Hay quienes atribuyen la pérdida de valores, la degradación de las costumbres, la corrupción, la violencia y la inseguridad en Medellín al narcotráfico, por considerar que ha degradado el ejercicio de la política, logrando que los cargos públicos sean ocupados por personas mediocres, estrafalarias e irrespetuosas de la constitución y la ley, que gobiernan por ejemplo, con la Constitución derogada de 1886 o que hacen prevalecer el Estado de opinión por encima del Estado de derecho. El caso más patético de este experimento es el de Medellín.
Lo que ha puesto en evidencia el Movimiento Cívico de Medellín y UNIGEEP es deplorable, reprochable, vergonzoso y muy posiblemente, sin antecedentes en el país. Que se le pida a la presidenta del Concejo de Medellín y a 16 concejales más que se declaren impedidos para estudiar, debatir y votar el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018, por medio del cual se solicita una autorización para enajenar unos activos de propiedad de Empresas Públicas de Medellín, por razones éticas, por no desmentir los rumores existentes que indican que hubo mucho dinero de por medio, por el voto afirmativo que le permitió a unos indeseables extranjeros apoderarse de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Telefónica de Pereira, Edatel y otras más pequeñas entidades, todas de propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., debe prender las alarmas de los ciudadanos y de todas las autoridades, pues se trata nada más y nada menos que del segundo concejo municipal del país.
Los cargos que se formulan en el escrito que contiene la solicitud de impedimento son de una gravedad inusitada, y los afectados, unos por acción y otros por omisión, no podrán guardar silencio como lo han hecho hasta ahora, sino que tendrán que declararse impedidos o desvirtuar los señalamientos que se les imputa, puesto que son muy comprometedores, y expuestos de manera sintetizada, pero muy bien argumentados y documentados, en los 18 hechos que contiene la petición de impedimento. Ahora bien, el impedimento no solo debe cobijar a la presidenta, a los 16 concejales, sino también el gerente general de EPM, pues ética y jurídicamente estaría imposibilitado para defender y sustentar en el Concejo de Medellín el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018, por medio del cual se pide autorización para vender unos activos de EPM.
El entramado que han tendido para saquear los recursos de Empresas Públicas de Medellín es muy complejo, por lo que trataré de desenvolver la madeja lo más didácticamente posible: en el ordenamiento jurídico del país no existe la fusión entre una empresa pública y una privada, pero a los ciudadanos les han dicho que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. se fusionó con la empresa de papel Millicom Spain Cable S.L. (la primer absorbente y la segunda absorbida). Cuando opera este fenómeno jurídico, la empresa absorbente no cambia su naturaleza jurídica. Esto quiere decir que UNE seguía siendo un empresa oficial y cien por ciento pública.
Entonces, ¿cómo montó Millicom la estratagema para apoderarse de todo el conglomerado de las telecomunicaciones de propiedad de EPM? Muy sencillo, se inventó una operación accionaria, así consta en el balance financiero de 2016:
En virtud de la compraventa de acciones entre Millicom Spain S.L. y Millicom Spain Cable S.L. y de la fusión de esta última con UNE, las sociedades Millicom Spain S.L., Peak Record S.L., Peak Five S.L. Global Albion S.L. y Global Locronan S.L. (matrices conjuntas) ejercen control directo a partir del 14 de agosto de 2014.
Todas estas empresas de papel fueron constituidas en España el mismo día, excepto Millicom Spain S.L. La transacción accionaria fue entre Millicom Spain S.L. y Millicom Spain Cable S.L. Esta última solo aparece con un capital de 20 mil euros registrados, pero como fue la absorbida, para la fecha de la compraventa de acciones ya no tenía existencia jurídica y de esta manera concluyeron el despojo.
En el informe financiero del 31 de diciembre de 2016, figura la confirmación del despojo:
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., (en adelante “UNE” o la “Empresa”), hace parte del grupo empresarial controlado por Millicom Spain S.L., Peak Record S.L., Peak Five S.L., Global Albion S.L. y Global Locronan S.L., sociedades extranjeras que ejercen control directo sobre la Empresa.
Su creación fue autorizada mediante el Acuerdo Municipal 045 de 2005, del Concejo de Medellín, como una empresa por acciones, bajo la forma jurídica de Empresa de Servicios Públicos Oficial, descentralizada por servicios, del orden municipal, con capital 100% público, mediante la escisión y transferencia en bloque del patrimonio de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante “EPM”), vinculado a la Unidad Estratégica de Negocios U.E.N. Telecomunicaciones. Dicha operación se perfeccionó con la Escritura Pública de escisión 2183 otorgada en la Notaría 26 del Círculo de Medellín el 23 de junio de 2006.
Los concejales de Medellín, contra quienes recae la solicitud de impedimento, tienen conocimiento de estos hechos y han guardado silencio. Lo más grave, lo reprochable, lo inaudito y desmoralizante es que todos los caminos conducen a señalar que el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, ha actuado por acción u omisión, en complicidad con los autores de la estafa más grande que se pueda haber cometido contra Medellín, Antioquia y la nación entera.
