No más guerra. Es de sentido común desear la paz para Colombia y para Nariño. Sin embargo, hoy es preciso manifestar nuestro desacuerdo con las estrategias usadas para alcanzarla. Después de un año de negociación existe preocupación por parte de la sociedad nariñense en general, sobre este proceso. No pedimos suspender el proceso sino más bien, buscamos que éste deje de avanzar haciendo caso omiso a las necesidades de los contextos regionales.
Hablar de paz desde Bogotá o desde La Habana es muy distinto a hacerlo desde las realidades propias de las regiones, especialmente la que se vive actualmente en Nariño. Sentir el conflicto dista profundamente de estudiarlo en los libros escritos sobre violencia en Colombia. Por esta razón, hacemos un llamado muy sentido de alerta sobre lo que ocurre en el sur.
Es muy claro que la dinámica del conflicto colombiano se ha ido transformando hacia la fragmentación jerárquica por parte de los actores del conflicto. La guerra se concentró y sigue agravándose en las regiones más apartadas del país por razones estratégicas tales como el aprovechamiento de corredores de movilidad, su financiación a través de actividades de narcotráfico y la ocupación de territorios fronterizos como lugares de retaguardia y de provisión. Estas nuevas guerras se caracterizan por comandos descentralizados y con autonomía local. Debido a esto, el suroccidente colombiano ha sido una de las regiones donde se ha concentrado y agudizado el conflicto con mayor intensidad. Nariño y principalmente la costa pacífica, está padeciendo la violación a los derechos humanos que se han mantenido y agravado en los últimos meses. Esto obliga a pensar en el replanteamiento de las estrategias para la consecución de la paz.
La estrategia de terminación del conflicto por parte del gobierno nacional está muy lejos de la lógica de la guerra que vive nuestro país, construyendo la paz sin los actores generadores de conflicto, bloque sur y bloque Alfonso Cano que hace presencia en Nariño y sin la sociedad civil victima en nuestros territorios. Con este panorama, la guerra de Nariño y por tanto sus posibilidades de paz están por fuera del marco del proceso de negociación en La Habana. Es fundamental escuchar la voz de los actores que protagonizan la guerra y la de comunidades que padecen sus horribles efectos. Las regiones del sur del país deben participar de este proceso para que exista legitimidad.
Exigimos entonces la participación en La Habana de guerrilleros de los bloques antes mencionados que tienen incidencia en Nariño y el inicio de acercamientos o de diálogos de paz regionales, así como la búsqueda de una representación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones.
Igualmente, convocamos a la comunidad internacional para que genere la veeduría, seguimiento y establezcan sus buenos oficios para la consecución de la paz en el sur de Colombia. Este proceso no puede ser ciego a la existencia de un país que se extiende mucho más lejos de lo que supone el tradicional centralismo.
De lo contrario y dado un posible acuerdo con las FARC en La Habana, es muy probable que se agudice la violencia en Nariño por el efecto globo, por la consolidación de la paz y seguridad en otros territorios del país. La presencia de actores violentos aumentaría en nuestro territorio debido a su posición estratégica, como frontera y como salida al pacífico para el tráfico ilegal.
