No obstante que en días recientes en la Cámara de representantes se intentó un debate para esclarecer la red del despojo de los dineros de la paz administrados por el denominado OCAD-Paz.
Esta pieza de la macro corrupción en el Estado colombiano, durante el gobierno del señor Iván Duque permanece en la mas completa oscuridad, y existen poderosos intereses empeñados en echar tierra a esta nauseabunda cloaca de la administración pública que significó el más descarado robo de las partidas fiscales apropiadas para la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las Farc en el año del 2016.
Toca seguir con las investigaciones y las pesquisas para establecer exactamente el tamaño del saqueo a la paz, ojalá con el apoyo de la contraloría general de la republica y su nuevo titular, el doctor Carlos Hernán Rodríguez.
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En este punto se debe ser muy riguroso para determinar el papel asignado en esta arquitectura de la corrupción a entidades gubernamentales, la Asociación Regional de Municipios del Caribe; la empresa eléctrica y el departamento del Guaviare, entre otros.
Antes de focalizar el espantoso caso del departamento de Nariño, uno de los mas afectados por la pobreza en el país, señalemos que el OCAD-Paz es un órgano del Sistema General de Regalías, creado por el Decreto 1534 de 2017, crea el OCAD Paz, como órgano colegiado de decisión del Sistema General de Regalías (SGR), encargado de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión, que contribuyen a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la reparación de las víctimas.
Los proyectos aprobados por este Ocad tienen estrecha relación con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los cuales son verificados por el Departamento Nacional de Planeación, DNP de acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
Al mismo tiempo, sus decisiones se adoptan con un mínimo de dos votos favorables por cada nivel de gobierno: nacional, un voto; departamental, un voto; y municipal, un voto.
Digamos por ahora, que, de acuerdo a nuestras investigaciones para el departamento de Nariño, el OCAD Paz aprobó desde el año 2017 hasta el marzo de 2022 un total de 47 proyectos por un valor de $350 mil 200 millones de pesos.
En el año del 2018 se dio la mayor aprobación de proyectos especialmente para transporte en la red vial secundaria y terciaria.
El sector Transporte se posiciono, durante estos años, como el principal receptor de recursos, con un total de 280 mil 897 millones de pesos.
Estas inversiones buscaban mejorar la infraestructura de las redes secundarias, terciarias y urbanas, con el fin de contribuir en la conectividad inter-municipal, departamental y regional del territorio de Nariño.
Un ejemplo clave es la Construcción del tramo vial Espriella – Río Mataje en el municipio de Tumaco por 16.226 millones de pesos.
Para este sector de vías se aprobaron 42 iniciativas, de las cuales el 81,44 % de los recursos se enfocaron en la construcción y mejoramiento de las vías terciarias y secundarias.
El 87,5 % del total de los proyectos aprobados por el OCAD Paz han sido ejecutados por los municipios, con un costo de 192.065 millones de pesos.
De los 67 municipios que comprende el departamento solo el 35,82 % fueron favorecidos con proyectos del OCAD: Ancuya, Colón, Consacá, Cumbitara, El Peñol, El Tambo, La Florida, La Llanada, Los Andes, Magüí Payán, Barbacoas, Linares, San Andrés de Tumaco, El Tablón, Policarpa, Providencia, Puerres, Ricaurte, San Cruz y Tangua; municipios que tiene en promedio un Índice de Incidencia de Conflicto Armado medio alto.
Al analizar el estado de los proyectos viales, se identifica que el 35 % está contratado sin acta de inicio, uno de mejoramiento de red urbana y 13 de la red terciaria; el 58,33 % se encuentra en ejecución donde 13 son para el mejoramiento de la red terciaria y un proyecto de desarrollo rural.
El 4,2 % en proceso de contratación, todos relacionadas con la red terciaria y el 12,5 % sin contratar, dos de red terciaria y uno de generación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas.
Vinculados con los anteriores proyectos se encuentran 11 contratos sin ejecución por 23.640 millones de pesos; ocho en ejecución por 28.583 millones de pesos y 13 suspendidos por 43.410 millones.
Entre ellos, aparece uno por 334 mil millones de pesos para la implementación de infraestructura eléctrica para las comunidades costeras rurales de los municipios de Tumaco, Santa Bárbara, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Francisco Pizarro y El Charco, con lo que se buscaba brindarle el servicio de energía a 287 comunidades y 78 mil habitantes.
También está un proyecto por $10.459 millones para sacar adelante, soluciones energéticas especiales para la población indígena Awá-Unipa, de los resguardos Gran Sábalo, Guyguay, Saude, Tronqueria, Palicito, Planadas, Telembí y Tortugaña Telembí.
Todos estos proyectos fueron entregados a cuestionados contratistas en el departamento de Nariño.
A los contratistas John Jairo Galíndez Santander y Óscar Gómez Burgos, socios en el consorcio para construir unidades sanitarias en Policarpa (Nariño), les entregaron 6.336 millones.
Ambos hicieron parte de un carrusel de contratación por 48 mil millones durante la pandemia.
El Fondo para la Paz entregó tres contratos de proyectos agropecuarios por 42 mil millones de pesos a corporaciones que hasta ese momento solo habían manejado proyectos por menos de mil millones de pesos.
Vamos a seguir profundizando en todo este entramado de corrupción con los dineros de la paz en Nariño para pedir al presidente Gustavo Petro y a las autoridades nacionales su estricta intervención para impedir la impunidad.
