Este estudio de caso se enfoca en la problemática actual que enfrenta la unión de Myanmar, la cual vivió desde 1989 bajo un régimen militar que ha reprimido sistemáticamente las minorías étnicas y religiosas que habitan el país, en especial los rohingya. A estos, además de la represión armada, se les ha negado el derecho a la ciudadanía y, por lo tanto, a derechos básicos como agua, saneamiento, alimentos, seguridad, entre otros. Incluso, se les ha impuesto medidas restrictivas para: la movilización fuera de las poblaciones étnicas, la unión marital y la reproducción biológica. Se analizará –como política pública— cuál ha sido el resultado de la interacción de los actores implicados. Por ende, se analizará el efecto de la presión internacional ejercida por la Organización de Naciones Unidas al gobierno de la Unión de Myanmar, en especial a su consejera de Estado, para que acoja una serie de recomendaciones dirigidas a garantizar los derechos de los rohingyas.
Desde 2012 debido a los disturbios entre los rohingyas y la mayoría Rajine, los primeros se vieron obligados a abandonar sus hogares e instalarse en campamentos de desplazados. En 2016, enfrentamientos entre rohingyas armados y la policía en el estado de Rajine dieron paso a la represión militar contra toda la comunidad. Unos 123.000 refugiados se enfrentan al desplazamiento forzado por la violencia desde el estado de Rakhine (ACNUR, 2017). También se han presentado violaciones a los derechos humanos tales como: alrededor de 400 homicidios, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y el incendio de alrededor de 1.200 edificios, incluidas escuelas y mezquitas (Amnistía Internacional, 2017).
Con la esperanza de dar solución a los diferentes problemas en Myanmar, en 2011 se diseñó una nueva constitución que era la esperanza de cambios y disminución de la represión. En el año 2016 fue elegido, en elecciones libres y abiertas, el primer presidente civil, Htin Kyaw, quien ubicó a la ganadora del premio nobel de la paz (1991) y reconocida opositora al régimen militar Aung San Suu Kyi, como consejera de Estado, suscitando esperanza al pueblo de Myanmar.
Debido a la presión internacional, las autoridades de Myanmar establecieron comisiones nacionales integradas por altos funcionarios del gobierno, militares y la policía para investigar la situación y hacer recomendaciones desde octubre de 2016. Se estableció una comisión en 2016 denominada comisión Annan, conformada por 3 comisionados internacionales, 2 nacionales y presidida por Kofi Annan. Esta publicó su informe final y recomendaciones el 23 de agosto de 2017. Las recomendaciones resaltan la necesidad de que el Gobierno de Myanmar permita: la asistencia humanitaria plena y sin obstáculos; el acceso a las zonas afectadas, la detención de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, la eliminación de los obstáculos para acceder a la educación, la atención médica y la clausura de campos de refugiado para desplazados internos en el estado de Rakhine.
Adicionalmente, la Organización de Naciones Unidas designó dos comisiones para seguir el caso. El consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó una misión de hallazgo de hechos en marzo de 2017 que se enfoca en violaciones de derechos humanos perpetrados por los militares y las fuerzas de seguridad de Myanmar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo al Consejo de Seguridad en sesión abierta sobre Myanmar el 28 de septiembre de 2017, que el actual estallido de violencia "se ha convertido en la emergencia de refugiados de más rápido crecimiento en el mundo, una pesadilla humanitaria y de derechos humanos", (Roth, 2017).
Se esperaría que la nueva constitución fuera un punto de partida al reconocimiento de los derechos de la población en Myanmar. Además, el gobierno de Myanmar, su presidente y la consejera de Estado, quien además de la responsabilidad moral adquirida en su rol de activista, dirigieran su atención y esfuerzos a resolver la problemática y atendieran las recomendaciones de la comisión Annan, como también se esperaría un mandato claro y rigurosidad en cuanto a las investigaciones de la policía y los militares.
Sin embargo, los resultados no fueron alentadores. La constitución fue criticada por ser más un plan de jubilación de los generales que una carta democrática (The Economist, 2014). La misión de hallazgo de hechos ha alegado que las acciones de Myanmar en el estado de Rakhine parecían ser limpieza étnica El primer reporte de la comisión de investigación establecida por el presidente de Myanmar emitido el 3 de enero de 2017 —basado en una investigación de tres días— afirma que la evidencia era insuficiente para abordar las denuncias y se refirió a "rumores y noticias fabricadas". Las comisiones no fueron diseñadas ni ordenadas para identificar a los autores de la violencia, y nadie ha sido responsabilizado por las atrocidades cometidas en las masacres del año 2016. Las criticas apuntan a que se descuida abordar la crisis inmediata a medida que los relatos de las atrocidades cometidas por los soldados de Myanmar y los budistas locales continúan surgiendo de los campamentos de refugiados en proliferación en Bangladesh (The Guardian, 2017).
Al respecto de lo anterior, el Gobierno de Myanmar se opuso a la iniciación de la misión investigadora y se desvinculó de la resolución que la establecía (HISPANTV, 2017). Después de semanas de indicar que no cooperaría con la misión de investigación, el Gobierno de Myanmar anunció el 30 de junio de 2017 que no otorgaría visas al equipo de investigación de las Naciones Unidas para acceder al país (Radio Free Asia, 2017).
Una limitación clara ha sido la negativa del gobierno de Myanmar de cooperar con los organismos internacionales, lo cual no ha permitido esclarecer la situación de violencia ni tener datos exactos del número de víctimas y sus padecimientos, de tal forma que la entrega de ayuda se obstaculiza. De hecho, el ministro responsable de la repatriación de refugiados declaró “los rohingya pueden haber 'planeado' su éxodo para dar la apariencia de una limpieza étnica” (Melhem, 2017).
De la misma forma, como resultado inesperado, en una conferencia de prensa en Bruselas (2017), la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi –opositora al anterior régimen militar— declaró: "No creemos que la resolución concuerde con lo que está sucediendo realmente en el terreno” (Guardian, 2017) de acuerdo a la desvinculación de su gobierno con la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estableció la misión investigadora. Además, dijo que su gobierno no aceptaría recomendaciones que dividirían aún más a las comunidades en Rakhine". Daw Khin Saw Wai, miembro del Parlamento Rakhine del municipio de Rathedaung se pronunció sobre el éxodo rohingya de forma positiva, él considera que “es imposible vivir juntos en el futuro”, debido a que, según él, “todos los bengalíes aprenden en sus escuelas religiosas a matar y atacar brutalmente" (Beech, 2017).
Finalmente, la población afectada ha perdido su confianza en la comunidad internacional, negándose incluso a recibir la ayuda provisionada. Myanmar requiere acciones internacionales contundentes que obliguen al Estado a proteger a su propia población, a esclarecer los hechos y llevar a juicio a los responsables. Observaciones e investigaciones académicas reportan que en Myanmar se han planeado diferentes mecanismos dirigidos a debilitar a la etnia rohingya y se llega a una conclusión convincente: que un proceso de genocidio contra la población rohingya está en marcha en Myanmar (Green, MacManus, & De La Cour Venning, 2015).
