atender esta pandemia, en parte por la corrupción que ha penetrado cada poro de la sociedad, en parte por la política pública que ha privilegiado a las EPS y las IPS, mas no a la persona. En Colombia no hay, en ningún departamento, una relación de dos camas de Cuidado Intensivo para adulto por cada 10 mil habitantes. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la relación es de 1.7 camas hospitalarias por cada mil personas, uno de los promedios más bajos entre los miembros de este organismo, superando apenas a México, Costa Rica, Indonesia e India.
La situación para Nariño, en este sentido, resulta delicada y se necesita que las autoridades regionales y las nacionales actúen con rapidez para evitar una crisis humanitaria sin precedentes. Las regiones de Sanquianga, Telembí, Pacífico Sur, Abades y la Cordillera serían, en todo caso, de las más afectadas debido a las condiciones sociales de extrema pobreza, la falta de una red vial óptima y la deficiencia del sistema de salud, sin contar los índices de violencia del conflicto armado. Solo por colocar como ejemplo a Tumaco, donde su primer caso de COVID-19 es un bebé de seis meses, en palabras de su alcaldesa María Emilcen Ángulo, los dos hospitales que tiene el municipio parecen simples puestos de salud.
Nariño tiene un población superior a un millón setecientos mil habitantes y para brindarles atención en salud dispone de 132 camas UCI para adulto, 16 camas UCI pediátrico, 49 Camas UCI neonatal, 193 ambulancias básicas y 33 ambulancias medicalizadas. Estas no alcanzan a ser de relación 1.5 por cada mil habitantes del departamento para los adultos. De hecho, las 132 camas UCI para adultos se encuentran sólo en Pasto y en Ipiales. Pasto tiene la mayor cobertura de ellas con 107 camas e Ipiales las 25 restantes. De las 107 camas disponibles, 20 se encuentran en el Hospital Departamental, 18 en el Hospital Civil y 69 están repartidas entre diferentes EPS privadas; por su parte, de las 25 existentes en Ipiales, 17 pertenecen al Hospital Civil y 8 a EPS privadas. El Hospital Departamental de Pasto, ejemplificando lo público, cuenta con veinte camas UCI, cuatro médicos especialistas, 9 médicos hospitalarios y 10 camas UCI neonatos.
Conocedores de esta situación, la gobernación y las alcaldías de los municipios han tomado decisiones para tratar de reducir el impacto de la pandemia en el departamento, como el cierre de frontera y los aeropuertos, la militarización de algunas ciudades y el toque de queda en otras, la pedagogía a la comunidad sobre el autocuidado, la instauración de los pico y placa para que la ciudadanía pueda abastecerse de lo necesario en estos tiempos de cuarentena y la gestión para la dotación de los hospitales. Si bien estas medidas pueden ayudar a mitigar el impacto de la pandemia, no son suficientes. El Estado podría pensar en la intervención de las EPS para privilegiar a las personas, más allá de los dineros privados. Es claro que una vez que la pandemia sea superada en el país, los movimientos sociales tendrán la gran tarea de impulsar la transformación del sistema de salud pública y la derogación de la Ley 100.
