El fantasma de la corrupción recorre los pasadizos, las oficinas, los corredores, las salas de juntas, de los locales donde se ejerce la administración pública. Pero también los restaurantes elegantes, hoteles y moteles donde se finiquitan toda clase de transacciones ilícitas contra el erario. Incluso, las residencias de los gobernantes y funcionarios públicos corruptos sirven de trincheras para urdir toda clase de delitos contra el patrimonio público.
Los últimos destapes conocidos por el escandaloso caso de Odebrecht y el de los exmagistrados de la Corte, Bustos y Ricaurte, hacen que la ciudadanía se sorprenda por la magnitud y alcance de los hechos que involucran a funcionarios, políticos y contratistas privados. Esta nubosidad nacional e internacional desvía las miradas que la ciudadanía debe lanzar a lo que posiblemente se esté haciendo en los territorios a nivel de gobernaciones y alcaldías.
No es raro escuchar en boca de contratistas del nivel departamental del Corazón del Mundo: “este es nuestro cuarto de hora, hay que aprovecharlo”. En el gobierno abierto las puertas están de par en par al servicio de una serie de personajes advenedizos que por lo único que han sido contratados es porque son parientes del primer mandatario o por ser fichas de los politiqueros que lo acompañaron en la campaña y que lo que les interesa es vegetar a costilla de los recursos públicos, en beneficio de sus pequeños intereses personales. No se les exige méritos ni compromiso con los intereses del departamento y sus gentes.
Los resultados están a la vista. De trece proyectos presentados en 2016 al OCAD para recursos de regalías, únicamente le aprobaron uno. Afortunadamente, el gobierno nacional se inventó el mecanismo de rescate de recursos de regalías, para que la mayoría de departamentos, entre ellos el de Nariño, fueran asesorados por funcionarios del Departamento Nacional de Planeación para que les enseñen a los funcionaros regionales cómo debe elaborarse un proyecto para ser beneficiario de los recursos de regalías. Fue así como se aprobaron algunos en el OCAD, realizado en el mes pasado en Quibdó.
La pérdida, robo o hurto de las 14.000 estampillas de seguridad del aguardiente, desde las entrañas mismas de las dependencias de la maquila, demuestra que los protocolos o mecanismos de vigilancia no superan la pericia maligna de quienes cometieron el ilícito y que hay complicidad de quienes manejan la seguridad de esa gestión de tanta responsabilidad. No se sabe aún los resultados de la investigación que adelanta la autoridad judicial, como tampoco se conoce que la administración haya tomado medidas preventivas contra los supuestos implicados.
Igualmente, no se tiene conocimiento acerca del avance de la investigación por el presunto negocio ilegal de 80.000 cajas de aguardiente, que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. En el momento hay escasez de aguardiente, sin que la autoridad se manifieste sobre el por qué de la situación.
En el sector salud, las dos ESE más importantes como son el Hospital San Andrés de Tumaco y el Hospital Departamental Universitario, son víctimas de los intereses politiqueros y de clan, que han establecido, la caverna comandada por los “brujos”, como llamó en su momento, el otrora transparente y comprometido, Navarro Wolf, a los tradicionales dirigentes politiqueros, pero con quienes hizo coalición para apoyar la candidatura de su copartidario Camilo Romero.
En el caso del primero, la intervención se inició el pasado mes de marzo, y esta es la hora en que no se han aclarado los estados financieros de la institución, aun cuando el primer mandatario anda pregonando que en menos de seis meses se ha logrado estabilizar la situación económica y de funcionamiento del mismo.
Sostuve un diálogo con trabajadores de diferentes niveles de la ESE, quienes comentaron que si bien se conoce la deuda del hospital con los proveedores, que asciende a 16 mil millones de pesos, no se conoce el valor de las deudas que los acreedores tienen con el mismo. De saberse esta información, se podría hablar que existe claridad sobre de la situación de los estados financieros.
La presentación del servicio es deprimente, no concurren los mínimos para atender una urgencia que requiera de sutura porque no hay los elementos para hacerla, a las madres gestantes y potenciales parturientas no les pueden realizar exámenes básicos de VIH, Sífilis. Existencia de cantidades mínimas de oxígeno para atender urgencias y cirugías; otro asunto gravísimo es que siendo el edificio de 4 pisos, los ascensores no funcionan hace más de tres meses, de tal manera que los pacientes deben ser ascendidos a las diferentes salas y habitaciones, cargados al hombro, con todos los riesgos de seguridad para la vida, que eso implica. Este hecho se deriva, porque la administración departamental, cambió a la OTIS, reconocida empresa que hace mantenimiento, vende e instala ascensores, por otra que no ha cumplido, pero es de los afectos familiares o económicos del clan que administra al departamento. La familia Corleone, en sus mejores tiempos siempre manipuló al estado gringo a través de intermediarios.
A pesar de existir peticiones para que se dote de los insumos básicos, no han sido atendidos debidamente. Quien necesite un tac, o un RX no es atendido porque los equipos están dañados y la empresa se ha negado a arreglarlos, hasta tanto se les cancele unos saldos pendientes.
El agente interventor, en materia de pagos con los proveedores, tomó la decisión de realizarlos a partir del momento que inició el proceso de intervención o sea desde el mes de marzo del presente año. Están embolatados cerca de 5 mil millones de pesos, que bien podían entrar a solucionar problemas de deudas adquiridas, pero que no es posible hacerlo, porque la administración departamental tomó la decisión de no reintegrarlos al hospital. El comunicador, disfrazado de gobernador, pregona en cuanto evento se encuentre, que en menos de seis meses estabilizó la situación administrativa y financiera del Hospital San Andrés de Tumaco. ¡Falsedad de falsedades! Los entendidos en la materia de política electoral, comentan que el joven mandatario anda engrasando los ejes para beneficiar la candidatura al senado de su cuñada, Esmeralda Hernández, esposa de su hermano menor, y quien hace parte de la nómina de la USAID, junto con el primo de Romero, quienes han tejido una tripa umbilical que les facilite sus aspiraciones electorales y familiares.
Próxima entrega: ¿qué pasa en el Hospital Departamental y en CEDENAR?
