Toca salir de Bogotá. Es un hecho, una invitación, una necesidad y, lo son, en cuanto la centralización del quehacer estatal, la información a mano, la constelación de argumentos polarizados, impiden la reflexión.
Se sabe que lo que se vislumbra en el centro es o puede ser, pálido reflejo de la situación que se vive y se siente en la periferia. Miren ustedes, escuchando argumentos, deseos, pareceres de los pobladores de los municipios y terruños, se llega a la explicación de la impaciencia, la desesperanza y a la casi frustración de nuestros conciudadanos.
En los púlpitos, en las calles, en las cafeterías, las gentes están hastiadas del sesgo, de la impropiedad, de la falta de observación de la realidad y, sobremanera, de la ausencia de respuesta a la situación que empobrece, que deja de ser participativa, que impide la posibilidad de tomarse en serio esa membresía que es la nación de la cual hacemos parte.
Entre feminicidios, abuso a menores y corrupción
se encuentran los llenos los anaqueles de la gran ciudad que,
no dejan de tener resonancia en la provincia; pero allí la cosa es peor
Entre feminicidios, abuso a menores y corrupción se encuentran los llenos los anaqueles de la gran ciudad que, no dejan de tener resonancia en la provincia; pero allí la cosa es peor, no llegan las soluciones, creen que el llamado a participar en las decisiones es cosa perdida, pues lo decidido puede ser y, se cree es, cosa diferente a lo que arroja la mayoría y lo peor, creen y es así, que la corrupción que ahora dice aparecer dejó sin salida al agro, a la inversión y, por supuesto, a la solución de los problemas; que la Presidencia lánguidamente está culminando lo que fue su centro y que, sin implementación, desea que coincida la noticia con la realidad; un error que pasa al horror; que el Congreso está en su peor momento de popularidad, sin discusión, sin análisis pero con grandes prebendas por su no hacer lo que le corresponde, su trabajo, legislar; y la justicia para 48 millones de habitantes es suplantada por una que solo va a resolver la no responsabilidad de los perpetradores y, que sin solución de justa proporción, invierte lo que el acceso a la justica debía ser para todos; esa es la realidad y, no la que producen las noticias o, el querer gubernamental.
Estamos en lo que se denomina
y se puede asimilar
a un ‘estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional’
Estamos en lo que se denomina y se puede asimilar a un ‘estado de cosas que resulta abiertamente inconstitucional’. Veamos; de siempre la Corte Constitucional ha dicho[1], sobre el punto: "(…) [se] debe responder de manera afirmativa (…), por las siguientes razones:
(1) La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines (C.P. art., 113). (…).
(2) (…) Si instar al cumplimiento diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada autoridad contribuye a reducir el número de causas constitucionales, que de otro modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio legítimo a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad de la Constitución y de la efectividad de sus mandatos.
(…) La circunstancia de que el estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule’[2]; y, siguiendo con la Sentencia en cita: ‘Esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación (…), lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional’; el símil es perfecto: los operadores de la función pública están en ajenidad de sus funciones; se ha afectado el derecho fundamental a la democracia participativa; el agro y las actividades legales están en anomia institucional y, la otra violencia, la doméstica, la aislada, así como la corrupción campante; urge que se dé la orden de activación del estado y, por supuesto, ordenar lo que impide la esperanza y, que lleva a que la gente no entienda nada; evitar ese estado de cosas es, por lo menos, pertinente.
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-068 de cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998). M. P. Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-068-98.htm
[2] Cfr.: Corte Constitucional. Sentencia SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
